JUEVES Ť 26 Ť ABRIL Ť 2001
Ť Moratoria, como paso previo a la abolición, demanda
Aprueba comisión en la ONU una resolución contra la pena de muerte
AFP Y REUTERS
Ginebra, 25 de abril. La Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) aprobó hoy aquí una resolución presentada por la Unión Europea que solicita a todos los estados una moratoria en la aplicación de la pena de muerte, como paso previo hacia su abolición.
En la votación, 27 de los 53 estados miembros de la comisión aprobaron la mo-ción, pero en lo que se ha constituido en un ritual anual, Estados Unidos encabezó a los 18 países que votaron en contra, tras argumentar que nada hay en el derecho internacional que proscriba la pena de muerte.
El presidente estadunidense, George W. Bush, respalda firmemente la pena capital, y más de 150 ejecuciones se llevaron a ca-bo en Texas durante los cinco años en que fue gobernador de ese estado, antes de ser elegido presidente.
De los países de América Latina, Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Uruguay, Perú y Venezuela aprobaron el texto, mientras que Guatemala y Cuba se abstuvieron.
El pasado 30 de marzo, el presidente francés, Jacques Chirac, al dirigirse a la comisión, hizo un llamamiento para la "abolición universal de la pena de muerte", y recordó que "ninguna justicia es infalible" y que "en cada ejecución puede morir un inocente".
Segun los términos de la resolución, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU se muestra "profundamente preocupada" tras constatar que varios países aplican la pena de muerte a menores de 18 años, sin tener en cuenta los límites previstos por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y por la Convención de los Derechos del Niño.
La resolución solicita igualmente los países que mantienen la pena de muerte no ejecuten enfermos mentales y no la apliquen a delitos finacieros no violentos, así como a actos pacíficos relacionados con la práctica religiosa o la expresión de las convicciones.
Por otro lado, la comisión decidió crear por un periodo de tres años el cargo de relator especial sobre la situación de los derechos humanos de las poblaciones autóctonas, al tiempo que llamó a los gobiernos a aceptar las investigaciones del relator especial de la ONU sobre casos de tortura y malos tratos.