Ť En lugar de suspender las obras ilícitas, autorizaron su continuación, denuncia Velasco Oliva

Arsenio Farell y Alfredo Elías conocían las irregularidades en la CFE: legislador

Ť Los fraudes suponen la existencia de un grupo de intereses ajenos a la misión de la paraestatal, destaca en el documento enviado a la PGR Ť Macedo de la Concha ya comenzó indagaciones

EMILIO LOMAS

La Procuraduría General de la República y la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam), a cargo de Francisco Barrio Terrazas, se enteraron de "nuevas irregularidades" cometidas en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) el 26 de marzo de 2001, cuando el coordinador del grupo parlamentario de Convergencia por la Democracia, Cuauhtémoc Velasco Oliva, presentó una denuncia formal con sus respectivos anexos probatorios, en la que se establece: "es evidente que el patrón de comportamiento que conlleva al origen de los ilícitos detectados supone la existencia de un grupo de intereses ajenos a la misión principal que le ha conferido la Constitución Política a la CFE".

La información, que también se entregó a la Presidencia de la República y a los titulares de la Secretaría de Energía y de la Comisión Federal de Electricidad, destaca que desde el 6 de mayo de 1999, autoridades de la Secodam y de la misma paraestatal "tenían completamente corroboradas las irregularidades cometidas en el proyecto de la terminal de recibo y manejo de carbón de la central termoeléctrica Presidente Plutarco Elías Calles (Petacalco), y en lugar de proceder a la suspensión de la obra y solicitar una investigación, autorizaron que continuara".

El procurador Rafael Macedo de la Concha recibió la documentación del legislador el 14 de diciembre de 2000, "con anexos probatorios sobre nueve denuncias presentadas ante la Secodam, que involucran obras de la CFE". Ocho días después el titular de la PGR emite el oficio número DGC-PPA-Auxiliar-3706, que a la letra dice: "Devolución con instrucciones de la consulta planteada; dar intervención a los peritos".

Además, "solicita la comparecencia de todos y cada uno de los inculpados", y "ordena realizar un estudio respecto a los tipos penales de ejercicio indebido del servicio público, toda vez que existen indicios que probabilizan la actuación de los mismos".

Esta determinación revocó la resolución emitida el 31 de octubre de 2000 por el entonces procurador Jorge Madrazo Cuéllar, que "a todas luces fue parcial", según Leandro Zamora Velázquez, asesor en materia energética del legislador.

El origen del ilícito lo fundamentó el legislador Velasco Oliva en el hecho de que tan sólo tres días después (el 2 de noviembre, por ci

erto día inhábil en la CFE), se reunió el Comité Central de Obras Públicas de la paraestatal; "no obstante conociendo la gravedad del punto a desahogar, se adjudicó, mediante simulación, a una filial de la empresa Techint, que responde al nombre de Compañía Constructora Mexicana, Electromecánica y de Instrumentación SA de CV, el contrato de la ejecución que no había concluido Techint".

 En esa reunión, según revelan documentos tanto del legislador como de su asesor, "el ingeniero Benjamín Granados Domínguez, subdirector de Construcción, sostuvo que la instrucción de la Junta de Gobierno y de las autoridades es que aceleremos al máximo para que este año empiece a operar el sistema de carbón de Petacalco. Es por eso que el tiempo nos obliga a solicitar una opinión favorable de este comité, para hacer una adjudicación directa de este contrato".

Granados Domínguez fue más allá y declaró a los ahí reunidos: "si hacemos concurso, obviamente se invertirán 45 días de los 50 que tenemos disponibles para trabajar en este año. Este es el planteamiento no sólo de nosotros, sino también del secretario de Hacienda y de nuestro director general", expuso.

En esa misma reunión, agrega Zamora Velázquez, el ingeniero Sergio Frías González, gerente de Construcción de Proyectos Termoeléctricos, indicó: ''la dirección nos ha instruido llevar a cabo a la mayor brevedad posible la ejecución de los trabajos que quedaron pendientes por parte de Techint, de tal manera que puedan empezar a aprovechar la instalación de la terminal de carbón lo antes posible, dado que se está pagando el cargo fijo por capacidades...''

De ahí en adelante, irregularidad tras irregularidad: "SEPAC no cumplió hasta el 31 de agosto de 2000 la funcionalidad al ciento por ciento ni entregó en su totalidad lo establecido en el contrato inicial, es decir, con ocho meses de retraso a ésta fecha... Con el mismo acuerdo de inicio, se cuestionaron los tableros Siscoprom, equipos que también mostraron irregularidades desde el proceso de licitación. El director de Administración, el licenciado Ruiz Esparza, también tuvo conocimiento del ilícito, ya que recibía copia de las irregularidades y no obstante efectuó acciones abiertas en contra del usuario y responsable del proyecto, el ingeniero Jesús Marco Polo Díaz García, gerente de Protecciones, Comunicaciones y Control, quien al oponerse a la liberación del proveedor SEPAC fue cesado''.

