viernes Ť 27 Ť abril Ť 2001

Luis Javier Garrido

El candado

La guerra en Chiapas y en el país ha entrado en una nueva fase de incertidumbre al pretender imponerse una reforma constitucional que se aparta de manera sustancial de lo pactado en San Andrés y que no garantiza los derechos de los pueblos indios.

1. El dictamen que modifica los artículos 1, 2, 4, 18 y 115 de la Constitución General de la República como la reforma en materia indígena, aprobado la noche del 25 de abril de manera unánime por 109 senadores del PAN, PRI, PRD y PVEM de la 58 Legislatura con una gran dosis de irresponsabilidad, pretende ser fiel a los acuerdos de San Andrés pero lejos de garantizar los derechos de los pueblos indios lo que hace es garantizar la prerrogativa del gobierno federal a seguir imponiendo sus políticas.

2. Los senadores de la República ignoraron que conforme a la ley del 11 de marzo de 1995 hay un estado de guerra en Chiapas y que ya los legisladores de la 56 Legislatura, mandatados por el pleno de sus Cámaras y por la dirección de sus partidos, habían consensado en 1996 un proyecto de reformas constitucionales y, validos de la aceptación zapatista de que aceptarían pequeños cambios técnicos de forma a la ley Cocopa, aprobaron una serie de cambios constitucionales de fondo que conducen a que los derechos reales de los pueblos indios sigan sin estar garantizados.

3. El principal responsable de que no se haya podido alcanzar la paz en Chiapas y en el país es a todas luces en este escenario el propio Vicente Fox, quien prometió a lo largo de su campaña respaldar los acuerdos de San Andrés y la ley Cocopa, y que, una vez en el poder, al igual que Ernesto Zedillo, ha desconocido su palabra y, lejos de buscar la aprobación de la reforma negociada, pretende imponer una legislación indígena acorde a sus intereses, que, ya se sabe, son los de las empresas multinacionales. Fox envió la iniciativa de la Cocopa al Senado en diciembre de 2000 pidiendo que no la aprobaran tal cual, y no es de sorprender que ahora manifieste su beneplácito por lo que él llama "la aprobación de la ley de Cocopa" (26 de abril), lo que no hace más que mostrar su impostura.

4. El Senado aprobó, en el mejor de los casos, no la "ley Cocopa", sino la "ley Zedillo", es decir, "las observaciones" que en 1996 éste presentara a los acuerdos de San Andrés, con una serie de argumentos neoliberales que Fox hizo suyos mostrando de manera consciente su plena identificación con el último presidente priísta. En el texto que aprobaron los senadores, como en la "ley Zedillo", las comunidades indígenas no son ya entidades de Derecho Público, sino "de interés público" (como los partidos), el reconocimiento de los pueblos y comunidades tendrá que hacerlos cada Constitución estatal (confundiéndose así el orden jurídico federal y los locales), se elimina el derecho de los pueblos indígenas de acceder de manera colectiva al uso y disfrute de sus tierras y territorios, que se ven reducidos a los lugares que habitan y ocupan, y no pueden ya éstos operar y administrar sus propios medios de comunicación.

5. Los pueblos indios, en suma, en el proyecto de reforma constitucional de 2001 no son ya los sujetos de su propio destino, como en el espíritu y la letra de la ley Cocopa, sino meros objetos de las políticas del Estado.

6. El proyecto de reforma constitucional sólo pudo sorprender a quienes no han entendido cuál es la naturaleza del poder político en México y que supusieron que por el hecho de permitírseles hablar a los zapatistas en San Lázaro la reforma ya estaba acordada, sin darse cuenta de que los hechos son muy diferentes a como los medios pretenden explicar. La decisión de las principales fuerzas políticas de acotar a la izquierda social estaba largamente anunciada, aun desde antes del inicio de este sexenio, y no es por lo mismo cosa nueva. Porque no se puede desconocer que quienes votaron la enmienda no fueron sólo los dinosaurios del PRI o Diego y los panistas, sino la totalidad de los presentes en Xicoténcatl, incluyendo a todos los perredistas: lo mismo Jesús Ortega que Lázaro Cárdenas Batel, quienes no pudieron ignorar que lo que estaban aprobando no sólo no se había consensado con los zapatistas, sino que estaba muy lejos de los acuerdos de San Andrés y muy por debajo del Convenio 169 de la OIT que, se supone, ya es norma suprema del país.

7. Las fuerzas económicas dominantes, que se expresan en México a través del PRI y del PAN, pero también del PRD, tenían dos escenarios para impedir que con motivo del reconocimiento constitucional de los derechos fundamentales de los pueblos indios, que resultaba ya ineludible para el régimen foxista, se fueran a conceder a las comunidades indígenas del país derechos políticos y económicos fundamentales, tal y como se había acordado en San Andrés. El primero era aprobar tal cual la ley Cocopa y poner una serie de candados a la legislación secundaria, y el segundo, que al final fue el elegido: tratar de poner los candados desde el propio texto constitucional.

8. La reforma constitucional aprobada por los senadores no puede entenderse, en consecuencia, como una medida insuficiente, hecha con un espíritu gradualista, como pretenden algunos, que dejaría abierta la puerta a la posibilidad de mejorarla en el futuro cuando las condiciones lo permitiesen. Es, por el contrario, un verdadero candado que se pretende poner a las aspiraciones de un amplio sector de los pueblos indios de México y del EZLN, de tener por fin una garantía legal a fin de que las comunidades puedan organizarse desde abajo, en plena libertad.

9. Lo que está a debate en estos inicios del nuevo siglo, no sólo en México, es quién va a decidir el futuro de las comunidades, si el Estado o la sociedad, y la legislación que se pretende imponer no deja lugar a dudas. El principio que se busca consignar en el apartado B del artículo dos constitucional, en el sentido de que es una obligación de las autoridades "impulsar el desarrollo regional" de las zonas indígenas, no es consecuencia de un desconocimiento de sus redactores de que la Constitución no puede constituir un programa de gobierno, y lo que buscaron a todas luces es conferirle no una obligación, sino una prerrogativa al gobierno federal para que, con base en ese precepto, pueda impulsar de manera autoritaria proyectos neoliberales, como el Puebla-Panamá.

10. La reforma constitucional aprobada por los senadores no es definitiva, pues el proceso legislativo aún no se agota y, en principio, la Cámara de Diputados puede aún estudiarla con detenimiento, modificarla y regresársela a los senadores. Lo cierto es, sin embargo, que, después de lo acontecido, el futuro inmediato debe replantearse por todos.