VIERNES Ť 20 Ť ABRIL Ť 2001
Ť Ambas partes iniciaron cabildeos para reforzar sus argumentos
Persiste divergencia de diputados y magistrados sobre modificación del Tribunal Electoral
Ť Integrantes supernumerarios del órgano se ampararían contra el proyecto panista
RICARDO OLAYO GUADARRAMA
Diputados locales y magistrados supernumerarios del Tribunal Electoral mantienen argumentos enfrentados respecto de la legalidad del proyecto propuesto por el PAN para modificar la composición de ese órgano electoral, y por separado iniciaron el cabildeo para reforzar sus argumentos.
Magistrados se reunieron con el jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, en tanto los legisladores que integran la Comisión de Gobierno de la Asamblea tuvieron un encuentro con los cinco magistrados titulares del Tribunal con el propósito de encontrar lo que llamaron "una salida digna".
La composición del TEDF por magistrados numerarios (titulares) y supernumerarios, hace sui generis el trabajo de ese órgano, y al mismo tiempo, de acuerdo con algunas fuentes consultadas, se cometió un error de origen al pagarles un salario.
A su vez, los diputados insistieron en que la figura de magistrado supernumerario no se justifica en la operación del Tribunal, y que en todo caso se les debe considerar como suplentes de los numerarios. Como opción se empezó a plantear que los cuatro supernumerarios se pueden convertir en un consejo asesor o bien reubicarlos en otras áreas del órgano electoral.
Sin embargo, esta propuesta se verá trastocada con la solicitud de licencia indefinida solicitada ayer por el magistrado titular, Estuardo Mario Bermúdez, quien desempeñará un cargo en la Procuraduría General de la República.
El magistrado supernumerario a quien corresponde suplirlo es Pedro Rivas Monroy, quien estaría imposibilitado de desempeñar el cargo si finalmente el pleno de la ALDF decide la desaparición de los cuatro magistrados supernumerarios.
La discusión sobre este punto continuará los siguientes días, una vez que la ALDF decidió aplazar el tema para las siguientes sesiones. En estos días los magistrados sostuvieron también un encuentro con López Obrador para de manera "informal" expresarle sus puntos de vista sobre el proyecto panista.
Le recordaron que él puede ejercer el veto a una eventual aprobación de los diputados y reafirmaron que tienen como opción recurrir a la vía del amparo.
Por separado, los diputados priísta Jaime Miguel Moreno Garavilla y el perredista Gilberto Ensástiga coincidieron en señalar que la discusión y aprobación de este dictamen aún no se da ante el pleno, por lo que hay tiempo para hacer algunos ajustes.
Ensástiga reconoció que se debió haber tomado en cuenta la opinión de los magistrados para elaborar el dictamen de Ley Orgánica del TEDF. "Si se aprobará tal como está se estaría violentando la autonomía del Tribunal".
El panista Ernesto Herrera rechazó que su partido haya iniciado una embestida en contra de los órganos electorales como afirman los magistrados supernumerarios. Luego de reiterar que la figura de supernumerario "es de adorno" y que Acción Nacional no intenta violar la autonomía del Tribunal, retó a los magistrados a demostrar que el trabajo que realizan justifica sus honorarios.
Improcedente, otorgar aumento de recursos a partidos chicos
En sesión del pleno del TEDF, ayer se resolvió con una votación dividida de tres a dos que no procede la modificación que pedían cuatro partidos políticos al monto de las asignaciones mensuales que les asignó el Instituto Electoral.
La resolución mantiene para los partidos del Trabajo, de la Sociedad Nacionalista, Convergencia Democrática y Alianza Social, los más de 3 millones 300 mil pesos que tiene cada uno a disposición para este año; según el proyecto presentado por el magistrado Bermúdez no hay razón para modificar los montos.
En caso de prosperar las inconformidades que presentaron ante el Tribunal, se hubieran tenido que redistribuir más de seis millones de pesos, lo que implicaba restar recursos a PRI, PRD, PAN y PVEM.
Los puntos de desacuerdo entre los magistrados se refieren a la representación que tienen o no aquellos diputados surgidos de candidaturas comunes y a la constitucionalidad de la asignación de financiamiento para partidos.