LUNES Ť 30 Ť ABRIL Ť 2001

Ť Desoye recomendaciones de la CIDH, por lo que dos ONG iniciaron acción urgente

Insiste el gobierno foxista en juzgar por la vía castrense a militares violadores de 3 indígenas

Ť GMSC y Cejil envían cartas a la SRE; la comisión hace público su informe del caso

Ť Ordenó además que se incluya en su próximo informe anual ante la asamblea de la OEA

ROSA ROJAS

Una "acción urgente" para que el gobierno mexicano cumpla las recomendaciones que le formuló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso de las tres indígenas tzeltales --Ana, Beatriz y Celia González Pérez-- violadas por militares el 4 de junio de 1994 en un retén ubicado en Altamirano, Chiapas, inició el Grupo de Mujeres de San Cristóbal (GMSC) junto con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), me- diante el envío de cartas al secretario de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda.

La CIDH determinó que el gobierno mexicano es responsable de tortura y violaciones al derecho a la integridad personal y a la protección de la honra y la dignidad; a la libertad personal; garantías judiciales y protección judicial, recomendándole investigar este caso "de manera completa, imparcial y efectiva en la jurisdicción penal ordinaria mexicana".

El gobierno del presidente Vicente Fox insiste en que la investigación debe llevarse a cabo en la jurisdicción militar, por lo que la CIDH decidió hacer público su informe 53/01 sobre el caso y ordenar su inclusión en su próximo informe anual a la asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA).

La actitud del gobierno foxista "muestra que nada ha cambiado, o que el cambio es para atrás", afirmó en entrevista vía telefónica la abogada de las indígenas violadas, Martha Figueroa, quien señaló que "ni siquiera la justicia militar ha reabierto el caso".

Mencionó que tanto el Cejil como el GMSC enviaron desde el pasado 20 de abril una carta al titular de la SRE, misma que se está haciendo pública con la solicitud de que sea retomada --"para bombardear de cartas al gobierno"-- por todos los grupos y personas que se adhieran a la causa de la justicia.

En la misiva se detallan las recomendaciones de la CIDH, y ambas organizaciones le expresan su preocupación "por el incumplimiento del Estado mexicano" a las mismas.

Subrayan en el texto: "hasta la fecha, ninguna de las recomendaciones ha sido cumplida; por el contrario, el Estado insiste en que la investigación debe llevarse a cabo en la jurisdicción militar. Al respecto, la CIDH expresó en su informe que la atracción del caso del fuero civil al militar es una clara violación a la Convención Americana (de Derechos Humanos), ya que en razón de su naturaleza y estructura, la jurisdicción penal militar no satisface los requisitos de independencia e imparcialidad que impone el artículo 8(1) de la referida convención".

"Por lo anterior, reiteramos y apoyamos la decisión de la CIDH de que el presente caso debe ventilarse en la jurisdicción penal ordinaria, donde se garantice una investigación seria, efectiva e imparcial de los hechos que permita la sanción de los responsables. Es evidente que en el fuero militar esto no sucederá, han transcurrido aproximadamente siete años desde los hechos, y hasta la fecha no existe ninguna persona procesada y menos aun sentenciada".

Agrega el texto: "Las atrocidades perpetradas por miembros del Ejército Federal mexicano contra esas mujeres aún permanecen impunes. No existen evidencias de que el Estado tenga una voluntad firme de cumplir con sus obligaciones internacionales. Por el contrario, y como queda establecido en el informe, "la información presentada a la comisión por el Estado mexicano no contiene referencia a iniciativa o medida alguna encaminada al cumplimiento de las recomendaciones del informe 32/01, como corresponde a la etapa procesal en que está el caso".

"Como es de su conocimiento, nos encontramos ante un caso de especial vulnerabilidad por tratarse de mujeres indígenas, una de ellas, Celia González Pérez, menor de edad (La CIDH determinó que los nombres de las tres hermanas fueran ficticios para proteger su identidad. N de la R). Así lo destacó la CIDH en su informe afirmando que "el dolor y la humillación que sufrieron las mujeres se agrava por su condición indígena. En primer lugar por el desconocimiento del idioma de sus agresores y de las demás autoridades intervinientes, y además por el repudio de su propia comunidad como consecuencia de los hechos establecidos".

