MIERCOLES Ť 25 Ť ABRIL Ť 2001
Ť Se distorsionará el mercado aéreo nacional pues se creará un monopolio: CFC
La reforma a la ley de competencia obligará al Estado a hacer rescates de empresas aéreas
Ť La iniciativa tiene un sesgo proteccionista y de privilegio, dicen abogados
PATRICIA MUÑOZ RIOS
De ser aprobada la reforma a la Ley Federal de Competencia Económica que será votada en las próximas horas en la Cámara de Diputados, se provocará una distorsión total del mercado aéreo nacional, pues se creará un monopolio en la aviación con efectos negativos sobre los consumidores nacionales, así como un clima de discriminación y competencia inequitativa entre las empresas de este sector y, lo más grave: el Estado quedaría de nueva cuenta obligado a cubrir pérdidas o ''rescates'' futuros.
Informes internos de la Comisión Federal de Competencia Económica, así como análisis elaborados por la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de Aviación y Similares, advierten que esta reforma viola diversos artículos de la Constitución, así como otros preceptos jurídicos, además de que dejaría a la aviación en condiciones de gran ineficiencia y sobrerregulación.
En la propuesta de adición al artículo cuarto de la Ley Federal de Competencia -que fue redactada por el mismo equipo legal defensor de Carlos Cabal Peniche-, se establece que se declare a la aviación comercial como área prioritaria del desarrollo nacional y de interés público; que el Estado participe en estas empresas y operen como aerolíneas ''bandera'', además de que el gobierno mantenga normas que rijan estas empresas y tenga derecho de veto en cualquier decisión que se tome sobre las mismas y también que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes quede facultada para regular las tarifas.
El análisis jurídico y económico realizado por la comisión y otros organismos indica que esta modificación viola el artículo 28 de la Constitución que prohibe la formación de monopolios, ya que se crearía uno en la aviación que tendría carácter estatal. Además, pretende adicionar una nueva área prioritaria a las ya establecidas y lo peor es que sería excluyente porque no se le daría a toda la industria este carácter sino sólo dos empresas serían denominadas ''prioritarias''.
La iniciativa también propone otorgar al Estado el derecho de vetar cualquier decisión tomada por las aerolíneas denominadas ''bandera'', lo que estaría creando un control directo del Estado sobre este sector que podría provocar a la larga que disminuyera la inversión en la aviación civil.
La Barra Mexicana del Colegio de Abogados establece que la iniciativa no está apoyada en ningún plan estratégico de desarrollo de la aviación; no demuestra por qué la aviación comercial deba operar como monopolio por encima de los intereses de los usuarios, competidores y otras industrias relacionadas; se propone una fórmula en la que el gobierno permanecería como accionista con poder de veto, lo que va a impedir la atracción de inversiones y disminuir la capacidad gerencial; además, se tiene un sesgo proteccionista y de privilegio, crea excepciones legales y no responde a los nuevos tiempos.
En el análisis del IPAB se señala que con esta propuesta el Estado quedaría obligado a cubrir pérdidas y realizar rescates futuros de estas empresas, además de que ''llevaría al peor de los mundos: el de un monopolio que explota al consumidor final y frena el crecimiento de la aviación''.
En tanto, el Sindicato Nacional de Trabajadores de Aviación y Similares estableció que ''los trabajadores de aviación no estamos de acuerdo con la adición absurda a la Ley Federal de Competencia pues es una errónea hipótesis que lleva a la destrucción de las líneas aéreas nacionales, con la constitución de un monopolio, el impedimento de la venta por separado de Aeroméxico y Mexicana y su fusión en una línea-bandera''.
Extraoficialmente se conoció que la iniciativa fue redactada por el equipo de Salvador Rocha Díaz, abogado de Cabal Peniche; que los precios de las dos aerolíneas se irían al piso con la aprobación de esta reforma, que los integrantes de la subcomisión que analiza esta iniciativa no han querido dar derecho de audiencia a ninguno de los funcionarios expertos en la materia y que atrás de la compra de estas dos aerolíneas están los grupos de Vázquez Raña y de la familia Saba.