VIERNES Ť 11 Ť MAYO Ť 2001
Ť Apoyo a la ley Cocopa
Habrá en Chiapas y Edomex actos de resistencia civil
ANGELES MARISCAL SOCORRO CASTAÑEDA CORRESPONSALES
Organizaciones campesinas y civiles de Chiapas y del estado de México informaron ayer que efectuarán acciones de resistencia pacífica en repudio de la Ley de Derechos y Cultura Indígenas aprobada por el Congreso de la Unión.
El dirigente nacional de la Unión General de Organizaciones Campesinas y Populares, Margarito Montes Parra, dijo en Tuxtla Gutiérrez que la lucha emprendida por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) beneficia a las comunidades indígenas integrantes de su agrupación. Sostuvo que su organización reivindica la ley Cocopa y rechaza la Ley de Derechos y Cultura Indígenas avalada por legisladores.
"Vamos a participar en las jornadas de resistencia pacífica contra la ley aprobada que, más que beneficiar, atenta contra las comunidades indígenas de México, tal y como ha expresado el EZLN'', indicó.
Para Montes Parra "las comunidades agrarias no solamente deben ser sujetos del derecho público, sino que deben tener derechos jurídicos y, de esta manera, creemos que hay que continuar la lucha por la recuperación de la tierra comunal en primer lugar".
El líder campesino recordó que su organización, además de pugnar por la propiedad comunal, lucha también por la autonomía de los pueblos indígenas y por la desaparición del racismo que se padece en nuestro país.
Marcha en el Edomex
En el estado de México, el dirigente del Comité Civil Zapatista Genovevo de la O, Abelardo Hernández Millán, anunció que el Consejo Estatal de Pueblos Indígenas organizó para el próximo lunes una marcha que concluirá frente al Palacio Legislativo en Toluca, para exigir a los diputados que emitan su voto contra la iniciativa, "que no sólo violenta la voluntad del pueblo y es inconstitucional, sino que resulta profundamente regresiva al desconocer los derechos de los pueblos indios".
Señaló que enviarán misivas a los diputados mexiquenses para solicitarles que rechacen la ley aprobada por el Congreso de la Unión, además de que organizarán foros de discusión en la sede del Poder Legislativo, en recintos universitarios y en los medios de comunicación.