VIERNES Ť 20 Ť ABRIL Ť 2001

Persiguen en dos municipios a quienes deciden dejar la Iglesia católica

En Ixmiquilpan castigan a quienes no participan en fiestas religiosas

CARLOS CAMACHO CORRESPONSAL

Ixmiquilpan, Hgo., 19 de abril. Salvador Neri Sosa, coordinador de Desarrollo Regional del gobierno del estado, expone que problemas semejantes padecen indígenas de las localidades de Panales y La Reforma, en Ixmiquilpan, y El cuarto y Aguas Blancas, en el municipio de Zimapán.

De acuerdo con el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), Mario Pfeiffer Cruz los problemas religiosos son provocados por grupos políticos que intentan confundir y ganar adeptos, del partido que sea.

Esta teoría la confirma Angela Cano, vecina del barrio de San Nicolás, quien dice que las autoridades de su comunidad "nos castigan injustamente sólo porque no estamos de acuerdo con sus costumbres y no participamos de sus fiestas religiosas", además "si alguien dice que es del Partido de la Revolución Democrática es marginado, y cuando hay elecciones, las autoridades comunales, encabezadas por el priísta Heriberto Lugo González, nos obligan a votar por candidatos del PRI".

San Nicolás es una comunidad semejante a las otras 213 que conforman este municipio considerado el corazón del Valle del Mezquital y centro de la actividad económica y política de la región. En sus calles se notan los contrastes, donde viven "los ricos" los caminos están pavimentados, las fachadas son de cemento y pintadas de colores llamativos; en cambio, en los sitios en que viven los pobres, los caminos son de tierra amarilla, polvosos, las paredes de las casuchas son de vara o de pencas de maguey.

Eso sí, las casas de los evangelistas a quienes como castigo por ser "de otra religión" se les cortó el suministro de agua desde el 18 de marzo, se distinguen por tener un tinaco de plástico, que llenan pipas contratadas por la congregación, mientras las autoridades gubernamentales deciden poner fin a esta disputa.

En una de estas chozas vive Teófila Palma Mothe, que a sus 74 años decidió cambiar de religión y ahora vive sin servicio de agua y con la amenaza de ser desalojada de sus tierras.

Casi a diario acuden jefes de familia y amas de casa al templo Bethel, un edificio recién construido sobre la avenida principal de este municipio, para pedir que "el pastor" Anastacio Ortiz Ramírez los ayude a resolver sus problemas de los constantes cortes del servicio de agua, las amenazas y hasta los golpes, como los que le propinó Francisca corona a la niña de 7 años, Areli Marissa, hija de Angeles Peña Torres, "todo por no estar en su religión".

Algunos de los afectados, como Nicolasa Esteves Victoriano, que llegó al barrio hace 19 años, reveló que fue citada por el delegado Heriberto Lugo, con el fin de arreglar lo de la suspensión del servicio de agua y le pidieron una cooperación de 40 mil pesos para "el cargo" que significa ayuda destinada a la cobertura de las fiestas religiosas (de 109 católicos): en este caso para las fiestas del Santo Patrono del lugar, San Nicolás Tolentino, el 10 de septiembre.

Un recibo fechado el 9 de abril de 2000 de cuenta de las "cuotas" que tienen que cubrir a favor de la comunidad y a cada jefe de familia se le pide un bulto de cemento "a la mayor brevedad", que será utilizado para el encementado y terminación del jardín principal de San Nicolás.

Con la advertencia de que al no cumplir "se procederá al corte definitivo de su toma de agua potable domiciliaria", como ya ocurre con aquellos que no profesan la religión católica y cambiaron de fe. Los afectados mostraron fotografías de los momentos en que el regidor del PRI, Crescenciano Contreras Simón y Pedro Beltrán, sacan un tractor de la casa de Tomás Angeles, para hacer maniobras de cierre de la válvula principal del agua y cortar el suministro a los evangélicos. Otra acción semejante se realizará el próximo domingo, luego que a la reunión conciliatoria, convocada para el martes pasado, no acudieron los demandados.

Los mismos evangelistas se dieron a la tarea de hacer un recuento de los problemas que padecen desde hace 40 años y explican que en 1980 Ponciano Rodríguez Escamilla y su familia, fueron desalojados violentamente de su casa.

Hoy, según el informe, los "seudo católicos" ejecutan una norma donde señalan que el barrio de San Nicolás, debe ser exclusivamente de la grey católica, sin tomar en cuenta que este acto es violatorio al estado de Derecho, plasmado en el artículo 24 constitucional. Los afectados han interpuesto 30 denuncias penales directamente contra el delegado y otras 16 personas, incluido el regidor Crescenciano Contreras Simón y el comisariado ejidal Guillermo Contreras, por agresiones, amenazas de muerte y lo que resulte, luego que han sido amenazados con ser desalojados en un plazo de 90 días, a partir del pasado 18 de marzo, desde que les cortaron el servicio del agua potable.

Cuando se intentó hablar con el delegado de la comunidad, Heriberto Lugo González, en tono cortante advirtió que "primero debo atender a mi gente y luego a extraños" y se negó a dar su versión sobre este conflicto. También se intentó hablar con Cirilo Hernández Quezada, alcalde de este municipio, que profesa la religión evangélica y fue secuestrado en diciembre pasado por indígenas de El Tephé, quienes lo retuvieron en el balneario Tepathe, pero se informó que "está muy ocupado".

En la misma presidencia municipal se abordó al coordinador de desarrollo Regional, dependiente del gobierno del estado, Salvador Neri Sosa, ex diputado local del PRI, quien sostuvo que todo se debe a que los evangélicos no participan en las faenas de la comunidad y tampoco cooperan para los servicios.

-Pero ellos presentaron recibos de pago de agua hasta agosto próximo y aún así les suspendieron el servicio.

-Bueno, lo que pasa es que todo se reduce a un conflicto religioso, como hay otros en otras localidades de este y el municipio de Zimapán.