DOMINGO Ť 29 Ť ABRIL Ť 2001

Ť Las compensaciones, menores que los efectos de gravar alimentos y medicinas, señala

El gobierno de Fox va perdiendo en la discusión sobre la propuesta fiscal, considera el GEA

Ť Falta claridad sobre el destino de los recursos que se obtendrían con la reforma

ROBERTO GONZALEZ AMADOR

El gobierno del presidente Vicente Fox Quesada "va perdiendo la discusión" sobre su propuesta de reforma fiscal, consideró el Grupo de Economistas y Asociados (GEA), una de las principales firmas de consultoría privada en el país.

El GEA sostuvo que las medidas propuestas por el gobierno federal para compensar el costo de la eliminación de la tasa cero del impuesto al valor agregado (IVA) en alimentos, medicinas, libros y colegiaturas son menores que el efecto provocado en el gasto de las familias por el alza de impuestos.

Expuso que una de las razones para el rechazo popular a la propuesta fiscal del gobierno es que no existen compromisos claros sobre el destino de los recursos que serían captados por la aplicación del IVA a los productos y servicios que hoy están exentos de ese gravamen y que, de acuerdo con cálculos oficiales, alcanzarían 140 mil millones de pesos, 2.2 por ciento del producto interno bruto (PIB) en el primer año de aplicación de la medida.

"Como es natural, cuando se propone una reforma fiscal que busca incrementar la carga fiscal al mayor número de causantes, el rechazo es automático", expuso el grupo de consultoría en un análisis sobre la discusión de la reforma fiscal. "Sin embargo, a poco más de un mes de iniciado el debate, y pese a la campaña publicitaria gubernamental a favor de los cambios hacendarios, el gobierno va perdiendo la discusión sobre su propuesta de Nueva hacienda pública distributiva", comentó.

Costo para la sociedad

La razón de que el gobierno del presidente Vicente Fox no haya ganado terreno en la aprobación de su propuesta, que el Congreso decidió no discutir en el periodo ordinario de sesiones que concluye este mes, "es el contenido de la reforma misma", indicó el GEA.

Explicó que en el debate sobre la reforma hacendaria el acento se ha puesto en los aspectos recaudatorios de la iniciativa, que implican un costo para la sociedad, y no en los distributivos, como la posibilidad de que el incremento en los ingresos pudiera beneficiar a la población por la vía de más y mejores servicios públicos. En esa medida, dijo, la discusión tiende a destacar el impacto negativo que causará en el ingreso de la mayoría de las familias la eliminación de la tasa cero del IVA a alimentos, medicinas, libros y colegiaturas.

"Las medidas para compensar el costo no han sido valoradas y además siempre serán menores". Para compensar el efecto de la homologación del IVA, el gobierno propuso reducir la tasa máxima del impuesto sobre la renta (ISR) de 40 a 32 por ciento; la simplificación del pago de este impuesto, aumentar el crédito al salario a los trabajadores de menores ingresos y la devolución del IVA a las familias más pobres a través de programas de compensación como Progresa y Contigo.

El GEA indicó que el cuestionamiento en la opinión pública acerca de las medidas propuestas por el gobierno se ha centrado en aspectos como el relativo a que la compensación que se dará a las familias más pobres por la pérdida de ingresos no abarcará a todas y excluye principalmente a las que viven en las ciudades donde no opera Progresa. También se cuestiona la instrumentación de estos apoyos, tanto por el costo administrativo que tendrá ampliar la cobertura de Progresa a 5 millones de familias como por el tiempo que tardaría en hacerlo.

Señaló que otro cuestionamiento en la opinión pública es que la reforma presenta inconsistencias, pues al tiempo que propone gravar alimentos y medicinas, permanecerán exentos de ese impuesto la compra de autos blindados, las transacciones en la bolsa de valores y la adquisición de lingotes de oro.

El GEA destacó también "la inexistencia de propuestas y de compromisos claros y firmes sobre el destino de los recursos que obtendrá el gobierno con la nueva recaudación, lo que hace pensar a varios analistas que el gobierno quiere un cheque en blanco". Esa percepción se debe también a los problemas de comunicación en el gobierno, que ha centrado la defensa de la reforma en los mecanismos de compensación a los más pobres y en la necesidad de recursos del Estado para hacer frente a sus compromisos sin aclararlos y sin decir cómo hará un uso más eficiente y eficaz de esos recursos.