LUNES Ť 16 Ť ABRIL Ť 2001
MEXICO S.A.
Carlos Fernández-Vega
ANALISIS VAN, ANALISIS VIENEN, y nadie, absolutamente nadie, había sido lo suficientemente brillante para ofrecer una salida rápida, práctica, equilibrada y barata al impacto derivado de la reforma fiscal foxista. Nadie, hasta que apareció la genialidad democrática de la Coparmex.
SIN PERDER EL TIEMPO en superfluos debates, como los protagonizados por legisladores, gabinete foxista, mentirosos, intelectuales, bibliofílicos, sindicatos, partidos políticos y/o mortales consumidores, el organismo patronal sacó a relucir su olímpica inteligencia y ofreció la solución al conflicto: ''que las clases de menores ingresos modifiquen sus hábitos de consumo para adaptarse a la merma de ingresos que les provocará la aplicación del IVA en alimentos; si comen carne de res, pues que cambien a pollo o carne de puerco''. Ergo, si sobran pobres, mátenlos de hambre.
LA COPARMEX -que agrupa a 50 centros patronales y alrededor de 35 mil empresarios en el país- hizo circular un documento entre la bancada panista en San Lázaro, en el que expone lo anterior y considera que el paquetazo fiscal no es integral sino recaudatorio, promete beneficios que sólo llegarán a una minoría y, en general, resulta lesivo para las clases medias. A pesar de ello, el organismo parece proponer que sean los mexicanos los que se adapten a las urgencias del gobierno y no al revés, porque sería antidemocrático.
UN TONO MAS FATALISTA utiliza el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), dependiente del Consejo Coordinador Empresarial: reconoce que algunas disposiciones previstas en dicha reforma (en especial aplicar IVA a medicinas, alimentos, libros y transporte), ''le pegarán muy fuerte'' a la población más pobre. Así es: ajos y cebollas en contra de la iniciativa presidencial, ''pero es la única que se tiene a la mano''. šViva la creatividad!
ALEJADO DEL PRAGMATISMO de la Coparmex y de la fatalidad del CEESP, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados advirtió (La Jornada, David Aponte, 15 de abril) sobre la posible activación de la bomba política y social en caso de que alimentos y medicinas sean gravados con el impuesto al valor agregado. Si los legisladores procedieran en ese sentido, sostiene, el impacto para los sectores más pobres (que destinan alrededor del 50 por ciento de su ingreso a la adquisición de productos de la canasta básica de consumo) resultaría tres veces mayor al que registrarían las familias con mayores ingresos, de tal suerte que si el Congreso aprueba la propuesta foxista en materia de IVA, la población de menores ingresos tendría que ajustar su gasto total -al estilo Coparmex- 4.4 por ciento en términos efectivos, contra 1.3 por ciento de los estratos más ricos.
EN MÉXICO, SIN DUDA, el volumen de ingresos tributarios resulta limitado (11 por ciento del PIB), pero en esta materia se reúnen los factores: roto con descosido, es decir, reducido padrón de causantes y elevada ineficiencia en la recaudación de impuestos. En este sentido, el organismo legislativo revela que de cada peso que el gobierno debe captar por IVA (aún sin aprobarse la reforma foxista), únicamente se allega 59 centavos, y el resto, 41 centavos, se evaden, se eluden o se pierden en la burocracia fiscal.
Y MIENTRAS LA SECRETARIA de Hacienda resulta incapaz de cobrar bien los impuestos y los causantes se retuercen para no ser víctimas, una vez más, de las ineficiencias y fracasos de la autoridad, el Grupo Financiero BBVA-Bancomer vuelve a poner el dedo en la llaga: la urgencia de la administración foxista por obtener cuanto antes recursos frescos no deriva de la imperiosa necesidad de cubrir, así sea parcialmente, la enorme deuda social acumulada que se tiene con la población, sino del pago del otro débito, el que realmente preocupa y desvela al gobierno.
''UN ASPECTO CENTRAL'' de la iniciativa presidencial, sostiene el corporativo (La Jornada, Roberto González Amador, 14 de abril), es que el gobierno cuente con recursos financieros para atender los requerimientos del endeudamiento público. Si en la deuda pública (interna y externa) se incluyeran conceptos actualmente no contabilizados, como el costo de los rescates bancario y carretero, inversiones en obra financiadas con créditos no contabilizados y la reforma al sistema de pensiones, el déficit fiscal para 2001 pasaría de 0.65 por ciento del PIB a 3.5. ''La misma autoridad estima que esta brecha sería de 4.1 por ciento en promedio anual durante los siguientes cinco años'', ya que una vez incorporados dichos conceptos el endeudamiento público total representará 125 por ciento del PIB. No hay que olvidar que, por ejemplo, los Pidiregas representan una enorme carga para el erario público: 385 mil 530 millones de pesos, actualizados y con costo financiero.
ASI, LA REFORMA FISCAL, indica el grupo financiero, ''permitirá aumentar los ingresos públicos en una cantidad similar a los recursos que necesita el gobierno federal para cubrir los compromisos derivados del endeudamiento público y atender demandas de carácter social''. Pero sólo sería el primer paso, porque debería aprobarse, también, la apertura de los sectores económicos reservados al Estado, como energía eléctrica. Ello sería ''condición para disminuir el peso del gasto y la deuda gubernamentales y, por tanto, disipar las dudas sobre la solidez de las finanzas públicas. Tales reformas constituirían el blindaje necesario para sortear las crisis externas futuras''. (ƑY el blindaje zedillista?).
Las rebanadas del pastel:
DE ACUERDO CON INFORMACION estadística de la Secretaría del Trabajo, entre el primero de diciembre del año pasado y el 28 de febrero de 2001, el número de asegurados permanentes y eventuales registrados en el IMSS se redujo en 338 mil 969 derechohabientes... El futuro de la juventud en México y Centroamérica es altamente promisorio: la Cepal informó (La Jornada, Antonio Castellanos, 13 de abril) que los chiquillos y chiquillas de entre 15 y 24 años de edad constituyen un ejército de desempleados y un porcentaje preocupante de la población marginada y excluida; representan más del 20 por ciento de los habitantes de la región, cerca del 33 por ciento de la población económicamente activa y entre 41 y 62 por ciento de los desempleados del área. Para el organismo especializado de la ONU, estos ''candidatos al empleo'' se ven forzados a reproducir la marginación social de la que proceden y están virtualmente condenados a participar en redes de delincuencia.
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