Improcedente, la impugnación de Merino García

El tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito consideró improcedente la impugnación que presentara Manuel Merino, ex oficial mayor durante la regencia de Oscar Espinosa, por un citatorio para que responda a la investigación sobre el manejo irregular de 420 millones de pesos. De este modo, determinó que el proceso de revisión fiscal iniciado por la Contraloría General del DF en contra del ex funcionario está fundamentado, a partir de las pruebas que obran en su contra.

De esta manera, la Dirección de Cuenta Pública de la Dirección General de Legalidad y Responsabilidades de la Contraloría fundamenta su proceso contra el ex oficial mayor de la gestión de Oscar Espinosa Villarreal, pese a los juicios de nulidad dictados por la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Además de que sienta un precedente para evitar dar carpetazo al asunto, aun cuando Merino García se encuentra prófugo de la justicia, pues su ex jefe está arraigado en Nicaragua.

Fuentes del gobierno capitalino explicaron que la resolución del séptimo tribunal colegiado coadyuvará en la resolución de las irregularidades detectadas en el área de Comunicación Social, durante el periodo 1995-1997, luego de que la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo anuló la sanción económica de 235 millones 322 mil pesos que debería pagar y los 20 años de inhabilitación de que sería objeto.

Con anterioridad, recordaron, el segundo tribunal colegiado en materia penal suspendió el amparo del que gozaba el funcionario acusado de peculado, con lo que existen bases legales para continuar con el proceso, sobre todo ahora que se respondió a favor de la Dirección de Cuenta Pública.

Indicaron que el citatorio enviado a Merino para que comparezca ante la Contraloría capitalina tiene la finalidad de respetar la garantía de audiencia del gobernado en torno a diversas conductas irregulares en su desempeño como servidor público, lo cual no le afecta en su esfera jurídica ni le genera ningún agravio.

Además de que es parte de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, el cual sólo es susceptible de analizarse cuando se reclame la solución definitiva que se dicte en el procedimiento y lo que ahora se impugna son actos instrumentales y no culminantes.

Así, el ex funcionario tiene la obligación de presentarse ante las autoridades y exhibir las pruebas para concluir el proceso en el que se encuentra involucrado por desvío de recursos, por alrededor de 420 millones de pesos, en el área de comunicación social de la última gestión priísta en la ciudad, afirmaron. LAURA GOMEZ FLORES