lunes Ť 30 Ť abril Ť 2001
Ana María Aragonés
Debate migratorio perverso
El censo de 2000 de Estados Unidos presenta resultados sorprendentes, hecho que sin duda repercutirá en el debate migratorio. El número de hispanos residentes en ese país es de 35 millones 300 mil, situándose en la segunda minoría después de los afroamericanos. La cifra de indocumentados estaría entre 9 y 10 millones de personas, monto muy superior al que se estimaba, que era de entre 5 y 6 millones.
En este contexto la propuesta de los republicanos, en relación con un nuevo programa bracero, adquiere mayor sentido, aunque también oponentes.
Se trataría de un acuerdo que podría cancelarse o abrirse en función de las necesidades de la economía de Estados Unidos, por lo que, en estos momentos de recesión, sería de corta duración. Los trabajadores gozarían de todos los beneficios y derechos que la ley establece y se haría extensivo a todos aquellos indocumentados que estando en suelo estadunidense quisieran beneficiarse de esta nueva fórmula, pero estaría totalmente eliminada la posibilidad de que optaran por la residencia permanente. Todos los trabajadores que se hubieran acogido al programa tendrían que volver a México para poder volver a aplicar.
La insistente negativa de los republicanos en relación con la residencia se debe, entre otras cosas, a que estos trabajadores podrían convertirse a la larga en ciudadanos con derecho a voto. Esto ampliaría la base electoral de los demócratas, pues está demostrado que los latinos, en su gran mayoría, tienen esa preferencia política.
Por su parte, los granjeros, tradicionalmente aliados de los republicanos, se manifiestan contrarios y decepcionados ante su propuesta y señalan que de ninguna manera soluciona el problema de la escasez de trabajadores agrícolas, especialmente en California. Se entiende esta molestia, pues los granjeros ante la escasez de trabajadores se han beneficiado del indocumentado al que pueden explotar sin problemas, y cualquier posible interferencia, por supuesto que les afectaría. De hecho, la cuota actual de trabajadores que se acoge a las visas H2A es de 40 mil trabajadores agrícolas y, por ejemplo, a Texas le corresponden 500. Absolutamente insuficiente, lo que explica que existan al menos 1.5 millones de indocumentados trabajando en ese estado.
Un argumento generalizado en contra de una posible amnistía propuesta por los demócratas es que de ninguna manera desalentaría la migración indocumentada, como pudo observarse después de la promovida en 1986. Lo que no es extraño, pues cuando finalmente los trabajadores obtienen la residencia pueden escalar mejores posiciones en el mercado laboral, y abandonan los terribles trabajos 3D (dirty, demanding, dangerous) que vuelven a ser llenados por indocumentados debido a su altísima demanda. Solución: es mejor mantenerlos indocumentados.
Por si fuera poco, Estados Unidos está viviendo una terrible crisis energética y el presidente Bush ha volcado los ojos sobre México buscando paliar tan grave situación; factor que, sin duda, incidirá también en el debate migratorio.
De modo que lo que suele estar en la discusión no es el bienestar del trabajador, sino los más diversos y contradictorios intereses que buscan aprovecharse de una mano de obra que por circunstancias del mercado es la parte más vulnerable de la cadena productiva, pero que no es, ni mucho menos, de menor importancia.
Bajo este panorama resulta fundamental desmontar la perversión del debate para lograr acordar una política migratoria bilateral en la que, de una vez por todas, se haga justicia a quien justicia merece: el trabajador migrante.