MIERCOLES Ť 25 Ť ABRIL Ť 2001

Ť En Tapachula, Chiapas, ocurre el mayor tráfico sexual de menores

Ganancias millonarias por explotación infantil

Ť Con ese dinero se podría educar a todos los niños del mundo, dice la titular del DIF

VICTOR BALLINAS Y ANDREA BECERRIL

La directora del DIF, Ana Teresa Aranda Orozco, informó ayer ante senadores que esa institución continuará adscrita a la Secretaría de Salud, hasta que el Congreso de la Unión modifique la Ley de Asistencia Social y la canalice a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), tal y como lo ha propuesto el presidente Vicente Fox .Al comparecer ante comisiones unidas de Desarrollo Social, Salud y Seguridad Social, y de Equidad y Género del Senado de la República, la funcionaria destacó que la explotación sexual infantil afecta a 17 mil menores que se ubican principalmente en las zonas fronterizas, las turísticas y grandes ciudades.

Las mafias internacionales preparadas "para tomar de rehenes a nuestros niños y ocupar sus cuerpos para obtener recursos" obtienen ganancias por 7 billones de dólares; con ese dinero se podría educar a todos los niños del mundo, añadió la titular del DIF.

Acapulco -según los estudios del propio DIF y del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS)- constituye uno de los lugares con mayor tráfico sexual infantil, y desde luego Cancún; pero sin duda, resaltó, Tapachula, Chiapas, es el lugar donde ocurre el mayor tráfico sexual de niños.

Otras ciudades en las cuales este fenómeno es preocupante son Ciudad Juárez, Tijuana y Guadalajara, entre otras.

Anunció que a finales de mayo se llevará a cabo en Cancún, Quintana Roo, una reunión nacional sobre los problemas del comercio sexual infantil, con el propósito de generar un proyecto para su atención.

Otro de los problemas que preocupan al DIF lo constituyen los menores que trabajan, que de acuerdo con un estudio de Unicef suman en el país 114 mil menores, y se les ubica en 101 ciudades, señaló la funcionaria; como ejemplo, puso el caso del Distrito Federal, donde se tienen detectados 14 mil menores que trabajan.

Otro grave problema, expuso, es la repatriación de menores en la frontera norte, pues se deporta anualmente a 40 mil niños, y "el DIF, a través del programa institucional -en el que participan Conapo, INI, Programa Paisano, la Secretaría de Relaciones Exteriores, y el Instituto Nacional de Migración- apenas atiende a 7 mil 620". Hacen falta recursos, pues "no sabemos cómo se las arreglan los demás menores para llegar a sus casas o con sus familias, y ésa es una obligación del DIF",

Insistió la funcionaria en que es necesario que se incremente el presupuesto al DIF, pues en los últimos tres años, éste no se ha incrementado, y por el contrario, la población que requiere ayuda ha aumentado.

Dijo que en el caso del programa de menores repatriados, los recursos para el programa dependen de los DIF municipales, "el DIF nacional, la SRE y el Instituto Nacional de Migración les enviamos muy poco dinero, y cuando los niños que deporta la migra son puestos en manos del DIF, nosotros somos la autoridad encargada de su tutela, su atención en salud, tanto física como psicológica, albergue, vestido, alimentación e incluso se les paga el transporte para llegar con sus familiares".

En la sesión de preguntas, la senadora priísta Martha Sofía Tamayo Morales cuestionó a la directora del DIF el hecho de que la Subsecretaría de Asuntos Religiosos -de la Secretaría de Gobernación- haya enviado a todos los directores estatales del DIF el oficio 200.100.00.0086/2001, a través del cual les solicita que den todo tipo de facilidades a las iglesias, a fin de que otorguen servicios espirituales en todas las instalaciones de esa institución, en los centros penitenciarios y de salud.

Sin embargo, abundó la senadora, de todos es muy sabido que hay una práctica, " yo diría que muy conveniente, pero a título personal, en la que los centros de salud o de reclusión reciben apoyo espiritual respecto de la Iglesia a que pertenece un enfermo o preso al que se le tiene que dar el último contacto con su religión, pero me temo que sería muy delicado extenderlo como un programa institucional, que además ya tiene metas medibles cada tres meses; eso transgrede el principio de separación entre la Iglesia y el Estado".