Con copia del documento en la mano, Leandro Zamora Velázquez comenta: "Tan rezagado está el proyecto que todavía el 6 de abril pasado, unos seis meses después de cerrado el plazo, el jefe del área de transmisión, transformación y control, Jesús Espino Cazares, le informa al subdirector de Transmisión, Transformación y Control, Nestor Moreno Díaz, que se sirva girar las instrucciones necesarias a fin de reclamar al proveedor SEPAC el cumplimiento en la entrega de faltantes del reordenamiento de los gabinetes y accesorios para las áreas de transmisión y transformación noreste, occidente y peninsular".

El legislador comentó al secretario de la Contraloría, Francisco Barrio Terrazas: "se están provocando quebrantos incalculables al pueblo de México, ya que los equipos aceptados fraudulentamente deberían servir, entre otros aspectos, para cuantificar la cantidad de energía eléctrica que reciben las subestaciones de transformación y distribución. Cuando la CFE reciba energía eléctrica de los llamados productores independientes, la entidad no estará en posibilidades de saber con exactitud el importe pata liquidar a estos productores, propiciando seguramente corruptelas millonarias que dañaran las finanzas de la CFE".

Leandro Zamora Velázquez explicó: "el ingeniero Félix Moreno Díaz, actual subdirector de Transmisión, Transformación y Control (en funciones), tiene en su haber varias denuncias penales, destacando la número 2983 con fecha 26 de mayo de 2000, interpuesta por la propia CFE ante la PGR, por presunto quebranto patrimonial por más de 16 millones de pesos.

El ingeniero Arturo Hernández Alvarez, en su cargo como subdirector de Distribución, autorizó la modificación del alcance de fallo de la licitación, que incluyó modificaciones a condiciones concursales, que propiciaron condiciones ventajosas al proveedor, contraviniendo lo dispuesto por el artículo 53 de la ley de adquisiciones".

Asimismo autorizó ampliaciones al momento del pedido de la propuesta económica del proveedor en la licitación, que fue de 29 millones 914 mil 897 pesos a 32 millones 691 mil 957 pesos a la firma del contrato. Es decir, aumentó el costo del proyecto en forma por demás arbitraria y desventajosa para la CFE.

El ingeniero Jaime Palomares Torres, gerente de Distribución, omitió de acuerdo al cargo que ocupa, instruir o llevar a cabo acciones procedentes de acuerdo a la normatividad establecida, como pudo haber sido la rescisión administrativa del pedido.

La solicitud del legislador de Convergencia por la Democracia tanto a la PGR como a la Secodam es que "las empresas SEPAC y SENSA fueran inhabilitadas, mientras se deslindan las responsabilidades respectivas, contenidas en lo que será la emisión de las resoluciones correspondientes, ya que el daño que se le sigue causando a la paraestatal al adquirir equipos obsoletos y no funcionales, pone en riesgo el control y eficiente funcionalidad de la red eléctrica Nacional".

"El mismo caso sería para los servidores públicos relacionados a continuación y que están descritos en dichos acuerdos de inicio, separándolos de sus cargos ante lo evidente de su deshonesto y desleal proceder para con los intereses de la CFE, en virtud de la importancia de las decisiones que en sus altos y estratégicos puestos se toman en beneficio o perjuicio de la autoridad: el ex secretario de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, Arsenio Farell Cubillas, y el director de la Comisión Federal de Electricidad, Alfredo Elías Ayub".

''También los ingenieros Arturo Hernández Alvarez, Jaime Palomares Torres, Octavio Larios González, Guillermo Enrique Mosqueda Farías, Oscar de los Santos Saavedra, Ramiro Padilla Ramírez, Rafael Becerra Salazar, David Castañeda Sánchez, José de Jesús Moreno Ruiz, Alejandro Ortegón Esquivel y Francisco Beltrán Romero. También Néstor Moreno Díaz, Hugo Ubieta Rodríguez, Arturo Nova Cobarruvias, Enrique Duran Mendez, Jesús Espino Cazares, Juan Bautista Flores, Miguel Angel Vidal H, Marco Antonio Ruiz Alvarez, Raúl Bencomo Cervera, Luis Franco Serrano, Julio Vancini Stefanoni y Gerardo Ruiz Esparza".

Proporcionó información parcial para adjudicar licitación a una empresa

Zedillo habría impedido acción penal contra Gasca Neri

Ť Las omisiones por las irregularidades, del Departamento Jurídico de la Secodam: Farell

Ť Compareció voluntariamente Erick Butcher, ''hombre clave'' en el asunto de Petacalco

EMILIO LOMAS

Después de que estudios técnicos elaborados por la CFE concluyeron que el funcionamiento de la central termoeléctrica Presidente Plutarco Elías Calles (Petacalco) resultaría menos costoso si ésta operaba con carbón y no con combustóleo, la gerencia de abastecimientos, adscrita a la Dirección de Administración y Finanzas, resolvió convocar el 27 de agosto de 1993 a licitación pública internacional número LI-507/93 para su construcción, incluida la concesión para su operación y mantenimiento con el manejo de 180 millones de toneladas de carbón en 30 años.

