LUNES Ť 30 Ť ABRIL Ť 2001

Ť Ayudaría a la paz, coinciden los de Guerrero y Puebla

Amnistía a indígenas de grupos armados, plantean ombudsman

Ť Debe beneficiar a presos y exiliados, señala Juan Abarca

VICTOR BALLINAS ENVIADO

Puebla, Pue., 29 de abril. Los presidentes de las comisiones estatales de Derechos Humanos de Morelos, Guerrero y Puebla manifestaron que con la aprobación de la Ley Indígena por parte del Congreso de la Unión, lo que se busca es "que los pueblos indígenas gocen de todos sus derechos proclamados en la Constitución y en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre".

En entrevista colectiva, José Francisco Coronete Rodríguez, de Morelos; Juan Abarca Hernández, de Guerrero, y Jaime Juárez, de Puebla, destacaron que en la reforma recién aprobada se incluyeron puntos como autonomía, explotación de los recursos naturales de las comunidades y autodeterminación, "en los que no se deja lugar a confusión, y esperamos que con ello se impulse el desarrollo de las regiones indígenas".

Abarca Hernández, de Guerrero, manifestó que además de la reforma constitucional hay que pasar a las reformas de las constituciones de las estados, y complementarlas con leyes de amnistía en las entidades que tengan el problema de grupos armados.

Hay grupos armados en diversas partes del país: "en mi estado -Guerrero-, en Chiapas, se habla de que también los hay en Oaxaca, y otras regiones". En esos estados se tendrían que impulsar leyes de amnistía para indígenas o campesinos que están en cárceles y se les considera presos de conciencia. A todos ellos, se les tendría que dejar libres para apoyar el proceso nacional de paz", abundó el ombudsman guerrerense.

Dijo que en marzo pasado se envió al Congreso local un proyecto de ley de amnistía. "Hasta donde tengo entendido se ha discutido, y creo que el Ejecutivo envió ya su opinión sobre ese proyecto. Hay condiciones hoy para que se expidan ese tipo de leyes."

En caso de que pronto se apruebe la amnistía para los "presos de conciencia" que se ubican en Puente Grande y en Gu errero, y a los que por haber estado vinculados a grupos armados se encuentran en el extranjero, "a todos ellos debería de beneficiarles".

El ombudsman de Puebla, Jaime Juárez Hernández, coincidió con Abarca en que una ley de amnistía es el camino para avanzar en el proceso de paz en las regiones que tienen grupos armados. "En Puebla, ese problema lo tenemos por los desplazamientos naturales del estado vecino -Guerrero-, pero no se tiene conocimiento de grupos de ese tipo propios del estado", aseguró.

Coronete Rodríguez, titular de la Comisión de Derechos Humanos de Morelos, coincidió con Abarca y Juárez en que es necesario no sólo reformar la Constitución federal, sino avanzar en las reformas de los estados en materia indígena, porque hacen falta recursos para atender a esa población.

Explicó que a diferencia de otros estados, donde el gobernador nombra al titular de la comisión de derechos humanos, en Morelos opera ya una reforma legal que estipula que el consejo de esa comisión y el Legislativo estatal son quienes lo designan.

Por ello apremió a que se modifiquen las leyes de las comisiones de derechos humanos de los estados para que la autonomía sea una realidad, "y aprovechando esa reforma deberán analizarse en las leyes otros asuntos relacionados con los indígenas".

Por ejemplo, expuso, "a mi estado llegan cada año entre 80 mil y 100 mil indígenas provenientes de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Veracruz y otras regiones. Permanecen ocho meses en la entidad, y generalmente son familias completas que vienen a trabajar: el padre, la madre y los hijos. Al llegar a Morelos abandonan sus estudios de primaria y a veces telesecundaria; entonces hay que buscar acuerdos con la Secretaría de Educación Pública para que esos menores, cuando salgan de sus estados, se les entregue su boleta de calificaciones para que lleguen a terminar el año escolar".

Coincidieron los tres ombudsman en que el desconocimiento de los derechos indígenas es otro problema muy generalizado. "De nada sirve que sus derechos estén protegidos, si no se hace una difusión de esas garantías en los dialectos y lenguas indígenas. Los agentes del Ministerios Público, los funcionarios y autoridades deben respetar los derechos de los indígenas, pero lo más importante es que a ellos se les difundan para que sepan defenderse."

A diferencia de Morelos, explicó el presidente de la comisión de Puebla, "nosotros no tenemos coordinaciones de derechos humanos en las regiones indígenas. Ahí nos falta presencia, porque aunque vamos de manera periódica, no estamos con ellos como se debiera debido a la falta de recursos para abrir oficinas y tener personal de manera permanente en las zonas indígenas".