MARTES Ť 8 Ť MAYO Ť 2001

Ť Los legisladores, "ciegos y sordos" a la movilización social convocada por el EZLN

Intelectuales critican la reforma indígena

Ť Flores Olea y Luis Villoro presentan el documento colectivo Paz con democracia

MATILDE PEREZ U.

México no está de acuerdo con las reformas votadas por los senadores y diputados en materia indígena; los partidos políticos -que hasta ahora no han dado atención prioritaria ni efectiva a las reivindicaciones de los pueblos indios- se volvieron a equivocar, destacó un grupo de intelectuales en la reunión que sostuvo el Congreso Nacional Indígena (CNI) con diversas organizaciones sociales.

Preocupados por las nuevas tensiones políticas y sociales en Chiapas, luego de la aprobación de la Ley sobre Derechos y Cultura Indígenas, el grupo calificó de "ciegos y sordos" a los legisladores que "entregaron un dictamen que no responde ni de lejos a las expectativas de los pueblos indios. No vieron ni escucharon el mensaje y fueron insensibles a la gran movilización encabezada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el CNI para que se aprobara la iniciativa de ley de la Cocopa, que recogía los acuerdos de San Andrés".

Víctor Flores Olea y Luis Villoro dieron a conocer el documento Paz con democracia, que firmaron más de una docena de abogados, escritores, académicos y defensores de los derechos humanos. "La ignorancia, la insensibilidad, la inconsistencia, los prejuicios racistas y discriminatorios" de los legisladores terminaron con las expectativas que habían levantado el EZLN y el CNI y con el momento político que parecía propicio para que se alcanzara una reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígenas, que fuera verdaderamente reivindicatoria."

Por tercera ocasión -destacó el grupo de intelectuales- los acuerdos de San Andrés plasmados en la iniciativa de ley de la Cocopa fueron "manipulados y escamo-teados por el gobierno federal". Cuestiones fundamentales como considerar a los pueblos indios sujetos de derecho público, autonomía y libre determinación, tierras y territorios, uso y disfrute de los recursos naturales y derecho de asociación regional fueron "desconocidos y menoscabados" por los legisladores.

Frente a la distorsión y regresión de esos puntos tan sustantivos, no son aceptables los pretendidos argumentos de que "ahora sí se está haciendo valer la soberanía e independencia del Poder Legislativo, en el que, por cierto, no existe una representación indígena mínimamente razonable y satisfactoria", expuso el grupo.

Miguel Alvarez, José del Val, Miguel Concha Malo, Pablo González Casanova, Luis González Souza, Rafael Reygadas, Magdalena Gómez, Dolores González, Luz Rosales, Adelfo Regino y Oscar González puntualizaron -a través del documento- que los pueblos indios no demandan medidas de asistencia social sino reconocimiento del ser público; no quieren mendrugos sino el reconocimiento histórico cabal de millones de mexicanos que hasta ahora han sido marginados, explotados, olvidados.

El grupo consideró que si el Ejecutivo tuviera voluntad de congruencia habría que esperar el ejercicio del veto ante una reforma que ignora aspectos medulares de la iniciativa presidencial en materia de derechos y cultura indígenas. "Veto que ya se ejerció ante una Ley de Desarrollo Rural de menor jerarquía e importancia política", recuerda.

Afirmó ante el CNI que está dispuesto a sumarse a las plurales, múltiples y diversas organizaciones de la sociedad civil y a las diversas corrientes democráticas de los partidos políticos que trabajan para avanzar en las causas de la justicia y la dignidad, la paz y la democracia para todos.

Pidió a las organizaciones sociales y civiles del país que, tomando en cuenta los acuerdos de San Andrés, la iniciativa de la Cocopa y el convenio 169 de la OIT, discutan y hagan valer sus posiciones con respecto a la ley indígena aprobada en el Congreso de la Unión frente a los congresos estatales, ahora que los temas indígenas tendrán una alta prioridad en las agendas políticas de los estados.

Aseguró que hay nuevas vías para la negociación económica y política a favor de los intereses legales y legítimos de los pueblos indios del país.