Las hermanas Pérez, ultrajadas en reiteradas ocasiones y golpeadas

"Los hechos en este caso se remontan al 4 de junio de 1994, cuando las hermanas Pérez y la madre intentaban cruzar un retén militar en Altamirano, Chiapas, donde fueron detenidas en forma arbitraria. En este lugar las hermanas fueron golpeadas y violadas en reiteradas ocasiones por militares que integran el Ejército Federal mexicano. Estos hechos fueron denunciados por el GMSC ante el Ministerio Público Federal (Procuraduría General de la República), pero el Estado hizo caso omiso de la denuncia, y el expediente fue trasladado a la Procuraduría General de la Justicia Militar en septiembre de 1994, quien decidió archivar las indagaciones arguyendo falta de comparecencia de las víctimas a declarar nuevamente y someterse a pericias ginecológicas"

"La posición asumida en este caso por el gobierno mexicano que usted representa ante las instancias internacionales, en cuanto a que el Estado mexicano está en la disposición de cumplir y acatar todas las decisiones que emanen de los organismos internacionales en materia de derechos humanos, se contradice con la postura del Estado de mantener el caso en el fuero militar y por ende, en la impunidad" le señalan las organizaciones al canciller mexicano.

Agregan: "México ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos el 3 de abril de 1982, y por lo tanto se obliga a respetar y garantizar los derechos que en ella se reconocen y a cumplir de buena fe con sus disposiciones y con las recomendaciones de un órgano de protección como la comisión interamericana".

El informe, hecho público un mes después de dado a conocer al gobierno

"Por todo lo anterior le solicitamos que el Estado mexicano que cumpla a la mayor brevedad con las recomendaciones emitidas por la CIDH en el informe 53/01, garantizando el conocimiento del caso ante la jurisdicción penal ordinaria y reparando debidamente a las víctimas según los estándares previsto en la jurisprudencia del sistema interamericano de protección de los derechos humanos" apunta el documento.

Figueroa puntualizó que el informe 53/01 de la CIDH se hizo público un mes después de que se dio a conocer al gobierno mexicano. "La embajadora especial para derechos humanos del gobierno de Fox, Mariclaire Acosta, y Juan José Gómez Camacho, director general de derechos humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, me vinieron a plantear a mí la reapertura de la investigación en el fuero militar por el veintitantos de febrero. Yo les dije que eso sería no una solución, sino una muestra de voluntad, porque de todos modos los violadores tienen que pasar los dos procesos, el civil y el militar. A estas alturas no tienen nada que sepamos, no ha reiniciado el proceso, no los han consignado", afirmó.

Añadió que en el caso de que se reabra el proceso, tiene que irse por la vía civil y paralelamente la militar, "pero sólo el militar no garantiza justicia, eso es lo que dice el dictamen de la comisión interamericana, e incluso sería torturar nuevamente a las víctimas".

"Han pasado más de cuatro meses del gobierno de Vicente Fox y no han procesado a los militares ni siquiera por la vía militar; esa sería la mínima muestra de interés, pero ni siquiera eso han hecho. Y menos van a pasar el caso al fuero civil como estamos pidiendo, y que consignen a estos tipos, que los metan a la cárcel y que se indemnice a las víctimas para reparar el daño de la violación, la tortura, las lesiones físicas y mentales, el que hayan sido expulsadas de su comunidad, porque fue a consecuencia de eso, porque los militares fueron a tratar de localizarlas en la comunidad".

De ahí que se haya iniciado una campaña por el cumplimiento de las recomendaciones de la CIDH. "La idea es conectarse con los grupos de mujeres y de derechos humanos, decirles cuál es el resultado, publicar la carta a Castañeda e iniciar una acción urgente para que el gobierno de Fox dé cumplimiento a las recomendaciones del informe 53/01 de la CIDH", manifestó Figueroa.

Quienes estén interesados en conocer el texto completo del informe, pueden consultarlo en la página de internet de la CIDH: http://www.cidh.oas.org/annualrep/2000sp/CapituloIII/Fondo/Mexico11.565.htm