sabado Ť 21 Ť abril Ť 2001

Miguel Concha

Relator para jueces

El señor Dato' Param Cumaraswamy, originario de Malasia y relator especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados de la Organización de Naciones Unidas (ONU), estará de visita en México, del 14 al 24 de mayo próximo.

Antes, han venido relatores en materia de Tortura y Ejecuciones Extrajudiciales, así como la relatora sobre Prostitución Infantil y Tráfico de Menores, la presidenta del grupo de trabajo sobre los Derechos de los Pueblos Indios y la alta comisionada para los Derechos Humanos. Su visita es bienvenida, pues uno de los rezagos más graves en materia de derechos humanos es justamente, después de la seguridad pública, la procuración y administración de justicia.

En el marco de la 57 Comisión de Derechos Humanos, la embajadora Mariclaire Acosta se entrevistó con Dato' Param Cumaraswamy en Ginebra para definir su programa que cubra de manera amplia y representativa estos aspectos.

El relator ha manifestado su interés en visitar la ciudad de México y uno o dos estados más, entre ellos Chihuahua, Tlaxcala, Nayarit, Campeche o Jalisco, para conocer de cerca el funcionamiento de las procuradurías y de los tribunales federales y locales.

Su mandato se fundamenta en la resolución 1994/41 de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que pidió a su presidente nombrar un relator especial con las siguientes facultades: A) Investigar toda denuncia que se le transmita e informar sobre sus conclusiones; B) Identificar y registrar no solamente los atentados a la independencia del Poder Judicial, de los abogados y del personal y auxiliares de la justicia, sino también los progresos realizados en la protección y el fomento de esta independencia, y hacer recomendaciones concretas, incluso sobre asistencia técnica o servicios de asesoramiento, a los Estados interesados, cuando éstos lo soliciten; y C) Estudiar, por su actualidad e importancia, y con miras a formular propuestas, cuestiones de principio, con el fin de proteger y afianzar la independencia del Poder Judicial y de la abogacía.

Las resoluciones aprobadas por la comisión en su 55 periodo de sesiones, que podrían enmarcar también la problemática que enfrenta México y sobre las cuales se ha pedido con anterioridad la atención del relator con respecto a otros países, son: la 1999/34, que se refiere a la impunidad; la 1999/36, sobre el derecho a la libertad de opinión y de expresión; la 1999/41, sobre la integración de los derechos de la mujer en todo el sistema de Naciones Unidas; la 1999/48, sobre los derechos de las personas pertenecientes a las minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas, y la resolución 1999/80, sobre los derechos del niño.

Dentro de la agenda preliminar que desarrollará destacan las entrevistas que sostendrá, entre otros, con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los ministros presidentes de la primera y segunda salas, los miembros de las comisiones de Justicia de las Cámaras, así como con autoridades de PGR, CNDH, Procuraduría de Justicia Militar y el INI. Se entrevistará igualmente con los presidentes de la CDHDF, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, académicos, barras de abogados y representantes de ONG.

Entre las propuestas que hicieron las ONG para la visita del relator está la de visitar los Centros Federales de Readaptación Social, que es donde se originan violaciones graves a los derechos humanos de los abogados defensores durante el ejercicio profesional de sus funciones y en perjuicio de sus defendidos y sus familiares. También se sugirió que no sólo se entrevistara con la Secretaría de la Defensa Nacional, sino principalmente con la Procuraduría de Justicia Militar, donde las ONG defensoras de derechos humanos no han tenido respuesta acerca de las investigaciones que ésta hace sobre violaciones a derechos humanos de sus elementos en contra de civiles.

Otro de los puntos importantes que debería considerar el relator son las amenazas y hostigamientos que han sufrido los abogados defensores de presuntos militantes de grupos guerrilleros, como es el caso del abogado Israel Ochoa en Oaxaca.