OBSERVATORIO CIUDADANO DE LA EDUCACION

Comunicado No. 53

La nueva hacienda y la educación

Ť No al IVA en libros, alimentos, medicina, transporte y colegiaturas

Ť El libro no tiene sustituto

Ť Afecta, sobre todo, el gasto educativo de familias pobres

El pasado 4 de abril se entregó a los legisladores la "iniciativa de decreto que establece, reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones fiscales". El documento contiene una nueva ley de impuesto sobre la renta (ISR), una nueva ley de impuesto al valor agregado (IVA), y otra serie de cambios para adecuar la normatividad fiscal a los objetivos políticos. Esta iniciativa forma parte de una "nueva hacienda pública distributiva" que, además del nuevo marco tributario, incluiría una reforma presupuestaria y una reforma financiera.

La mayoría de los cambios sugeridos en la iniciativa han suscitado controversia y están siendo cuestionados por los partidos políticos y las organizaciones civiles. Entre las medidas más criticadas están la eliminación del "régimen preferencial" del ISR del que disfrutan los sectores primario, de autotransporte y los editores de libros, así como la eliminación de la tasa cero del IVA en alimentos, medicinas, libros y colegiaturas. Se cuestiona también la pertinencia y factibilidad de las medidas "compensatorias" incluidas en el paquete fiscal para aliviar el deterioro previsto de la capacidad adquisitiva de los sectores populares. En caso de aprobarse, estas medidas tendrían una importante repercusión en el gasto educativo de las familias, por lo cual Observatorio ofrece a sus lectores un punto de vista sobre el tema.

Impuesto a libros y colegiaturas

Desde la promulgación de la ley del IVA, en diciembre de 1978, se consideró la exención de este impuesto a los alimentos, medicinas, libros y algunos servicios como los educativos, de salud y transporte. Asimismo, la anterior ley de ISR (diciembre 1980) consideraba estímulos a la producción de básicos, servicios de transporte e insumos educativos. Este tratamiento fiscal preferente reflejaba una postura del Legislativo favorable a la inversión en alimentos, salud, transporte y educación. Se reconocía también que tal exención representaba una compensación al pago de impuestos por otros conceptos y un estímulo para los productores de bienes y servicios de beneficio social.

Desde luego, la medida de gravar con IVA de 15 por ciento a libros y colegiaturas tendría un impacto negativo directo en el gasto educativo de las familias, al limitar las posibilidades de acceder a la educación que ofrecen los particulares y al consumo de libros. A la postre, inhibiría la inversión privada en estos bienes y servicios y provocaría mayor presión para que el Estado supla la oferta educativa privada y satisfaga la demanda de productos editoriales de la que se retire el sector privado.

Hay quienes opinan, a la ligera, que el libro puede ser sustituido por medios electrónicos; pero no toman en cuenta los costos del equipo necesario para "copiar textos de Internet" ni los derechos de autor respectivos. Lo cierto es que el encarecimiento del costo al consumidor de los libros sólo tiene implicaciones negativas. Alejar al público de las posibilidades de lectura representa un inestimable retroceso, contradice las expresiones del nuevo gobierno a favor de la educación y el desarrollo cultural y atenta contra el derecho a la lectura que se reconoce para los ciudadanos. En vez de gravar con el IVA los libros, se requiere apoyar y aun subsidiar su producción, porque son necesarios más y no menos lectores. Aumentar el acervo de bibliotecas públicas también es indispensable, aunque de ninguna manera aliviaría el impacto de la elevación de los precios de los libros.

En el caso de las colegiaturas, se afectaría inmediatamente a los consumidores de educación privada, y también a los empresarios. Si bien los dueños de estos establecimientos recuperarían parte del IVA que pagan a sus proveedores, el retiro de consumidores del "mercado" de educación privada acabaría por ocasionar pérdidas y no ganancias a la iniciativa privada que participa en el sector.

Repercusiones sobre el gasto familiar

Los estudios que existen en México sobre el gasto familiar educativo confirman que: a) las familias pobres gastan más en educación como proporción de sus ingresos y como proporción del consumo familiar total; b) para ningún estrato socioeconómico la educación es "gratuita"; c) para los sectores económicos en pobreza extrema la educación es "prescindible", en el punto en que el costo de la educación afecta el de la supervivencia se retira a los hijos de la escuela.

La investigación de T. Bracho y A. Zamudio ("El gasto privado en educación". Revista Mexicana de Investigación Educativa. Vol. II. No. 4, 1997), basada en datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) de 1992, demuestra que dentro del conjunto de hogares que gasta en educación, los segmentos más pobres gastan más del doble que los ricos en insumos educativos (uniformes, materiales y libros) considerando este gasto como proporción de los ingresos monetarios respectivos. En los primeros cuatro deciles de ingreso, la proporción de gasto dedicado a artículos educativos es superior, en cada caso, a 7 por ciento; mientras en los dos deciles superiores es de 4.4 por ciento y 2.8 por ciento, respectivamente.

