MARTES Ť 8 Ť MAYO Ť 2001
Ť El Presidente enviará al Congreso una propuesta que, dice, no toca a los medios
Llegó la hora de reglamentar información: Corral
Ť Sería tanto como establecer la dictadura del pensamiento, advierte Burgoa Orihuela
KARINA AVILES
La propuesta de una ley de acceso a la información "no toca a los medios de comunicación" y beneficia "sin duda" al presidente Fox porque "pone bajo vitrina el actuar gubernamental", expresó el presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado, Javier Corral.
Advirtió que será el Congreso el que determine las dimensiones de la iniciativa de ley de transparencia para la información pública, que en fecha próxima le enviará Vicente Fox: "El Ejecutivo propondrá el piso y nosotros (los legisladores) vamos a decidir el techo", dijo.
El panista afirmó que la "hora de la reglamentación" del derecho a la información "ha llegado", si "somos capaces de entender" el sentido de la elección del 2 de julio y "queremos conducir esa voluntad de cambio hacia una transición democrática y no sólo a una alternancia del poder con cierto reacomodo de fuerzas y algunos ajustes mejores".
Existen condiciones para lograr una ley en la materia, en el PAN hay disposición de impulsar el tema y "creo que en el PRD también", consideró. En cuanto a la iniciativa sobre transparencia informativa que impulsará la Presidencia apuntó que los legisladores serán quienes determinarán hasta dónde llegar y qué instancias y poderes debe abarcar esa normatividad.
Al señalar que propondrá al Congreso un "paquete desagregado" de temas relativos al derecho a la información: ley de acceso, otra de transparencia publicitaria y una más que "reconvierta" los medios gubernamentales en "auténticos" medios de comunicación de la sociedad, dijo que debe revertirse la tendencia de que la información reservada es la pública y la generalizada es la confidencial.
Durante la clausura del foro Nuestro derecho a saber de las cosas públicas y el acceso a la información gubernamental, organizado por la Facultad de Derecho y en el que por lo menos 15 de lo ponentes -entre académicos, legisladores y comunicadores- se manifestaron a favor de una ley de acceso a la información pública, explicó que la reglamentación que impulsa "no toca a los medios de comunicación", porque se refiere a la obligación del Estado de garantizar la información que en sus manos debe ser pública y no privada o confidencial. Además, beneficiaría al Presidente y al país porque es un instrumento no sólo contra la corrupción, sino que "propicia también la transparencia".
Manifestó que dicha ley de acceso debe abarcar todos los poderes, incluso entidades privadas que manejan información de interés público. Planteó que debe existir un órgano autónomo, independiente del gobierno y, sobre todo, de carácter ciudadano, que actúe "como procurador y también como defensor de derechos de información frente al Estado".
Consideró que debe haber límites "muy claros" a la información pública, porque en cualquier legislación de este tipo existen excepciones, como por ejemplo las referidas a la seguridad nacional. "También estoy de acuerdo en que debe haber cierta reserva de carácter financiero, pero esa excepción debe ser muy bien definida para que la información que maneja la empresa privada en su relación con el gobierno pueda ser conocida", añadió.
Expresó su rechazo a que los medios del Estado se abran al capital privado: "estaría en contra de cualquier idea que buscara deshacerse de alguno de ellos, privatizándolos o entrando a un régimen mixto. Lo que hay que abrir son las fuentes de financiamiento, no el régimen de propiedad de los medios públicos". Debe crearse un sistema nacional de medios públicos "que los reconvierta en autonomía, independencia política y editorial".
Por su parte, el maestro emérito Ignacio Burgoa Orihuela se manifestó en contra de reglamentar el derecho a la información, porque se podría incurrir en "graves violaciones a la libertad de expresión" y sería tanto como "establecer la dictadura de pensamiento por parte del Estado".