miercoles Ť 2 Ť mayo Ť 2001

Luis Linares Zapata

Arrogancia burocrática

Los grados de incertidumbre que puede tolerar el ámbito público, en especial el de las decisiones básicas del país, han aumentado de manera por demás peligrosa para la salud de la nación. El tajante rechazo del EZLN, y el anteriormente lanzado por el CNI, a las modificaciones constitucionales aprobadas por el Congreso sobre cultura y derechos indígenas es de difícil digestión para la salud del cuerpo social. A ello se añaden los efectos disolventes que acarrea la súbita parálisis de la economía y la posposición, para un periodo posterior, de la reforma fiscal, tan sobrevaluada con anticipación y no bien calibrada en sus repercusiones por los estrategas oficiales. La confianza en los poderes de persuasión del presidente Fox sufre así su primer gran descalabro y, como él mismo reconoce, descubre las dificultades de convencer a la ciudadanía de las bondades de sus propuestas financieras.

Los canales que permiten el flujo de las decisiones estratégicas acusan ya escasos márgenes de tolerancia. Reciben, de varias de las vocerías del país y del exterior, señales contradictorias y, más grave aún, reproducen mensajes detrás de los cuales se sospecha que hay confusión o falta de capacidad de las elites que las emiten. Las correas de trasmisión, que van de la cúspide a la base social y viceversa, también se muestran azolvadas, principalmente por el uso desmedido de la propaganda oficial que les simplifica el contenido de la comunicación y plantea falsos atajos directos entre el pueblo y los dirigentes. El resultado es un grave desconcierto que amenaza con traducirse en costos inmerecidos para todos los mexicanos.

Las primeras señales de alarma fueron generadas por la fábrica nacional al acusar los efectos de la desaceleración de la economía estadunidense. Cayeron las expectativas de crecimiento y con ellas se reavivaron, con posterioridad casi inmediata, los seculares problemas de balanzas externas (corriente y comercial). De nada sirvieron las seguridades presidenciales que reafirmaban su pronóstico de 4.5 por ciento sobre 3 por ciento del Banco de México. La credibilidad se inclinó del lado de la figura conservadora del banquero Ortiz. La moneda, víctima de los enormes rendimientos reales al capital que alientan la inflación e imposibilitan el crédito, recibe el choque de masivos flujos externos, sobre todo especulativos, que la mantienen al borde del colapso de continuar apreciándose como lo ha hecho en últimas fechas. El desempleo se hizo presente y las amenazas de mayores despidos (sector público incluido) han corrido como reguero de pólvora ansiosa de un cerillo. Y, por si ello no fuera ya de por sí preocupante y motivo de intranquilidades, se le adicionan las disputas, entre numerosos grupos de interés, sobre la propuesta de reforma fiscal que envió el Ejecutivo federal. El inasible mercado ya había descontado, en sus cálculos y movimientos, la aprobación de dicha iniciativa. Una reversión o cambio en los referentes cruciales ocasionará mareas que ya se anticipan para las futuras inversiones y las evaluadoras de riesgos. Se cuenta con que los legisladores darán el visto bueno a la intención de Fox de hacerse de una buena suma de recursos para dar algo de sustento a sus promesas de campaña sin que, los que tienen y mandan, paguen mucho por ello. Los mecanismos de acuerdo en las Cámaras parecen obedecer más a los intereses de las burocracias partidarias y a las posturas individuales de algunos de los líderes y figurones, que a las demandas y expectativas del electorado que los eligió. La sociedad, sin embargo, espera, al menos, el cumplimiento de algunas modalidades de ese cambio tan repetido y que se ha esparcido, en forma de deseo renovador de esperanzas, entre la población, aun entre aquellos segmentos que no respaldaron en las urnas la fórmula que gobierna.

La confusión es el signo de la actualidad. No se aprecia bien cuál será el paradero de las relaciones con Cuba ni qué contiene el acuerdo energético. Tampoco se vislumbra la ruta del combate a la corrupción y menos aún las posibilidades efectivas, sustentadas en datos comprobables, de detener el avance del crimen organizado.

Pero en verdad que las peripecias en el Congreso de las reformas constitucionales son notables. Los argumentos para justificarse (legislar para 100 millones) dejan de lado la responsabilidad ineludible de hacerlo también para satisfacer las peticiones de justicia y dignidad de un grupo específico: los pueblos indios de México, que son los directamente afectados, así como para contribuir al proceso de paz. La arrogancia burocrática que despliegan algunos de los legisladores los distingue no sólo de otros de sus colegas que reconocen las peticiones legítimas de 10 millones de indios, sino, y esto es lo trascendente, los separa de los simples ciudadanos que esperaban su colaboración y trabajo para apoyar el largo, penoso, proceso de reivindicaciones de esos pueblos e individuos por ahora condenados a la miseria y marginación. La influencia ejercida en el proceso por personajes como Fernández de Cevallos, Bartlett y S. Rocha fue definitiva para olvidarse de los puntos fundamentales en la formulación final de las reformas. Hay otros legisladores que bien pueden diferenciarse de ellos: Paredes, Ortega, Jackson, Batres y el mismo Calderón. Su momento ha llegado para impedir que la urgencia de la administración de Fox y la alarma ciudadana se estrelle contra la cosa juzgada en que puede arroparse el Congreso.