Ť Para recabar los $130 mil millones que se pretenden bastaría con "tapar agujeros"

Guardar la presunta reforma hacendaria en el archivo muerto, propone diputación del PRD

Ť Se pierden $460 mil millones al año por corrupción, derroches y evasión: Martí Batres

Ť La campaña en radio y televisión, gasto superfluo ante el aplazamiento del debate

ENRIQUE MENDEZ

El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados propuso a las otras fuerzas políticas guardar la iniciativa de reforma hacendaria del presidente Vicente Fox "en el archivo muerto, en el cajón de las ignominias", porque además de presentar "todo al revés", es "muy corta de miras".

Durante el foro Reforma fiscal, organizado por la bancada perredista en San Lázaro, el coordinador de esa fracción, Martí Batres Guadarrama, expuso que si el gobierno de la República pretende recabar 130 mil millones de pesos adicionales, no hace falta una reforma fiscal. Sería suficiente sanear las finanzas públicas y que el Ejecutivo se decida a "tapar los agujeros", expresó.

Detalló que cada año se pierden 120 mil millones de pesos en corrupción, 40 mil millones en derroches y gastos superfluos, así como 300 mil millones más por la evasión del pago de los impuestos sobre la renta y al valor agregado, a los que ahora se suman los 12 millones de pesos que --afirmó-- el presidente Fox gasta diariamente en promover por radio y televisión su iniciativa de gravar con el IVA alimentos y medicinas.

El diputado federal informó que se propondrá en la Junta de Coordinación Política que se presente al pleno un punto de acuerdo para que el Presidente cancele los anuncios de radio y televisión. "¿Qué sentido tiene ese derroche, si la discusión sobre su reforma se aplazó? Dejarla sería un abuso, y si el tema está pospuesto, es un gasto irracional", declaró.

"La propuesta --dijo-- tiene todo al revés: sube el 15 por ciento del IVA a los pobres y el ISR se los baja a los ricos 20 por ciento. Quieren redistribuir la pobreza. Se gastan 80 mil pesos en un hotel, pero quieren dinero para la obra social. Se gastan 12 millones en publicidad y dicen que no tienen dinero. Tienen un secretario de Hacienda que fue el operador de los errores de los anteriores gobiernos. Dicen que es una iniciativa valiente, pero no tienen la valentía de gravar las operaciones bursátiles ni quieren terminar con los paraísos fiscales ni con la maquila."

Además, abundó, constitucionalmente no se puede aprobar esta iniciativa porque los ingresos y el gasto son aprobados cada año, y el gobierno no justifica en qué se gastaría los recursos adicionales por la aplicación del IVA en alimentos y medicinas. "¿Cómo vamos a aprobar un presupuesto adicional, si no lo podemos auditar en la cuenta pública?", cuestionó.

Así, convocó al Ejecutivo y a los otros partidos políticos a asumir una "discusión responsable", y trasladar el debate hasta el primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio de la actual Legislatura, cuando sí será posible discutir la aprobación de nuevos ingresos para el año fiscal 2002. "Esta iniciativa no se puede aprobar con los dedos en la puerta o contra la pared", atajó.

Por su parte, la presidenta del PRD, Amalia García Medina, afirmó en el mismo foro que el gobierno de Vicente Fox pretende reducir el reformón a una política impositiva, pero soslaya el debate sobre el destino de los recursos que se pretende recabar con la aplicación del IVA a alimentos y medicinas.

El gobierno foxista, agregó, insiste en gravar a los que menos tienen, en lastimar a las clases medias y en golpear a los pequeños y medianos empresarios, pero no toca a los grandes consorcios. Además, dijo, el Presidente no dice toda la verdad, pues al afirmar que la devolución del IVA beneficiará a cinco millones de familias pobres no precisa que el padrón actual del Progresa es de sólo 2.5 millones de familias, y esconde que gran parte de los recursos que se recabarían de dicho impuesto iría a la creación de "la estructura y el aparato para volver a distribuir ese ingreso".

La dirigente perredista dijo que aprobar o no la iniciativa del Ejecutivo no constituye un "juego de vencidas" entre poderes, y planteó que el gobierno debe aceptar concurrir a una convención nacional fiscal, en la que participen no sólo los partidos, sino también el gobierno, la sociedad y los actores económicos.