VIERNES Ť 11 Ť MAYO Ť 2001

Ť En mesa redonda, Corcuera critica al Jefe Ciego

Samuel Ruiz: el sistema tiene en mente el exterminio de etnias

JOSE GALAN

El presidente Vicente Fox debe vetar la ley de derechos indígenas aprobada por el Congreso de la Unión porque de lo contrario se profundizará la crisis en el proceso de paz en Chiapas y persistirá la inmadurez en el proceso político que tiene lugar en el Legislativo, en el marco de la transición mexicana a la democracia.

Participantes en una mesa redonda sobre la iniciativa de derechos indígenas, Santiago Corcuera, de la Universidad Iberoamericana; el diputado federal priísta por Oaxaca Juan Díaz Pimentel; el obispo Samuel Ruiz García, presidente que fue de la desaparecida Comisión Nacional de Intermediación, y Miguel Alvarez, miembro de ésta, coincidieron en subrayar el "carácter urgente con que se debe dar marcha atrás en dicha ley", y criticaron a Diego Fernández de Cevallos -al que Corcuera llamó Jefe Ciego- y a los partidos políticos que la aprobaron.

Corcuera, catedrático e investigador de la Universidad Iberoamericana, consideró que "si de veras el presidente Fox es honesto, debe vetar la ley tal y como quedó", pero advirtió que "no he visto que le eche a esto tantas ganas como al IVA".

Para el académico, la ley como quedó "no responde a la Constitución y no responde a as necesidades de paz en Chiapas. Lo que sucedió no fue un avance", dijo, y recordó a los presentes en el aula Santa Teresa de la Universidad Iberoamericana que "el Jefe Ciego y el Poder Legislativo no se pueden ocultar detrás de sus actos, de la aprobación de la ley, porque ellos están allí y son los protagonistas. Como dijo Magdalena Gómez, no pueden estar sólo mirándose al ombligo sin ver qué es lo que pasa en el país".

Congreso, "órgano de partidos"

Miguel Alvarez, miembro de la desaparecida Comisión Nacional de Intermediación, sostuvo que el gobierno federal y los partidos políticos no han tenido capacidad de ofrecer alternativas de solución al conflicto en Chiapas por la vía legal, por lo que se debe respetar el resultado de siete años de negociaciones.

Alvarez consideró que el Congreso de la Unión quedó atrapado en un órgano de partidos y no se convirtió en un órgano de Estado. "El proceso de paz entró en una crisis más complicada que en diciembre pasado", dijo, y advirtió que "si la paz no puede avanzar por inmadurez del proceso político, quedará atrapada en las discusiones de ese mismo proceso".

Para el diputado federal priísta Juan Díaz Pimentel, la decisión del Congreso de imponer reformas a la ley indígena "no fue un avance. Tal como está la ley, estamos peor que antes, porque fue privada de los elementos necesarios para su éxito".

"La ley no era lo que esperábamos", reconoció el legislador federal priísta por Oaxaca. "Tiene grandes omisiones que no van a ayudar a resolver los problemas. Se tomó una decisión al vapor cuando pudiéramos haber esperado dos o tres meses, lanzar un periodo extraordinario y luego de una consulta con pueblos indígenas, sociedad civil, autoridades y legisladores; una consulta verdadera, no simulada, y entonces proceder a realizar los ajustes necesarios."

Para el legislador, sus colegas tienen que demostrar a todos los grupos armados del país "que están equivocados. Es un problema que atañe a todos. No se trata de vencedores o vencidos".

El obispo Samuel Ruiz García, ex presidente de la Conai, expresó que el debate sobre la aprobación de la nueva ley "no deja fuera a la Iglesia católica y a otras confesiones cristianas. Como Iglesia católica -dijo-, tenemos cuentas pendientes con los indígenas", y para demostrarlo hizo un recuento de las relaciones que esa institución religiosa ha mantenido a lo largo de la historia con las etnias del país, con fray Bartolomé de las Casas como eje.

Añadió que tras el Concilio Vaticano segundo, y gracias a la actuación de los obispos africanos, la Iglesia católica tomó conciencia y valor real de la situación de los pueblos originales y de la toma de conciencia de los indígenas como sujetos de su propia historia, de sus derechos colectivos, y de la necesidad de contar con iglesias autóctonas.

"La opción por los pobres plantea que la Iglesia sea de ellos, no para ellos", añadió. "El amor al pobre tiene que revisarse periódicamente al interior de la Iglesia. Porque debemos recordar que los dueños de la historia no permitirán que ningún pueblo piense en la transformación y el cambio de los papeles que tradicionalmente se les han adjudicado."

Por ello, hizo referencia a quienes ahora se les llama excluidos, "quienes no tienen cabida bajo la sombra del paraguas del mercado. El sistema tiene en mente el exterminio indígena. Por eso, cuando se habla de la opción por los pobres, el sistema tiembla, aunque sean legisladores".

Y antes de introducir visiones del exterior a un mundo que muchas veces no entendemos, "tenemos que ver que los indígenas quieren ser apoyados. Y aquí se impone una visión comunitaria en contra de una visión individualista".