que "de ninguna manera se recurrió a la obtención de antecedentes personales, religiosos o políticos para realizar un trabajo de neto índice profesional".
JUEVES Ť 26 Ť ABRIL Ť 2001
Ť En pie de guerra la oposición peronista ante la posible investigación de Menem
Destituye Fernando de la Rúa al presidente del Banco Central
Ť Pedro Pou está procesado por administración fraudulenta y maniobras delictivas contra bancos
Ť Despide el jefe del ejército argentino a su abogado por participar en una organización neonazi
AP, AFP Y REUTERS
Buenos Aires, 25 de abril. La posibilidad de que el ex presidente argentino Carlos Menem sea indagado por la justicia en la causa por la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador puso en pie de guerra a la oposición peronista, la cual podría en-torpecer los planes económicos del gobierno argentino, que hoy decidió destituir al presidente del Banco Central, Pedro Pou, un fervoroso partidario de la dolarización, que en cinco años de gestión que se prolongaron desde la administración menemista acumuló al menos 15 causas judiciales.
En el ámbito militar, entre tanto, el jefe del ejército, Ricardo Brinzoni, despidió a su abogado, luego que un organismo no gubernamental defensor de los derechos humanos denunciara que es militante de una organización neonazi, informó el vocero del ejército.
Se trata del abogado Juan Enrique Torres Bande, apoderado y segundo jefe del Partido Nuevo Triunfo, organización de la ultraderecha argentina que reivindica la memoria de Adolf Hitler.
El titular del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el periodista Horacio Verbitsky, dijo al diario Página12 que Torres Bande es el abogado elegido por el jefe del ejército para representarlo en la solicitud de habeas da-ta presentada a la Subsecretaría de Derechos Humanos del gobierno, y a dos entidades de derechos hu-manos, una de ellas el CELS.
Brinzoni y unos 600 oficiales del ejército pidieron que se les in-formara si obra en los archivos de esos organismos evidencias que los involucren en violaciones a los derechos humanos cometidas du-rante la última dictadura militar, de 1976 a 1983.
El CELS respondió el pasado martes que existen pruebas que comprometen apenas a nueve de los 600 oficiales que hicieron la solicitud, pero entre ellos señaló al propio Brinzoni.
Ley de fuga en el Chaco
El actual jefe del ejército habría tenido conocimiento o participación en el fusilamiento de una veintena de detenidos políticos en la provincia del Chaco, de cuya intervención militar era secretario en 1976, pero la versión oficial del ejército argentino es que los detenidos murieron en "un intento de fuga", lo que fue desmentido por testigos y sobrevivientes.
Verbitsky calificó de "inconcebible promiscuidad" la denunciada relación entre la conducción del ejército y los grupos neonazis, pero el vocero de esa fuerza, coronel Gustavo Gorriz, justificó la elección del abogado al asegurar
que "de ninguna manera se recurrió a la obtención de antecedentes personales, religiosos o políticos para realizar un trabajo de neto índice profesional".
Sin embargo, toda la atención se centró hoy nuevamente en la economía, con la destitución de Pedro Pou, decisión adoptada por el presidente Fernando de la Rúa luego de un dictamen desfavorable a aquél emitido por una comisión bicamaral que investigó las numerosas denuncias en su contra, en particular una sobre lavado de di-nero, ventilada en marzo pasado en el Senado de Estados Unidos.
Pou, fundador de un centro de estudios donde se alinean los llamados Chicago Boys o economistas ortodoxos, asumió la presidencia del Banco Central de la República Argentina en 1996, cuando su entonces titular, Roque Fernández, fue designado por Menem como ministro de Economía, en remplazo de Domingo Cavallo, actual titular de esa cartera.
Pou está procesado por administración fraudulenta y maniobras delictivas que llevaron al cierre de varios bancos, entre otros procesos, e imputado en una denuncia de ex ahorristas del ahora quebrado Banco Patricios, así como por "incumpimiento de los deberes de funcionario público", al no haber detectado o impedido las maniobras de lavado de dinero por 4 mil 400 millones de dólares.
Asimismo, ha sido denunciado por la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos por "retener indebidamente" fondos destinados a programas sociales para personas discapacitadas y enfermos de sida.
Pero el detonante de su salida fue su abierto enfrentamiento con Cavallo, al rechazar su iniciativa de implantar una política monetaria expansiva para impulsar la reactivación económica.
El Banco Central es además una organización clave para el funcionamiento del régimen monetario que tiene el sistema de convertibilidad, por cuanto controla que por cada peso en circulación exista un dólar de respaldo en reserva.
La paridad, callejón sin salida
La paridad del peso argentino con el dólar estadunidense fue aplicada en abril de 1991 por Cavallo, quien busca actualmente incorporar el euro al sistema en el llamado plan de Convertibilidad II.
Un decreto presidencial designó a un allegado del ministro Cavallo, el pragmático Roque Maccarone, para ocupar la presidencia del Banco Central, luego de acusar a Pedro Pou de "cumplimiento negligente de sus funciones de control del nuevo flagelo que azo-ta a nuestras democracias modernas, el lavado de dinero".
También fue cuestionado por "la prédica y el impulso de decisiones incompatibles con la defensa del valor de la moneda, como propugnar abiertamente la dolarización de la economía mediante la eliminación de la moneda nacional".
Pou, según informes de la prensa argentina, intentará resistir su desplazamiento recurriendo a la justicia para cuestionar el dictamen de los legisladores.
En otra designación, el diputado Juan Pablo Cafiero aceptó asumir el Ministerio de Desarrollo Social, lo cual representaría el regreso del centroizquierdista Frente País So-lidario a la oficialista Alianza, que conforma junto a la socialdemócrata Unión Cívica Radical.
Maccarone, por su lado, ocupó también un cargo durante 1996 en la presidencia del Banco Nacional, principal entidad estatal de crédito, entonces sacudido por el escándalo del pago de soborno por equipamiento informático de la multinacional IBM.
Según los analistas políticos, el gobierno del presidente De la Rúa se vio obligado a actuar con rapidez en el caso de Pou, en un intento por tranquilizar a la inquieta plaza financiera.
Nuevo frente de tormenta política
Sin embargo, otro frente de tormenta política se abrió luego que el fiscal federal, Carlos Stornelli, pidió durante la víspera a la justicia que cite a Menem para explicar su responsabilidad en el escándalo de la venta de armas.
El pedido llevó a que detractores y seguidores de Menem en el Partido Justicialista (peronista, el ma-yor de oposición), cerraran filas en torno a su figura y amenazaran con boicotear las leyes que envíe al Congreso el ministro Cavallo, hasta que se frene lo que ellos llaman una "campaña sucia" en contra de su partido.
La carta de negociación del pe-ronismo es su control sobre el Se-nado, en momentos en que Cavallo necesita su apoyo para el proyecto de Convertibilidad II, que algunos consideran como una de-valuación encubierta.
Este miércoles, la Cámara de Diputados debió suspender una sesión en la que iba a debatir la norma, luego que el presidente del bloque peronista, Humberto Roggero, decidió postergar el asunto para manifestar así su desacuerdo con la decisión del fiscal.
La citación judicial de Menem se basa en que el ex mandatario peronista firmó --entre 1991 y 1995-- junto a varios ministros tres decretos autorizando la venta de armamento a Panamá y Venezuela, envíos que en realidad fueron a parar a Ecuador y Croacia, cuando estos países estaban en-vueltos en conflictos bélicos.
Consultado el fiscal Stornelli so-bre si es inconcebible una citación a Cavallo, quien fue canciller de Menem durante una de esas operaciones, respondió que "no", sin dar más detalles.