En el contexto de la tercera Cumbre de las Américas, que concluyó ayer en Quebec, Canadá, los mandatarios de los tres países integrantes del Tratado de Libre Comercio de América del Norte dieron inicio formal a los trabajos para conformar un acuerdo trilateral de cooperación energética. En este ámbito, la complementariedad de las tres economías es evidente --Estados Unidos es un importador neto de hidrocarburos y energía eléctrica, mientras que Canadá y México son naciones exportadoras--, pero ese dato no debe ser tomado como el único elemento de juicio para comprender la perspectiva de un convenio regional de integración energética. Es preciso, además, tomar en cuenta otras circunstancias políticas y económicas trilaterales y bilaterales que entrarán en juego a la hora de las negociaciones. 

En este sentido, el primer factor que debe considerarse es la asimetría política que caracteriza las relaciones mexicano-estadunidenses, que representa una desventaja de inicio para nuestro país y que suele expresarse, a la hora de las negociaciones bilaterales, bajo la forma de presiones diplomáticas y comerciales por parte del vecino del norte. La conciencia de esa desigualdad es fundamental para evitar que, en el caso presente, se repita la firma de términos lesivos e inconvenientes para nuestro país, como ocurrió en 1993 con el Tratado de Libre Comercio. 

En el ámbito energético es mucho y muy importante lo que podría ponerse en riesgo en una negociación trilateral, empezando por la soberanía nacional sobre la industria petrolera y eléctrica, y el carácter de propiedad pública y estratégica de las industrias respectivas. Como constante histórica, Washington ha presionado al Estado mexicano para que desista de esa soberanía y de esa propiedad pública, y no hay razones para suponer que en esta ocasión adoptará una actitud diferente. Si las autoridades nacionales pretenden llegar a las negociaciones energéticas con el respaldo social que requieren, es necesario que establezcan claramente su compromiso de defender la soberanía y el carácter público del sector energético. 

En otro sentido, es claro que la cooperación energética, que es un tema fundamental para Estados Unidos, ofrece a México una excelente oportunidad para poner sobre la mesa el asunto de la libertad de tránsito entre ambos países, pugnar por condiciones de vida y trabajo dignas y justas para los connacionales que acuden a la nación vecina en busca de trabajo, y corregir uno de los aspectos más aberrantes del TLCAN en sus términos actuales, que es la pretensión del libre intercambio de capitales y mercancías con una simultánea prohibición de tránsito para los seres humanos.