LUNES Ť 30 Ť ABRIL Ť 2001
Ť Señala intenciones clientelares y corporativistas
Cuestiona De Souza la asignación de recursos a promotores vecinales
SUSANA GONZALEZ G.
El delegado en Cuajimalpa, Francisco de Souza, afirmó que en la distribución de recursos para las mil 532 unidades territoriales del Distrito Federal, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha creado una "estructura paralela" con los llamados promotores vecinales y que mediante éstos se pretende decidir el destino de dichos fondos con intenciones "clientelares" y "corporativistas", sin tomar en cuenta a quienes fueron elegidos en cada comité vecinal.
Además, dijo, López Obrador anuncia la entrega de 500 mil pesos en promedio para cada unidad territorial como si fuera un logro de su gobierno cuando en realidad es dinero que pertenece a cada una de las 16 demarcaciones políticas.
De Souza aseguró que son varios los jefes delegacionales que comparten dicho desacuerdo y así se lo han hecho saber al jefe de Gobierno en las reuniones que han tenido al respecto; en cambio, otros no han expresado su inconformidad "porque no quieren o no pueden hablar". No obstante, aclaró que López Obrador tiene la autoridad y facultad suficiente para contratar a cuanta gente le parezca, pero criticó que "primero diga que va a adelgazar el aparato gubernamental, cuando en realidad lo está embarazando".
Con estos nuevos funcionarios parecería que se genera, advirtió, "una nueva participación ciudadana, pero pagada, cuando sabemos que los trabajos de tal índole siempre han funcionado de manera voluntaria. En todo caso, que les paguen a los que ya están, aunque yo creo que la participación ciudadana debe ser libre, porque si es pagada no sirve porque quienes participan se convierten en empleados".
De cualquier manera, dijo que el asunto de fondo es que "bien o mal en cada unidad territorial los vecinos eligieron a sus representantes, por lo que no veo por qué el gobierno los abrogue de repente y traiga un aparato de mil 532 más para hacerlos a un lado".
Hizo notar que si se pretende nombrar nuevos representantes por cada unidad territorial, se requeriría hacer reformas a la Ley de Participación Ciudadana para validar la estructura que se está creando a fin de que se elijan nuevos representantes.