LUNES Ť 30 Ť ABRIL Ť 2001

Ť No existe investigación alguna, pese a las denuncias

Impunes, agresiones atribuidas a Antorcha Campesina en SLP

Ť Los líderes presionan a quienes se niegan a participar en el movimiento Ť Imponen cuotas ilegales a los colonos

MINERVA CASAS SOUBERVIELLE LA JORNADA SAN LUIS

San Luis Potosí, SLP. 29 de abril. El negocio de la manipulación política goza aquí de cabal salud. Expedientes en poder de La Jornada San Luis consignan acusaciones de fraude, despojo y lesiones presuntamente cometidos por líderes de Antorcha Campesina sin que a la fecha se hayan siquiera investigado.

El congelamiento de esas acusaciones se ha mantenido por años, a pesar que en ellas se detallan los mecanismos de imposición ilegal de cuotas para recibir servicios gubernamentales y la exigencia de participar en manifestaciones políticas. También se relatan actos de violencia física, ejecutados contra quienes no aceptan las directrices antorchistas. En un caso se denunció que grupos de personas encapuchadas y con armas desalojaron a una mujer de su casa por no pertenecer al citado movimiento.

El estilo antorchista

Por convicción o necesidad, quienes habitan en colonias antorchistas, como Los Magueyes, deben aportar cuotas voluntarias, trabajar en la comunidad y, si no hay respuesta a sus demandas por parte de las autoridades, participar en marchas y plantones para ejercer presión.

Los que no acatan la dinámica de la organización, según denuncias presentadas ante el Ministerio Público, habrían sido objeto de agresiones. Incluso, los líderes recurrirían al desalojo de los colonos rebeldes, a pesar de que éstos habían pagado el enganche de su terreno o pie de casa y cumplían con las mensualidades.

Lo anterior se desprende de los testimonios que están asentados en al menos seis denuncias interpuestas, ante el Ministerio Público, contra Romel Alanís Segovia, dirigente estatal de Antorcha Popular, y Guadalupe González Puente, lideresa antorchista en Los Magueyes.

Alanís Segovia, entrevistado por La Jornada San Luis, negó cualquiera de los hechos denunciados y atribuyó las querellas a miembros de otros movimientos que pretenden desestabilizar a los antorchistas.

El líder reconoció que hay cuotas, como en cualquier sindicato o partido político, para que subsista la organización, al igual que el trabajo comunitario para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos.

Los antecedentes

Hace cinco años, ciudadanos carentes de un techo propio invadieron terrenos y pies de casa en la zona norte de la ciudad, algunos presuntamente alentados por líderes antorchistas, quienes les ofrecieron hacer gestiones ante el gobierno del estado para que la autoridad diera posesión legal de los predios.

Las presiones del movimiento, como marchas y plantones, obligaron al gobierno estatal a diseñar un sistema de facilidad de pago para que los ciudadanos pudieran adquirir los terrenos o pie de casa a través del Instituto Estatal de la Vivienda, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Comunicaciones y Obras Públicas.

Versiones

El 17 de noviembre de 1999, Martina Rodríguez Torres, quien vivía en la calle Xacube 645 de Los Magueyes, compareció ante el agente del Ministerio Público, Mario Moctezuma Bravo, para interponer la denuncia 964/XI/99 contra Guadalupe González Puente y Romel Alanís, por los delitos de despojo y lo que resulte.

La mujer narró los hechos que habrían ocurrido el 15 de noviembre.

"Me encontraba en mi domicilio junto con mis hijos Karla María, Martha Isabel, Luis Eduardo y Erika Edith, de apellidos Carrera Rodríguez, de 15, nueve, seis y cuatro años de edad, respectivamente, cuando llegaron mis ahora acusados junto con 15 personas, del sexo masculino y las cuales estaban encapuchadas; había también aproximadamente 20 mujeres, vecinas de la colonia, y éstos se encontraban armados con palos, pedazos de varilla, y uno de ellos tenía una pistola, tubos galvanizados. Llegaron, tocaron a mi domicilio y la señora Guadalupe me dijo que desocupara la casa, ya que no me correspondía, pues ella era dueña de la colonia Los Magueyes; un señor moreno, de complexión robusta, encapuchado, me aventó la puerta y me dio un empujón a mí diciéndome que sacara a mis hijos; yo les dije que me dieran permiso hasta las 12 horas para que buscara alojamiento adonde llevar a mis hijos, y la señora Guadalupe me contestó que no, que me saliera en ese momento o ella me sacaba, yo le pedí de nuevo me diera permiso de quedarme un rato más para poder conseguir donde llevarme a mis niños y donde meter mis cosas, y ella me contestó que eso a ella le valía, que si no me salía ella me sacaba y esto ocurrió entre 18:30 y 19 horas, y una de las personas golpeó a mi hija la más grande y a la menor, ya que las empujaron y ambas se cayeron al suelo, me sacaron a mi niño que tengo enfermo de los bronquios y lo sacaron al aire sin chamarra; me sacaron todas mis cosas aventándomelas a la calle, perdiéndose varias cosas de ahí, y también se perdió la cantidad de 3 mil 800 pesos, que tenía guardados en una tacita de porcelana, y ese dinero lo tenía en mi casa, ya que iba a ser el enganche que iba a dar para la casa, y duraron ahí mucho rato...".

