JUEVES Ť 26 Ť ABRIL Ť 2001

Magdalena Gómez

La reforma mutilada

El Senado dictaminó un texto de reforma que deja a medio camino el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. El nuevo contenido del artículo segundo de la carta fundamental establece en un primer apartado el reconocimiento de la libre determinación y de la autonomía para los pueblos indígenas, con una serie de derechos importantes, aunque provistos, cada uno, de toda una cerrajería; por ejemplo, se evitó señalar que el acceso al uso y disfrute de recursos naturales se dará en sus tierras y territorios, y fue sustituido por "los lugares que habitan u ocupan".

En un siguiente apartado se insertó la ratificación de la política indigenista con base en un listado de programas sociales que a varias décadas de priísmo le dieron tan malos resultados. Sin duda, entre algunos legisladores existe la percepción tradicional de que lo que cuentan son las políticas públicas, las llamadas obligaciones del Estado.

Para esta adición a la iniciativa de la Cocopa poco importaron las consideraciones de técnica jurídica. Se olvidaron de que la Constitución tiene dos grandes objetivos: determinar los derechos y organizar al Estado. Las obligaciones que le resulten en términos de políticas y programas van en las leyes.

Con base en la libertad del legislador se definió que es lo que a su juicio resulta verdaderamente importante. Así, se considera a los derechos como meras declaraciones frente a la fuerza de las obligaciones del Estado. Y no es que exista oposición a que se hagan caminos, clínicas o se den becas de estudios o despensas, tampoco es que se desconozca la grave situación de los pueblos indígenas en materia de acceso a los mínimos de bienestar. Precisamente, se trata de obtener derechos para que los pueblos se reconstituyan, y como nuevos sujetos políticos participen con otros sectores de la sociedad para lograr un Estado con responsabilidad social, en una lógica distinta que parta del respeto real a la diversidad cultural.

Siguiendo con la autonomía del Congreso, se decidió también que había que evitar a toda costa el consignar como derechos aquellos aspectos que en la iniciativa de la Cocopa se plantearon como vías para aterrizar la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas.

Reconocer constitucionalmente la libre determinación y la autonomía, y a la vez negar que ésta tenga implicación para su ejercicio en los ámbitos territoriales en que están ubicados, refleja por lo menos incomprensión sobre el sentido de esta reforma. Se tuvo especial empeño en suprimir de la propuesta el contenido planteado para el 115 constitucional, que era un puente de acceso para la reivindicación del ejercicio de los derechos que dan contenido a la autonomía. El derecho para asociarse se limitó a las comunidades indígenas, alegando que ya existe para los municipios. Para ello no se consideró que no todos los pueblos indígenas tienen la aspiración de convertirse en municipios, y que algunos de ellos están ubicados en varios o en municipios que pertenecen a dos entidades federativas. El reconocimiento de las comunidades como entidades de derecho público se impuso que fuera como entidades de interés público, y se delegó a los estados la definición de las normas para tal efecto.

Nada logró el PRD en su esfuerzo por revertir estas posiciones. Se impuso la lógica de la cantidad de votos y de las negociaciones entre partidos, porque la fuerza y la autoridad no se logran con los argumentos jurídicos y políticos que puedan esgrimirse. No se consideró que la iniciativa de la Cocopa era producto de una negociación, que no expresaba sólo la voluntad de los pueblos indígenas, que ya les llegaba con candados y acotaciones. Conscientemente, los partidos mayoritarios le dieron la espalda al movimiento social real que se ha movilizado y pagado costos para impulsar la propuesta que estaban dictaminando. De manera destacada, al EZLN, al Congreso Nacional Indígena y a los amplios sectores de la sociedad civil nacional e internacional.

Esa reforma representaba la llave de acceso para el proceso de paz, pero, lamentablemente, nuestros legisladores optaron por ser porteros antes que parteros.