LUNES Ť 7 Ť MAYO Ť 2001

Ť Abre 23 líneas de investigación por operaciones en un gran número de dependencias

Indaga el gobierno irregularidades cometidas en la gestión de Zedillo

Ť Gobernación, Turismo, Agricultura, Pemex y PFP, entre las secretarías y entidades con anomalías Ť ''Corruptelas'' en recursos para Chiapas, sobre todo los destinados a la ayuda por desastres

JUAN MANUEL VENEGAS

El gobierno federal abrió 23 líneas de investigación por actos de corrupción que se registraron ''en un gran número'' de operaciones de diversas dependencias y entidades de la administración pública federal. Estas anomalías se detectaron en el último tramo de la gestión de Ernesto Zedillo. Entre las dependencias con irregularidades destacan las secretarías de Gobernación, de Turismo y de Agricultura, así como Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Policía Federal Preventiva (PFP).

Mención aparte merecen ''las corruptelas'' que se cometieron en el manejo de los recursos destinados a Chiapas, sobre todo aquellos que se enviaron para ''subsanar'' los destrozos ocasionados por fenómenos naturales.

A quienes más lo necesitaban no les llegó nada...

En un documento interno de la Presidencia de la República, en el que se detallan las acciones para rastrear las irregularidades, se advierte que ''a las comunidades indígenas y rurales, las más afectadas y necesitadas -dos años consecutivos padecieron graves inundaciones por las lluvias-, no llegó nada''.

Sobresale también en el documento el proyecto que en las próximas semanas -o días- se presentará: una iniciativa de ley para la transparencia de la información pública, la cual -se dice- significará ''un gran avance'' en el objetivo de apertura, con lo que se podrá involucrar más a la sociedad ''en la vigilancia del quehacer gubernamental y en el combate a la corrupción''.

A partir de la aprobación de esta iniciativa de ley, el gobierno se ''obligará'' a abrir y hacer pública ''toda'' la información relativa a los programas sociales, así como de los tiempos, formas, destino y prioridades para la aplicación del presupuesto.

Del problema de la corrupción -que el presidente Vicente Fox Quesada ha calificado como el ''mal de los males'' entre los mexicanos- se precisa que, en los cinco meses que lleva la actual administración, se han llevado a cabo ''revisiones'' en 205 instituciones de gobierno, localizándose por lo menos ''dos mil áreas críticas que se prestan o facilitan'' los actos de corrupción.

En estas áreas críticas laboran 206 mil 71 servidores públicos, que significan 16.4 por ciento del total de los trabajadores en esas dependencias señaladas por su propensión a las actividades ilícitas; no se mencionan cuáles son pero se apunta que, a través de la Secretaría de la Contraloría, ''se han propuesto (a los nuevos encargados de despacho) 7 mil 118 medidas de prevención y vigilancia''.

Respecto a las 23 líneas de investigación abiertas por irregularidades o desvíos en Gobernación, Turismo, Agricultura, Petróleos Mexicanos y Policía Federal Preventiva, entre otras entidades, el documento -al que se tuvo acceso- sostiene que ''los resultados preliminares hacen suponer la existencia de irregularidades en varias de estas dependencias auditadas, por lo que ya se iniciaron las acciones legales correspondientes'' en contra de quien o quienes resulten responsables.

No basta ''rediseñar'', hay que ''reconstruir'' el gobierno...

Ante la evidencia del problema, se sugiere ''la necesidad de reconstruir el gobierno (pues) no basta sólo rediseñarlo''.

Hay que aplicar al sector público, se indica, una ''verdadera reingeniería'' que construya no sólo el gobierno democrático al que aspiran los mexicanos, sino que también en cada una de sus áreas sea ''estratégico, inteligente y solidario... un gobierno que sepa utilizar sus enormes recursos, facultades, empleados e influencia para fijar y atender las prioridades nacionales y asegurar'' la eficiencia en la administración.

Cambiar cultura y enfoque de la administración pública

Para combatir la corrupción, subraya, no son suficientes las ''estrictas reglamentaciones (se ha comprobado su fracaso)'', sino que se debe proceder a ''transformar la lógica de la administración pública y cambiar su cultura y enfoque''.

En cuanto al fracaso de las reglamentaciones, se pone como ejemplo que existen ''más de mil 250 disposiciones y trámites'' que no sólo no han impedido la corrupción en las esferas del gobierno, sino que la han propiciado, por lo que se encuentran en proceso de eliminación con el propósito de transparentar los mecanismos del servicio público.

Combate al narco y reforma a procesos judiciales, prioridades

El texto de referencia señala que, para hacer efectivo el combate a la corrupción, se hace indispensable reducir los espacios al narcotráfico y a las organizaciones criminales en general. Para esto, se habla de la urgencia de involucrar a los gobiernos de los estados en la misma dinámica que desde la Federación se le aplicará a la persecución de los delitos federales.

Los objetivos alcanzan también al orden del fuero común, pues no deja de destacarse que la delincuencia empieza desde los niveles más bajos de la criminalidad, que al no ser atendidos oportuna y contundentemente, generan impunidad.

Paralelamente, se estima la conveniencia de ''reformar los procesos judiciales'', a través de la profesionalización y modernización de las instituciones públicas, para revertir la incidencia delictiva y los efectos de la impunidad que campea en la sociedad mexicana.

Como parte de este objetivo, el documento oficial plantea que hay que empezar ''por limpiar la casa'', poniendo especial cuidado en la Procuraduría General de la República (PGR), la Policía Federal Preventiva (PFP) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).