VIERNES Ť 27 Ť ABRIL Ť 2001
Ť Evitaría que el probable responsable de un delito evada la justicia, afirman
Procuradores también quieren decretar arraigos
Ť Proponen empleo acotado de esa figura legal en casos específicos Ť Será necesaria reforma integral a la Constitución, reconocen Ť Acuerdan acciones coordinadas entre instancias
GUSTAVO CASTILLO Y DAVID SOSA ENVIADO Y CORRESPONSAL
Cancun, QR, 26 de abril. Los procuradores de justicia del país reunidos en esta ciudad propusieron que el Ministerio Público también pueda decretar arraigos, "cuando se considere urgente la medida", aunque ello significaría retirarle al Poder Judicial la exclusividad de esa facultad.
La directora de Comunicación Social de la PGR, María Manuela de la Rosa, informó que durante los trabajos de la décima Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, los asistentes discutieron la posibilidad de que se reformen normas jurídicas para un efectivo combate a la delincuencia organizada.
Indicó que la figura legal del arraigo fue uno de los temas de mayor relevancia este día, ya que los procuradores consideraron conveniente "que se faculte en forma limitada al Ministerio Público para decretar esa medida en aquellos casos cuya aplicación sea urgente en la fase de integración de la averiguación previa".
Los procuradores reconocieron que para que su propuesta tenga vigencia legal "sería necesaria una reforma integral en el ámbito constitucional".
Los titulares del Ministerio Público del fuero común y federal consideraron que el arraigo es "una herramienta útil en la investigación del delito y en el combate a la impunidad, al constituir una medida precautoria que evita que el probable responsable de un delito se evada de la justicia".
Sin embargo, los procuradores reconocieron que "su aplicación afecta uno de los bienes más preciados del ser humano: la libertad; por eso, en su regulación debe buscarse la fórmula que permita el justo equilibro entre la salvaguarda de los derechos fundamentales y la eficaz investigación del delito".
Flagrancia y bienes religiosos, en la agenda
De la Rosa aseguró que durante una reunión plenaria de la conferencia se analizó la figura de la flagrancia (cuando un delincuente es detenido en el momento de cometer el ilícito), en sus diversas formas de manifestación, a fin de proponer su perfeccionamiento en el marco jurídico y permita a la autoridad actuar con mayor oportunidad, evitando que por formalismos los delincuentes se evadan de la acción de la justicia.
Asimismo, se propuso la instrumentación de un programa preventivo para el robo de bienes religiosos y la creación de una base de datos relativa a la tramitación ilícita de visas y la sustracción ilegal de menores, así como hacer acciones conjuntas para el combate a la delincuencia.
Los procuradores aprobaron, por unanimidad, la designación de Rafael Macedo de la Concha, titular de la Procuraduría General de la República (PGR), como presidente de la conferencia nacional.
También se llegó al acuerdo de crear el instituto nacional de prevención del delito (INPD), el cual se encargará de contrarrestar, mediante la aplicación de apoyos educativos y culturales, los efectos que causa la lucha contra el crimen organizado y que rompen el tejido social de las comunidades.
Pedro Peñaloza, titular de la Dirección General de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR, anunció que este organismo "comenzará a dejar de lado el método represivo de la procuración de justicia, y se dará énfasis a aspectos educativos y económicos para evitar que alguien llegue a cometer ilícitos".
Informó que el INPD funcionará en coordinación con la Organización de Naciones Unidas (ONU), pero estableció que para que esta instancia sea operante se requiere que el gobierno federal autorice que el 1 por ciento del dinero asegurado a narcotraficantes se emplee para estas actividades.
Peñaloza dijo que en México no existe ninguna instancia dedicada a la prevención del delito, aunque en otras naciones se cuenta desde hace más de 50 años con programas nacionales de este tipo, "con lo cual han logrado terminar con grandes organizaciones criminales, entre ellas varias de las que operaban en Nueva York, lo que permitió reducir el índice delictivo".
"Extrañamente no existe un organismo en México que regule esta actividad, de tal manera que no podemos seguir en esta lógica de que al delincuente se le debe perseguir y detener; debemos llegar a las causas que generan la delincuencia", indicó.
Agregó que ha fracasado el método represivo para atacar a la delincuencia organizada, porque lo ideal es evitar que nazcan delincuentes, "pero sin prevención de nada servirán detenciones como las de Gilberto García Mena, El June, o de los hermanos Arellano Félix, pues la marginación, la pobreza y la falta de oportunidades no se combaten con toletes".