martes Ť 8 Ť mayo Ť 2001

Alberto Aziz Nassif

Del automóvil al burro

En estas semanas se ha definido de forma más o menos clara el escenario de gobernabilidad que puede tener el país en los próximos años; con las cartas que han mostrado el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo tenemos un esquema de gobierno dividido, con autonomía entre los poderes, pero con fuertes contradicciones en los proyectos de país y con diferencias radicales sobre el cambio y la consolidación democrática. Algunos teóricos de la ciencia política han explicado que la combinación entre un régimen presidencial, un gobierno dividido (Ejecutivo sin mayoría) y un sistema multipartidista es, por decirlo de forma suave, un problema importante. Nadie dijo que la transición mexicana a la democracia sería fácil, pero quizá tampoco imaginamos que sería, en el mejor de los casos, de plazos mucho más largos.

Hace algunas semanas expusimos en este espacio que la coalición gobernante entre la Presidencia y su partido tenía dificultades para operar de forma consensada; ahora, después de lo que pasó con la ley sobre derechos y cultura indígenas, se puede afinar la hipótesis para sugerir que en realidad estamos ante una coalición legislativa de carácter conservador, que está soportada por una alianza entre el PRI y el PAN; alianza tal vez menos coyuntural de lo que vemos hoy. Además, esta coalición está en abierta contraposición al Poder Ejecutivo y a los proyectos democratizadores de Vicente Fox. El temor de que el Presidente tuviera a tres partidos de oposición en el Congreso se ha decantado y hoy es una realidad.

En un gobierno dividido la regla es que el Ejecutivo puede proponer cambios legislativos, pero quien decide es el Legislativo; sin embargo, más allá del plano formal se puede determinar con el ejemplo de la ley indígena, que el Ejecutivo propuso y el Congreso cambió, modificó, suprimió, transformó para tener un resultado radicalmente distinto: perdió el cambio que estaba en las negociaciones de San Andrés y ganó el miedo defensivo de un sistema conservador de reglas y privilegios. Los actores de esta operación fueron la vieja clase política priísta, hoy de salida y en la oposición, en combinación con la emergente clase política panista, que tiene muchas dificultades para reconocerse como partido gobernante y que se siente lejana y excluida por el foxismo. Ambos son defensores de intereses conservadores y opuestos al cambio democrático que representaba la iniciativa de la Cocopa sobre derechos indígenas y autonomía. La parte más progresista de los proyectos gubernamentales hasta hoy, la iniciativa indígena y la posibilidad de negociar la paz con los zapatistas, ha tenido un lamentable tropiezo. Los impulsos del cambio democrático se han visto frenados por esa coalición legislativa conservadora que tiene mayoría en las Cámaras. En el corto plazo, los próximos años, las consecuencias son muy negativas porque de nuevo se pierde la oportunidad estratégica de la negociación y la paz; queda un panorama completamente incierto.

Con esta experiencia se asientan los límites y las escasas posibilidades que tiene el país y la incipiente democracia mexicana de poder entrar en una fase de consolidación. Los cambios y las reformas institucionales seguirán el largo y tortuoso camino de un paso adelante y otro para atrás, igual al que han tenido otro cambios democráticos. Si recordamos el largo proceso de reformas electorales, que tardó 20 años para que México tuviera una institución autónoma y ciudadana como el IFE, podremos entender que la autonomía indígena, si bien le va, quizá tardará otros 20 años. Esto quiere decir que la alternancia en la Presidencia no generó al mismo tiempo condiciones para consolidar los cambios necesarios, como por ejemplo la agenda que resultó de las mesas para la reforma del Estado (trabajo que realizaron más de 150 especialistas entre septiembre y noviembre de 2000). Las perspectivas optimistas que hablaban de una transición de terciopelo se han venido borrando; ahora hay que bajarse del automóvil imaginario de los cambios y subirse al burro de nuestra realidad, es decir, ese mundo donde no existe un acuerdo entre las fuerzas políticas, los partidos están en crisis, los intereses se polarizan y cada parte cobra sus migajas.

La otra reforma, la fiscal, se pospuso para mejores tiempos. El gobierno de Fox necesita sensibilidad para entender el rechazo social amplio que significa gravar alimentos y medicinas, y en consecuencia, modificar sus supuestos. Después de la ley indígena y la postergación de la fiscal, tenemos una Presidencia que conserva todavía niveles altos de aceptación, pero a la baja. El foxismo necesita redefinir su proyecto de cambio y acercarse a sus aliados con los que ganó el 2 de julio, los cuales están en la sociedad, no en el Congreso.