A dicho concurso se inscribió, entre otros, el Consorcio Techint, integrado por Techint Compañía Técnica Internacional, Grupo Mexicano de Desarrollo y Techint, el cual fue descalificado en sus dos ofertas, base y alternativa, pese a lo cual se le otorgó la concesión, cuando aún fungía como director de la paraestatal Guillermo Guerrero Villalobos.

En la denuncia que el despacho jurídico del diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva presentó ante la Procuraduría General de la República (PGR) se señala que Techint condicionó su oferta a la constitución de una compañía de proyecto mediante una sociedad afiliada, que sería la persona moral con quien se contrataría el proyecto. Otra, que una vez lograda su terminación, el riesgo de crédito descansaría sobre el compromiso incondicional de la entidad de realizar pagos bajo el cargo fijo de capacidad.

Con la finalidad de enderezarle la propuesta y ponerla en condiciones de adjudicarle el contrato de licitación, el 22 de abril de 1994 los ingenieros Fernando Favela L., Miguel Ramírez Gutiérrez y José de Jesús Castellanos Román se reunieron con el representante del consorcio Techint. Jorge Bastarrachea Sabido, subdirector de Finanzas de la CFE, remitió a la gerencia de abastecimiento un análisis donde determinó el valor de las tarifas por manejo de carbón del grupo Tchint, no obstante que no cumplía con las bases de licitación, y pese a lo cual el gerente de abastecimientos, Luis García Ramos, declaró la adjudicación del contrato relativo a la licitación LI-507/93, por lo que las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y oportunidad quedaron sin asegurarse.

Como consecuencia de lo anterior -agrega la denuncia ante la PGR-, el tiempo transcurrió y con ello los perjuicios a la CFE, quien tenía que seguir utilizando combustóleo. Techint indicó, además, un aumento de costos en la construcción de la terminal y el entonces coordinador externo de Proyectos Extrapresupuestales, con fecha 1o. de diciembre de 1994, dijo haber recibido autorización verbal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de la Contraloría, en el sentido de actualizar los financiamientos, en perjuicio del erario federal.

La relación de hechos sustentada ante la PGR señala que la nueva administración a cargo de Rogelio Gasca Neri, quien arribó a la Dirección General de la CFE en diciembre de 1994, fue omisa en ese sentido y con ello permitió la continuación de las conductas delictivas de los anteriores servidores públicos.

Sabedor de que dicha oferta pública fue descalificada técnicamente, que condicionó la firma del contrato en contravención a las bases de licitación y que no se hizo efectiva la garantía exhibida, Gasca Neri proporcionó a la Junta de Gobierno información parcial e indebida, por lo que ésta autorizó reactivar dicho proyecto, bajo la modalidad extrapresupuestal previa autorización de la Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento.

La Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo formuló el expediente V/081/99, en el que resolvió imponer sanciones a todos los aquí denunciados, y se abstuvo de poner en conocimiento del Ministerio Público Federal los hechos que ostensiblemente constituyen delito, faltando con ello a su responsabilidad e incurriendo en una omisión de carácter delictivo.

Durante su comparecencia del lunes 9 de abril, el ex contralor de la nación del sexenio zedillista, Arsenio Farell Cubillas, evitó a los medios de comunicación con las facilidades que le proporcionó el fiscal especial para la Atención de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Leyes Especiales, José Marín Godoy Castro.

En su calidad de acusado por el delito de ejercicio indebido del servicio público, Farell Cubillas dijo que la responsabilidad de haber hecho las denuncias correspondió al Departamento Jurídico de la Secodam, según reveló una fuente cercana al caso.

Los ex directores de la paraestatal, Rogelio Gasca Neri y Guillermo Guerrero Villalobos, por su parte, se comprometieron a entregar su declaracion por escrito después de su comparecencia ante la PGR. Según fuentes de la intancia judicial, la proxima semana se vence el plazo para que el segundo formalice su escrito, en tanto que el primero cuenta con 10 dias concedidos por la fiscalia especial.

El hombre clave en toda esta historia, Erik Butcher Martínez, después de enterarse de que era requerido por la PGR, pues tuvo una participación directa en el proceso de licitación de Petacalco, se presentó voluntariamente el lunes ante las autoridades ministeriales para presentar su declaración por escrito. Según se supo extraoficialmente, Butcher Martínez le habría informado con toda oportunidad al entonces titular de la Contraloría sobre diversas irregularidades detectadas durante el proceso de licitación.

Butcher Martínez llegó procedente de Gran Bretaña, donde radica desde hace un par de años, pues le informaron que sería requerido para que informara sobre su participación en dichas licitaciones. Según se supo exraoficialmente, habría sido el ex presidente Ernesto Zedillo quien impidió que se ejerciera acción penal contra Gasca Neri.