VIERNES Ť 27 Ť ABRIL Ť 2001

Ť "Hemos hecho lo imposible por darnos a entender; no nos están escuchando"

El proyecto del Senado no reconoce nuestros derechos, dice el Congreso Nacional Indígena

Ť Al no tocar el artículo 115 constitucional, buscan que todo siga igual: Adelfo Regino

Ť Llama a la colegisladora a atender intereses de los pueblos, no de los partidos políticos

ANGELICA ENCISO L.

Aunque el proyecto de ley indígena aprobado por el Senado establece la autonomía de los pueblos, no define los mecanismos a través de los cuales se va a ejercer; no admite el territorio de las comunidades y los indígenas no son reconocidos como sujetos de derecho público. Esta ley no reconoce los derechos de los indígenas, concluye Adelfo Regino Montes, del Congreso Nacional Indígena (CNI).

regino1La legislación que desde ayer está en la Cámara de Diputados para su aprobación establece cambios sustanciales de fondo y forma a la iniciativa de la Cocopa, lo cual no es comprensible. "Hemos hecho hasta lo imposible por darnos a entender. Creo que no nos están escuchando", agrega.

Regino Montes, abogado mixe, hace un análisis de los puntos sustanciales que la ley aprobada no retoma de la iniciativa de la Cocopa y que son causa de gran preocupación para las comunidades.

Indica que a pesar de que en el inciso a del artículo dos del dictamen se reconoce a los pueblos y comunidades la libre determinación y la autonomía, se eliminó de manera tajante el párrafo noveno de la iniciativa de la Cocopa, que a la letra dice: "se respetará el ejercicio y la libre determinación de los pueblos indígenas, en cada uno de los ámbitos y niveles en que hagan valer su autonomía, pudiendo abarcar uno o más pueblos indígenas, de acuerdo a las circunstancias particulares y específicas de cada entidad federativa".

Esto, agrega, define el ámbito en que los pueblos pueden ejercer su autonomía, que pueden ser el económico, el político, el social y el jurídico. Además habla de los niveles, que van desde la comunidad y el municipio hasta la región. Los pueblos, en uso del derecho a la libre determinación, tendrían que decidir con libertad el ámbito y el nivel para ejercer su autonomía. Por eso, al eliminarse este párrafo, los mecanismos para hacer posible y eficaz la autonomía quedan anulados.

Sumado a esto, abunda Regino Montes en entrevista, también queda fuera parte del segundo párrafo de la fracción novena de la iniciativa de la Cocopa, que dice: "las comunidades indígenas, como entidades de derecho público, y los municipios que reconozcan su pertenencia a un pueblo indígena, tendrán la facultad de asociarse libremente a fin de coordinar sus acciones".

La diferencia entre derecho público e interés público

En el dictamen final, el texto dice que las comunidades son de interés público, lo cual dista mucho de decir que son sujetos de derecho público. "Lo que los pueblos demandamos es que la comunidad sea un sujeto titular de derechos y obligaciones en el ámbito público, pero al ser consideradas como de interés publico nos despojan de eso. No somos sujetos con derechos y obligaciones en el quehacer público", abundó. Este es un aspecto fundamental porque de eso se trata la autonomía, de "que seamos considerados como sujetos de derecho y podamos tomar decisiones".

Más adelante el documento indica que los municipios deben reconocer su pertenencia a un pueblo indígena, pero en los hechos las cosas son distintas: por ejemplo en Oaxaca hay 418 municipios indígenas y se pregunta qué va a pasar con ellos. "El Senado nulifica en los hechos la práctica de la autonomía y la libre determinación", puntualiza.

La ley del Senado elimina además, explicó, otros aspectos de la iniciativa de la Cocopa que también podrían hacer viable la autonomía y que son necesarios: la remunicipalización y la redistritación electoral ?este último quedó como transitorio. El punto de la redistritación tenía como fin definir mecanismos que son parte de la tradición democrática de los pueblos para la elección de autoridades y de la representación indígena, tanto en la esfera local como para el Congreso de la Unión.

"De qué sirve que digan que puedes elegir tus autoridades, tener tus sistemas normativos, que se va a impulsar el desarrollo regional, si lo central no está reconocido. No existe ese mecanismo para hacer posible la autonomía que ya estaba reconocido en la fracción novena de la iniciativa de la Cocopa", insistió.

Los senadores no quisieron cambiar el artículo 115 de la Constitución y "por eso, incluso en un nivel de burla, hablan de que puede haber asociación o coordinación en el ámbito municipal. Desde su lógica lo que quieren dar a entender es que quieren balcanizar el municipio".

Precisó que "la asociación que los pueblos demandamos está definida en el marco de nuestra propia conformación. Se trata de que los pueblos se unan en el plano regional, más allá de los municipios. Que comunidades y municipios se reconstituyan como pueblos. Esto no creo que sea gran cosa, no es pedir mucho. Es algo elemental, pero al parecer no se entiende, no tocan el artículo 115 porque están en la lógica de conceder derechos para que en la realidad todo siga igual".

Se preguntó de qué sirve un articulado constitucional que tenga consagrado un conjunto de derechos, si en el mismo orden jurídico no están definidos los mecanismos institucionales y organizativos para que los pueblos puedan ejercer libremente esos derechos.

En cuanto a la ausencia de la figura del territorio en el documento final, Regino Montes precisa que en la iniciativa de la Cocopa estaba planteado en la fracción quinta. Eliminar este punto "es discriminación, porque la Constitución sí habla de territorio para el caso de las entidades federativas y los municipios, pero tratándose de pueblos y comunidades indígenas no se puede hablar de él".

En la Constitución, indica, el territorio no es un concepto absoluto de la nación, sino que hay especificaciones en el caso de estados y municipios, pero para el caso de los pueblos no está considerado.

Ante el hecho de que "no nos están escuchando", Regino hizo un exhorto a la Cámara de Diputados para que "haga una reforma acorde a los intereses de los pueblos y no de los partidos políticos".