Ť Respira ligeramente Argentina luego de una jornada tranquila en los mercados

Solicita fiscal la citación indagatoria de Menem

Ť Existe "estado de sospecha" de que estuvo involucrado en la venta ilegal de armas, dice

STELLA CALLONI CORRESPONSAL

 Buenos Aires, 24 de abril. El fiscal federal argentino Carlos Stornelli solicitó hoy la citación indagatoria de Carlos Menem, ya que existe un "estado de sospecha" de que el ex mandatario podría tener responsabilidad como "jefe de una asociación ilícita" en el caso que juzga la venta ilegal de armas argentinas Croacia y Ecuador entre 1991 y 1995.

Entre tanto, el país respiró ligeramente hoy después con una jornada tranquila de los mercados (con un alza de 2 por ciento en la bolsa) tras las bajas sufridas desde el jueves, mientras ya circula el nombre del eventual remplazamente del cuestionado Pedro Pou al frente del Banco Central.

Ahora, le toca al juez Jorge Urso resolver el pedido del fiscal Stornelli para la citación indagatoria al ex presidente peronista, quien ya había declarado como testigo sosteniendo que "las armas iban a Panamá", país que no tiene ejército desde la invasión estadunidense de diciembre de 1989.

Los senadores justicialistas salieron esta noche a llamar a una asamblea peronista para tratar esta citación, a la que pretenden vincular a una "persecución política".

Menem, por otro lado, fue denunciado hoy ante la justicia por tres diputados disidentes del oficialismo por "intimidación pública", al llamar el viernes pasado a la población a deshacerse de los pesos argentinos y convertirlos "lo más rápido posible" en dólares, mientras otra demanda por ese mismo llamado fue interpuesta por un ciudadano de Río Negro, quien acusó al ex mandatario de "traición a la patria".

Las nuevas decisiones en el marco del escándalo de la venta de armas se toman después de seis años en que la causa da vueltas por los juzgados, y tras una larga investigación que ha dejado testigos muertos o "suicidados" --como dan entender al-gunos medios y testimonios--, lo que de-muestra el entorno mafioso de este caso, uno de los emblemáticos de la corrupción durante la década de gestión menemista.

El caso se disparó de nuevo cuando Luis Sarlenga, a cargo de Fabricaciones Militares cuando se realizó la venta, ahora excarcelado bajo una abultada fianza, se decidió hablar, pese a haber sido amenazado, confesión que llevó a la detención el ex asesor de Menem, su ex cuñado Emir Yoma.

Stornelli señaló hoy que existe el estado de sospecha suficiente, en base a pruebas acumuladas en seis años, para indicar que Menem fue "jefe de una asociación ilícita".

El tráfico de armas fue posible a través de varios decretos firmados por el presidente, que autorizaron la venta a Panamá y a Ve-nezuela, pero las armas fueron finalmente a Ecuador --cuando este país estaba en guerra con Perú-- y Croacia, sobre el cual pe-saba entonces una veda de venta de armas.

A lo largo de la investigación se ha de-mostrado que el gobierno de Menem, y es-pecialmente la cancillería a cargo de Guido di Tella, tuvieron suficiente información de diplomáticos y militares sobre lo que estaba sucediendo.

Stornelli también reclamó que sean citados a declarar el ex ministro de Defensa Antonio Erman González y el general Martín Balza, ex jefe del ejército, por entendr que fueron "organizadores" de la maniobra.

En tanto, el gobierno de Estados Unidos, que ha sido renuente a numerosos pedidos de los jueces argentinos para enviar datos sobre este tema o las rutas del lavado de di-nero, dijo ahora que se "dará trato prioritario" a las solicitudes actuales de los magistrados, que buscan datos sobre un banco en Nueva York involucrado en el caso de las armas y sobre una línea aérea estadunidense que trasladó las armas.

Por otra parte, la Comisión Bicameral del Congreso que estudió los datos sobre lavado de dinero, asociación y enriquecimiento ilícito y otros de Pedro Pou, que se niega a renunciar y que se encuentra en enfrentamiento con las políticas del ministro de Economía Domingo Cavallo, entregó su dictamen el presidente Fernando de la Rúa.

El mandatario deberá decidir en base a este informe reservado, pero los rumores periodísticos señalan que la recomendación de los legisladores es que Pou debe irse.

De la Rúa se encuentra ante una decisión difícil: si mantiene a Pou perderá credibilidad ante su propio partido, la Unión Cívica Radical, y la opinión pública, y ya se maneja el nombre de Roque Maccarone, allegado de Cavallo, para el puesto. Pero algunos medios sostienen que hay presiones internas y externas para que este hombre, que "sabe demasiado", continúe en su cargo.