Ť Existen mil 310 presos por delitos federales

Serán liberados este año más de 340 indígenas

Ť CNDH, INI y fiscalía especializada de la PGR integran expedientes de quienes podrían alcanzar la preliberación
 

GUSTAVO CASTILLO GARCIA
 
Este año obtendrán su libertad más de 340 indígenas, de un total de mil 310 que permanecen presos en la República acusados de haber cometido delitos federales, principalmente contra la salud. La mayoría pertenece a etnias como la zapoteca, tzotzil, nahuatl, maya, mixteca y tarahumara.

De los mil 310, más de 90 por ciento no habla ni comprende el idioma español. Su pobreza extrema y la ignorancia los condujo a prisión, en algunos casos, junto con toda su familia.

Lejos de su tierra, en cárceles donde tardan de tres a cinco meses para darse a entender con los otros reos, purgan penas que van de 5 a 20 años sin derecho a la libertad bajo fianza.

Para este tipo de personas la Procuraduría General de la República (PGR) ha instrumentado un programa con el cual pretende que obtengan su libertad lo antes posible. La Fiscalía Especializada para la Atención de Asuntos Indígenas (FEAI), en colaboración con el Instituto Nacional Indigenista (INI) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), integra expedientes de indígenas que están a punto de cumplir los requisitos de preliberación y promueve su libertad ante la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

En entrevista con La Jornada, Mauricio Camacho González, titular de la FEAI, aseguró que para la primera semana de mayo el órgano que dirige obtendrá la libertad anticipada de cien indígenas, de un total de 156 casos gestionados en lo que va del año ante la SSP.

La FEAI fue creada el 17 de junio de 1994, por acuerdo del entonces procurador Antonio Lozano Gracia, "para mejorar el acceso de los indígenas a la procuración de justicia". Tiene facultad para "intervenir y dar seguimiento a todos los asuntos del orden federal en estado de averiguación previa, proceso, ejecución de sentencias y amparo", así como gestionar beneficios de ley a indígenas y traslados a otros centros de reclusión distintos a donde están encarcelados, más cercanos a su comunidad.

Camacho González dijo que "la mayor parte de la población indígena recluida por un delito federal vive en pobreza extrema, situación que los lleva ser utilizados por gente de organizaciones dedicadas a la venta o tráfico de drogas".

Explicó que la PGR instrumentó un programa para atender a la población indígena sentenciada o procesada. En el caso de los procesados la fiscalía analiza en qué etapa está el proceso para aportar "al Ministerio Público una opinión que le permita formular conclusiones no acusatorias, lo que lleva al juez de la causa a liberar al indígena al dictar una sentencia absolutoria".

Señaló que el programa de visitas a los centros de reclusión empezará en mayo y se atenderán Chiapas, Morelos, Hidalgo, Guerrero, estado de México y Veracruz, donde existen 391 indígenas encarcelados que enfrentan 297 causas penales.

Indicó que en estas entidades están las tres de mayor incidencia delictiva: Chiapas, Guerrero y Veracruz, donde existen 353 indígenas presos, pero Oaxaca y Nayarit también están consideradas como entidades con alta incidencia delictiva indígena en el ámbito federal.

De acuerdo con las estadísticas de la FEAI, de los mil 310 presos 371 están bajo proceso y 939 ya fueron sentenciados, mil 181 son hombres y 129 mujeres.

Detalló que 948 fueron acusados por delitos contra la salud, 145 por violar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, 37 por violar la Ley General de Población, 30 por delitos patrimoniales y 29 por ilícitos ambientales.

El funcionario, que depende de la Dirección General de Protección a los Derechos Humanos de la PGR, dijo que representantes de la fiscalía han visitado comunidades indígenas, centros coordinadores del INI, y estaciones de radio para promover acciones preventivas de los delitos.