Rodríguez Torres habría sido auxiliada por otros vecinos, que le acondicionaron un refugio en un terreno baldío, con láminas y cartones. Por el problema, la demandante se marchó de la colonia, según comentó a La Jornada San Luis una testigo del suceso, Guadalupe Acosta, quien vive en Xacube 643.

La mujer refiere que en la agresión participaron personas que no viven en Los Magueyes. Como ella acompañó a Rodríguez Torres a interponer la demanda, como testigo, y por prestarle ayuda, también habría sufrido agresiones.

Sin embargo, supone que por la denuncia cesó la persecución en su contra y, de vez en cuando, algunas vecinas la agreden verbalmente, pero sin pasar a más. "Nomás me callo, no hago caso, para qué, si ya me quedé sola", refiere Guadalupe Acosta, quien tiene siete hijos.

Temerosa de ser víctima de un desalojo similar al que sufrió Martina Rodríguez Torres, por no pertenecer al movimiento antorchista, María del Rosario Márquez Alvarez, quien vivía en Xacube 633, interpuso la denuncia contra González Puente y Romel Alanís Segovia 982/XI/99 el 22 de noviembre de 1999.

Márquez Alvarez también optó por cambiarse de domicilio.

Otros casos más

Un año atrás, en la querella 975/X/98 presentada ante el ministerio público Saturnino Salazar Castillo, Alfredo León Iñiguez denuncia a González Puente por los delitos que le resulten.

León Iñiguez explica que es habitante, al igual que 160 familias, de la colonia Los Magueyes, con domicilio en la calle Xacube 644. Refiere que la vivienda la obtuvo por gobierno del estado, a través de Seducop, con la compra de los terrenos, con contrato legal, y presenta recibos de pago para avalar que cumple con las mensualidades... "Pero resulta que la señora Guadalupe González Puente es una supuesta dirigente del grupo Antorcha Popular, la cual nos manifiesta que todos los que habitamos la colonia Los Magueyes, estamos obligados a asistir a manifestaciones y cualquier tipo de reunión de Antorcha Popular, y esto lo hace presentándose en nuestro domicilio y diciéndonos, qué día va a haber una manifestación y que debemos presentarnos, de lo contrario, nos tendrán que sacar de los terrenos.

"En algunas ocasiones me vi obligado a acudir a este tipo de reuniones -prosigue el denunciante-, dándome cuenta que no tienen un fin lógico y sólo persiguen beneficios para los organizadores de este grupo, por lo que yo no estuve conforme en ir, y además de que la señora Guadalupe también nos obliga a comprar boletos de rifas, que la organización Antorcha Popular vende, así como periódico de dos o tres hojas que sale en forma mensual, y que nos obliga a adquirirlo por costo de un peso, todo bajo la amenaza de que si no hacemos eso, nos echan del terreno".

El acusante agrega que varios vecinos analizaron la situación y concluyeron en que la lideresa no tenía por qué amenazarlos con despojarlos de los predios ni obligarlos a seguir sus ideales.

León Iñiguez declaró que Guadalupe González Puente cobraba la cantidad de mil pesos a cada familia que llega a tomar posesión del terreno, "argumentando que para el movimiento de Antorcha Popular, de lo cual tengo entendido que les da recibo, y en personal a mí por este mismo concepto me cobró 400 pesos hace dos años, el 7 de junio de 1996, pero no me dio recibo... Hace aproximadamente un mes que sacó un nuevo concepto de cuotas, esto por una carta que teníamos que pedirle a ella con un valor de 100 pesos, y con esa carta poder realizar el pago a Seducop, de lo contrario esta institución no nos recibía el pago".

En la denuncia, León Iñiguez abundó que ante el cobro varios vecinos acudieron al Congreso local, y acompañados por tres diputados se entrevistaron con el director de la Seducop, quien después de analizar la situación ordenó dejar sin efecto ese requisito, el de la carta antorchista.

La familia de León Iñiguez aún vive en la colonia antorchista. Según su esposa, no le dieron seguimiento a la demanda porque ya no tuvieron ningún problema con la dirigente.

Similar a la de León Iñiguez es la denuncia que interpuso Juana Vera Jasso el 3 de noviembre de 1998, en la cual expone que antes de residir en la calle Agave 252 de Los Magueyes, rentaba en la colonia Las Piedras y luego se enteró que vendían predios baratos en La Pedrera.

Acudió a informarse y se entrevistó con una persona de nombre José Juan -esposo de Guadalupe González-, con quien hizo el trato de la compra en La Pedrera, y durante tres años participó en los plantones y manifestaciones antorchistas porque los líderes de la organización le prometieron arreglar la posesión del terreno con el gobierno estatal.

Como el gobierno del estado no cedió a vender La Pedrera, se fueron a Los Magueyes. "Pensamos que ahora sí ya podríamos empezar a pagar nuestro terreno sin tanto problema, porque cuando por algún motivo no podíamos acudir a los plantones y las marchas, la amenaza era dejarnos sin el terreno, pero resulta que no, y ahora nos están exigiendo una carta, firmada por la acusada (Guadalupe González) y no las quieren vender a 100 pesos", refiere Vera Jasso.

Siete meses después, Vera Jasso acude nuevamente al Ministerio Público para interponer la denuncia 148/VI/99, el 29 de junio del 99, por la agresión que habría sufrido, con una piedra, por parte de Rita González.

Antes de la pedrada, González habría agredido verbalmente a Vera Jasso, porque ésta pertenecía a la mesa directiva de la colonia, sin ser miembro del grupo antorchista.