viernes Ť 27 Ť abril Ť 2001
Miguel Angel de los Santos
Paz y Justicia: liberación pactada
En octubre del año pasado, cuando fueron detenidos los once ex integrantes de Paz y Justicia, advertimos lo sospechosa que resultaba dicha detención y el optimismo con que Samuel Sánchez asumía el encarcelamiento. El mismo admitía que no esperaba estar mucho tiempo en la cárcel.
La reciente liberación de los once detenidos dejó en claro que la impunidad se impuso a la justicia y que la algarabía con que la Procuraduría General de la República (PGR) celebraba la detención se convirtió en impunidad para los paramilitares.
La PGR conocía el desenlace, pudo preverlo desde que consignó la averiguación previa. El Código Federal de Procedimientos Penales le impone al Ministerio Público la obligación de acreditar los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad de la persona a quien se le presume responsable de un delito.
Los once ex miembros de Paz y Justicia fueron acusados de los delitos de terrorismo, asociación delictuosa, delincuencia organizada, motín, portación de arma, despojo y daños. Todo indica que aunque los delitos fueron muchos, las pruebas fueron escasas y no porque no existieran evidencias, sino por la sospechosa ineficacia del Ministerio Público federal. Resulta absurdo que no haya podido demostrar ni siquiera la probable responsabilidad para iniciar un juicio. El Tribunal Unitario del Vigésimo Circuito modificó el auto de formal prisión que les fue dictado y dictó uno nuevo en que se establece que el proceso sólo se seguirá en contra de dos de los implicados y sólo por los delitos de despojo y daños. El resto de los detenidos, entre ellos Samuel Sánchez y Marcos Albino, ex dirigentes de Paz y Justicia, fueron liberados de toda sospecha en todos los delitos.
En estas circunstancias sólo existen dos explicaciones: o la PGR es profesionalmente incapaz para reunir pruebas que den inicio a un proceso, o deliberadamente consignó una averiguación previa "floja" que no soportara el análisis objetivo de un juez y el resultado fuera la liberación. En ambos casos la situación es grave y merece, como ya se ha sugerido, la renuncia de quien se encuentra a cargo de la Unidad Especializada para la Atención de Delitos Cometidos por Presuntos Grupos de Civiles Armados. Esta dependencia ha mostrado, por segunda vez, su fracaso; la primera fue durante el supuesto operativo fallido contra paramilitares en la comunidad Los Chorros, municipio de Chenalhó, el pasado mes de diciembre.
Pero tampoco el gobierno de Chiapas se encuentra libre de culpa en la liberación de los paramilitares. Durante los siete meses que los once ex miembros de Paz y Justicia estuvieron en prisión, la Procuraduría de Justicia del estado habría podido consignar las decenas de averiguaciones previas iniciadas desde 1995, cuando Paz y Justicia comenzó su actividad beligerante en contra de las bases de apoyo zapatistas. Son investigaciones ministeriales por delitos del orden común, como homicidio, secuestro, daños, lesiones, entre otros. Al no consignar ni una sola de esas averiguaciones previas, la liberación de los paramilitares no encontró obstáculo.
El grupo paramilitar Paz y Justicia opera en lo que se conoce como la zona norte, lugar en donde, curiosamente, ganó las elecciones Pablo Salazar Mendiguchía, pese a que la mayoría de las bases de apoyo zapatistas se abstuvieron de votar. La respuesta a la copiosa votación podría estar en la impunidad con que se cobija a Paz y Justicia desde el gobierno estatal. Al producirse un cambio en el gobierno, esperábamos como resultado que se combatiera de manera decisiva a los grupos paramilitares y que llegara la anhelada justicia para quienes sufrieron violaciones a los derechos humanos. No ha sucedido ninguna de las dos cosas.
Así, la detención de los ex integrantes de Paz y Justicia obedeció a la necesidad de crear imagen pública de que se combate a los paramilitares, aunque en el fondo se les proteja y se impulsen proyectos de reconciliación comunitaria sobre la base del "borrón y cuenta nueva" y el olvido de los muertos. La reciente liberación es parte del "borrón". Se pretende hacer creer que se combate a los paramilitares, pero que el Poder Judicial no colabora y los pone en libertad. Se pretende suplir la justicia por detenciones provisionales.