Ť Legisladores de Bolivia, Uruguay, Paraguay y Chile forman comisión investigadora

Mercosur de justicia y verdad contra los crímenes de las dictaduras en Sudamérica

STELLA CALLONI CORRESPONSAL/I

Buenos Aires, 6 de mayo. Al tiempo que aquí se daba un paso firme en el primer juicio que se tramita directamente contra el Plan Cóndor, con la solicitud de la detención de ex dictador paraguayo Alfredo Stroessner y del ex jefe de la policía política pinochetista, Manuel Contreras, legisladores argentinos y brasileños anunciaron el 27 de abril pasado la creación de una comisión legislativa regional para investigar los crímenes de esa alianza de las dictaduras que gobernaron el Cono Sur en las décadas de 70 y 80.

Bautizada como el "Mercosur de la verdad y la justicia", en esta comisión participarán además legisladores de Bolivia, Uruguay, Paraguay y Chile, explicó el diputado argentino Alfredo Bravo. Este anuncio coincidió con la presencia en Argentina de diputados de Brasil, que investigan la muerte del ex presidente brasileño Joao Goulart, el 6 de diciembre de 1976, cuando estaba asilado aquí.

Hubo "marcado interés de las dictaduras de Argentina y Brasil para que se cerrara el caso rápidamente", dijo el diputado brasileño Luis Heinze, quien recordó además las denuncias de que Goulart podría haber sido asesinado con el uso del gas sarín, fabricado por la DINA (policía política pinochetista) en Chile.

El gas sarín estuvo ya involucrado en otra muerte del Cóndor, la del ex canciller de Chile Orlando Letelier en Washington en septiembre de 1976. Los encargados de armar el atentado --el estadunidense Michael Townley, ex agente de la CIA, y el militar chileno Armando Fernández Lario-- habrían llevado ese gas en un frasco de perfume Chanel, para utilizarlo en ese caso. Al no poder utilizarlo, decidieron asesinar a Letelier con una bomba colocada bajo su automóvil, con la colaboración de cubanos anticastristas.

Uno de esos cubanos, Guillermo Novo Sampol, está hoy detenido en Panamá, después de que el presidente Fidel Castro denunció la preparación de un atentado en su contra durante la pasada Cumbre de Presidentes de Iberoamérica, en la capital panameña.

El gas sarín provoca una muerte similar a la de un fulminante ataque cardíaco, presunta causa de la muerte de Goulart. Las sospechas nacen debido a que las autoridades militares argentinas impidieron la autopsia de Goulart, depuesto por un golpe militar en Brasil en 1964.

Dentro de la oscura historia de la Operación Cóndor surgen otras nuevas evidencias, después que equipos argentinos identificaron estos días otros tres cadáveres de uruguayos sepultados como desconocidos en cementerios de Argentina, al parecer tras pasar por centros clandestinos de detención. El mayor símbolo de la Operación Cóndor en Argentina estaba en Automotores Orletti, el centro clandestino que funcionó donde antes había un gran taller mecánico, y donde se ha escrito una de las historias más perversas de aquellos años.

Precisamente por Orletti pasó la uruguaya Sara Méndez, luego trasladada a Uruguay dentro del marco del Cóndor, y cuyo bebé le fue arrebatado entonces. Sara continúa buscando a Simón, 25 años después.

Pero en Uruguay fue recién hasta agosto de 2000 que se creó la Comisión de Paz para investigar el destino de unos 170 desaparecidos en ese país y también en Argentina --donde se registra la mayor cantidad de casos-- y en Chile

Pero hasta el momento no han habido pasos concretos para aclarar, por ejemplo, el caso de la maestra Elena Quinteros, que fue sacada de los jardines de la embajada de Venezuela en Montevideo, donde se refugió tras escapar de sus secuestradores.

La PIT-CNT, la principal central obrera de Uruguay, considera una burla la falta de acción del gobierno del presidente Jorge Batlle, al no cumplir las órdenes de los tribunales uruguayos que le solicitaron investigar las circunstancias y el paradero de Quinteros. "Nuestro sistema de justicia debe cumplir el papel que le corresponde en una sociedad democrática. Para ello deberá tomar en cuenta el dictamen de la Corte Interamericana, los avances de la jurisprudencia que se han operado en el mundo", señala el documento de la central obrera.

"Este pacto de silencio de la mafia del Cóndor, que cuenta con la complicidad del Estado, será roto con las voces que surgen de los tribunales de justicia, de las campañas de denuncia", añade el documento, el cual recuerda que Uruguay ha firmado acuerdos internacionales "que tipifican como delitos de lesa humanidad a la tortura, el asesinato, la desaparición forzosa de personas y la usurpación de identidad de niños nacidos en cautiverio, y por lo tanto son delitos permanentes, que no prescriben".