Esta misma observación la confirma el estudio de G. López Acevedo y A. Salinas (Marginal Willingness to Pay for Education and the Determinants of Enrollment in México, Banco Mundial, 2000) con datos de la ENIGH 1996, al indicar que dentro del conjunto de hogares que hacen uso de la escuela pública, los pobres extremos y moderados consumen 11.5 por ciento del gasto familiar en educación (por cuotas de matrícula más insumos escolares) en tanto los sectores fuera de la línea de pobreza gastan menos de 10 por ciento en los mismos conceptos. Además, la misma fuente indica que dentro del segmento de pobres extremos 61.7 por ciento (en escuelas urbanas) y 74 por ciento (en escuelas rurales) del gasto escolar familiar se consume en materiales; en cambio, dentro del segmento fuera de pobreza, las proporciones respectivas son de 35.7 por ciento y 60.4 por ciento respectivamente. Lo que demuestra, con toda claridad, que la medida de gravar con el IVA los insumos educativos tendrá mayor repercusión en el segmento económico más desprotegido.

La experiencia del programa Progresa demuestra que el subsidio directo a la economía familiar ha sido exitosa para incrementar las posibilidades de acceso y permanencia de los niños en la escuela (véase Observatorio, comunicado No. 51), lo que también quiere decir que en la medida que este subsidio disminuya como proporción del ingreso familiar (debido a la aplicación del IVA en alimentos, medicinas e insumos educativos), las familias en condición de precariedad volverán a retirar a sus hijos de las escuelas para intentar colocarlos en la fuerza de trabajo y completar así el ingreso de subsistencia.

Mecanismos compensatorios

La iniciativa de reforma fiscal, el "reformón" lo denominó el titular del ramo, prevé algunos mecanismos supuestamente compensatorios para paliar el impacto de los ajustes al IVA. Uno es el "subsidio fiscal" a los trabajadores de menores ingresos que, como conjunto, recibirán a través de Secretaría de Desarrollo Social un subsidio "hasta por la cantidad que dicha secretaría justifique haber entregado a las familias en pobreza extrema, durante el periodo comprendido del 1 de julio al 31 de diciembre de 2001" y, además, se promete "ampliar la cobertura de 150 mil hogares que hasta ahora no cuentan con los servicios de educación y salud necesarios para operar los programas de combate a la pobreza en la actualidad. Esta ampliación empezará con un esquema transitorio a partir de julio de 2001 y desde enero de 2002 se incorporarán progresivamente los servicios correspondientes de educación y salud" (exposición de motivos del documento). Según se ha informado, se integrará una suerte de "padrón" de beneficiarios de estas compensaciones (que sería publicado en Internet) y los fondos se les harían llegar en tiempo y forma aún no determinados. Se estima además que estas compensaciones serían de aproximadamente 108 pesos por familia dentro del padrón.

Sin entrar a discutir si el monto es en efecto compensatorio de lo que se pagará por concepto de IVA en bienes básicos y en educación, es evidente que el mecanismo previsto supone un esquema de distribución de difícil operación, burocrático y poco efectivo para el fin que se persigue.

Otro mecanismo de compensación se refiere a las colegiaturas. La iniciativa sobre el ISR indica que "Contra el impuesto que resulte a cargo del contribuyente (...) se podrá disminuir un monto equivalente a 20 por ciento de las erogaciones efectuadas por el contribuyente en el ejercicio de que se trate, por concepto de colegiaturas (...) a favor de los descendientes directos en línea recta en primer grado" (iniciativa de ley del ISR, artículo 145).

Es de interés hacer notar, en primer lugar, que el tratamiento compensatorio por este concepto es diferente del que la iniciativa prevé para otros gastos y consumos. Por ejemplo, para las primas de seguros de gastos médicos se propone deducibilidad y para las prestaciones sociales de las empresas, como las ayudas por maternidad, por enfermedad, pensiones y servicios deportivos o de transporte, se ofrece la exención completa. Por otra parte, la recuperación del IVA pagado por colegiaturas, a través de la compensación prevista en el artículo citado, sería asequible mediante la declaración de impuestos (como crédito fiscal), pero no se indica el procedimiento de devolución en el caso de los asalariados cuyo ISR es retenido por el empleador.

Observatorio se suma a las voces ciudadanas que están exigiendo la no aplicación del IVA en alimentos, libros, medicamentos, transporte y colegiaturas, porque considera la repercusión negativa de estas medidas en el aún frágil desarrollo educativo del país. No es a través de estas medidas como el nuevo gobierno puede demostrar su vocación educativa y cumplir sus promesas de fomentar la cultura del pueblo.

Nuestros comunicados aparecen en el primer y el tercer viernes de cada mes en este espacio periodístico; se pueden reproducir en cualquier medio indicando su procedencia. Todos los ciudadanos están cordialmente invitados a sumarse a nuestra iniciativa. Favor de enviar sus nombres con sus datos de localización e identificación a: La Jornada Observatorio Ciudadano de la Educación, Apartado Postal 20-423, San Angel, México, D.F. C.P. 01001. Fax: 55 54 86 55. Correo electrónico:

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