Ť La falta de garantías jurídicas inhibe las inversiones en la zona, asevera
Pide el gobierno federal a las entidades del sur y sureste que la justicia satisfaga al sector privado
Ť Si no se concreta el Plan Puebla Panamá crecerá la brecha entre estados ricos y pobres, advierte
HUMBERTO ORTIZ MORENO
El gobierno federal solicitó a sus homólogos
estatales de las nueve entidades de la región denominada sur-sureste
aplicar y administrar la justicia de manera que "satisfaga los requerimientos
del sector privado", pues la falta de garantías jurídicas
para el capital es lo que inhibe las inversiones en la zona.
En este sentido, Francisco Abarca, encargado de estudios en la Coordinación del Plan Puebla-Panamá, directamente dependiente de la Presidencia de la República, quien ha recibido cuestionamientos de analistas empresariales sobre la posibilidad de que con este proyecto el gobierno foxista intente entregar los recursos naturales regionales al gran capital extranjero o, en su defecto, simplemente sea un programa más de carácter clientelar, advirtió que de no concretarse crecerá el gran riesgo de la desintegración nacional y una potencial desarticulación comercial de la franja de estados más pobre con la dinámica de crecimiento económico nacional.
Reconoció también que si no es aprobada la reforma fiscal, las posibilidades de éxito del proyecto serán menores, pero aclaró que el gobierno no omitirá sus responsabilidades públicas y tendrá que optar por priorizar los programas de rentabilidad social, sacrificando la rentabilidad económica. Seguirán adelante los relacionados con la formación de recursos humanos e infraestructura económica.
Abarca habló del dramático panorama que muestran las estadísticas sobre las disparidades en el desarrollo regional del país. Mientras que en el resto de la República el PIB per cápita es de 4 mil 199 dólares anuales, se concentra 94 por ciento de las exportaciones, el analfabetismo es de 8 por ciento y está ubicado 11.66 por ciento de los municipios de alta y muy alta marginación en los nueve estados de la región llamada sur-sureste, que son Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Tabasco, la relación es PIB per cápita de 2 mil 336 dólares al año; 6 por ciento de participación en ventas al exterior; 19 por ciento de analfabetismo y concentra 30.95 por ciento de municipios más marginados del territorio nacional.
La tasa de mortalidad infantil es de 31 por ciento en la zona sur-sureste y 25 por ciento de su población es analfabeta, además de que la escolaridad promedio nacional es de segundo de secundaria.
Interrogado sobre el origen de los recursos públicos en un escenario de restricciones, Abarca expuso que la tendencia en la asignación presupuestal deberá modificarse a favor de la región sur-sureste, en una propuesta que será enviada al Congreso.
Dijo que prevalecen errores que inhiben las inversiones privadas y que es evidente que la disponibilidad de recursos públicos estará supeditada a lo que suceda con la actividad económica. En consecuencia, solicitó a los gobiernos estatales dar seguridad jurídica a los particulares, quienes se harán cargo de diversos tramos carreteros como concesión. Y juzgó que el gobierno deberá ser muy prudente en la asignación del gasto, a fin de dar preponderancia a la rentabilidad social de los proyectos.