Ť Primera querella global a dictaduras del Cono Sur
Abogados contra Operación Cóndor denuncian obstrucción a su trabajo
STELLA CALLONI CORRESPONSAL/II Y ULTIMA
Buenos Aires, 7 de mayo. Los abogados de la primera querella "global" contra la Operación Cóndor solicitaron este fin de semana informes y remisión de expedientes de otras causas que se tramitan en Buenos Aires y que consideran están conectadas al caso de la alianza criminal de las dictaduras sudamericanas en las décadas del 70 y 80.
Los abogados advierten además sobre una virtual obstrucción a su labor, ante la falta "puntual de respuestas" por parte de la Dirección Nacional del Banco de Datos Genéticos. Uno de estas obstrucciones está referida a la petición de los querellantes enviada el 27 de junio de 2000 y luego ampliada, en relación al cruce de datos relacionados con menores robados. Y otra con respecto al cruce de datos genéticos de Sara Méndez, uruguaya secuestrada en Argentina y entregada a los militares de su país en la Operación Cóndor, y cuyo niño Simón Riquelo fue sustraído por secuestradores argentinos y uruguayos.
Los datos genéticos de Méndez deben ser confrontados con los de "otras personas nacidas durante 1976, presuntamente hijos de personas desaparecidas", según un oficio del equipo de abogados que encabeza Alberto Pedroncini. "Es absolutamente intolerable que un organismo del Estado niegue, de hecho, a una investigación penal, el aporte de los insustituibles datos de precisión científica que obran en sus registros", sostienen.
La querella fue presentada el 8 de noviembre de 1999 por cinco desapariciones relacionadas con la gestación y ejecución de la llamada Operación Cóndor, calificada como una "asociación ilícita entre los imputados de rango político o militar superior, para cometer delitos de secuestro agravado de tormentos, homicidios y desaparición en el territorio de los países involucrados y mediante el uso criminal de los aparatos del estado represivo".
Se habla asimismo de esa operación como una "conspiración contra el derecho de autodeterminación de los pueblos de cada uno de los Estados integrantes" y un plan con el objetivo de desmantelar las estructuras productivas de estos países, obligándolos a un endeudamiento externo que se paga "con la exclusión social y nuevas formas de desaparición en el mundo del trabajo la salud y la cultura".
Por su parte, el abogado Martín Almada, quien descubrió los llamados Archivos del horror de la dictadura paraguaya en diciembre de 1992, los cuales sacaron a la luz el entramado siniestro del Cóndor, dio nuevos nombres de implicados en esa coordinadora represiva, además de los más conocidos responsables, como los de Augusto Pinochet y Manuel Contreras, de Chile; Alfredo Stroessner y Benito Gunaes Serrano, de Paraguay; Jorge Rafael Videla y Guillermo Suáres Masson, de Argentina; Julio Vapora y José Gavazzo, de Uruguay; o el ex dictador boliviano Hugo Bánzer, hoy presidente de su país por la vía de las urnas.
Almada señaló a La Jornada que la llamada "Reunión de Inteligencia" realizada en la capital de Chile en diciembre de 1975, y que se cita como la primera de Cóndor, fue en realidad la formalización de un convenio de cooperación cuando ya este plan "estaba en pleno funcionamiento".
Añadió que el documento de uno de esos acuerdos está firmado por Luis Gutiérrez, en realidad el seudónimo del coronel Mario Jahn Barrera de la DINA chilena, a quien calificó de "embajador viajero del Cóndor en el Cono Sur". Barrera dirige actualmente el Museo Nacional de Aeronáutica y del Espacio en Santiago.
También se añade el nombre del general Rolando González Acevedo, tercero en el mando hasta diciembre de 1973, cuando fue enviado como diplomático a Asunción, y el de sus sucesores el coronel Alberto Podestá Gómez, y el coronel César Márquez Bravo.
Algunos de estos personajes, así como miembros de la embajada paraguaya en Santiago, asistieron a la reunión bilateral de 1975. "Si bien se le reconoce al general Augusto Pinochet y al jefe de la DINA, Manuel Conterras, la responsabilidad penal de la operatividad del Cóndor, durante su dictadura (en Paraguay, 1954-1989), el general Alfredo Stroessner fue un elemento aglutinador de la idea de esa Guerra de Baja Intensidad", dijo Almada. Y asimismo fue un activo "contacto" entre los gobernantes militares de entonces.
El abogado, quien traza un registro de algunas de las muchas citas de Stroessner --actualmente asilado en Brasil-- en esos tiempos con sus "amigos", como Bánzer, Pinochet, Videla o los brasileños Ernesto Geisel y Joao Baptista Figuereido, exige que el ex dictador paraguayo sea detenido y que se investigue los nombres de todos los agregados militares que estaban en los países del Cóndor cuando funcionó el plan.
Para Almada, Estados Unidos, la Interpol deben abrir además toda su información sobre el Cóndor, así como varios países europeos los suyos para aclarar el papel de grupos fascistas del Viejo Continente en los crímenes de las dictaduras militares sudamericanas.