VIERNES Ť 13 Ť ABRIL Ť 2001
ECONOMIA MORAL
Respuesta a Josefina Vázquez Mota
Julio Boltvinik
La economía moral es convocada a existir como resistencia a la economía del "libre mercado": el alza del precio del pan puede equilibrar la oferta y la demanda de pan, pero no resuelve el hambre de la gente
Entrevista a la titular de Sedeso
EL LUNES PASADO La Jornada entrevistó a la secretaria de Desarrollo Social sobre la reforma fiscal. En la entrevista, Josefina Vázquez Mota incurre en varias imprecisiones al contar mi participación en el intercambio de opiniones que tuvo lugar durante la comida que el presidente Fox ofreció a los profesores de El Colegio de México, para discutir la reforma fiscal, en Los Pinos, el 4 de abril pasado. Me permito, por tanto, hacer las siguientes aclaraciones y, de paso, narrar lo ahí acontecido. Mi narración coincide con la que el mismo día de la comida hice a Javier Solórzano en el programa que conduce en Radio Imagen, del que soy colaborador.
Cuando la reportera Alma E. Muñoz interroga a la secretaria sobre mi afirmación -publicada en La Jornada el mismo 4 de abril, en reportaje de Roberto González Amador- referida al efecto devastador de la homologación de la tasa del IVA, más grave que la crisis de 1995, en los ingresos de los hogares mexicanos pobres, y sobre la existencia de 71 millones de pobres en el país, ella elude contestar a ambas cosas y cuenta una versión inexacta de lo ocurrido entre las 15 y las 17 horas del 4 de abril en Los Pinos.
El cálculo correcto del impacto
EN PRIMER LUGAR, dice que el Presidente escuchó mis cifras y "dijo que si demostraba que eran las correctas, nosotros estaríamos dispuestos no sólo a escuchar sino a hablar con los legisladores para corregir la propuesta". En efecto, yo presenté cifras del impacto negativo del IVA generalizado en los ingresos de los deciles (grupos de 10% de la población ordenados de menor a mayor ingreso) 1, 5 y los de un millonario hipotético, y mostré cómo la compensación de 108 pesos del programa Contigo sería insuficiente para la mayoría de los pobres. También mostré que el millonario sería altamente beneficiado por la reducción en la tasa máxima del impuesto sobre la renta (ISR) de 40% a 32%. Si el Presidente hubiese contestado como dice la secretaria que lo hizo, naturalmente le habría tomado la palabra y habría tratado de concretar un mecanismo para llevar a cabo tal prueba. Pero no fue así. Desde luego, estamos a tiempo para que, por ejemplo, en el seno de una o varias comisiones unidas de una o de las dos cámaras legislativas, se celebre una sesión técnica de pruebas para que los diputados puedan certificar cuáles cifras del impacto en los ingresos reales de la población (las de Hacienda, las mías o las de algún otro participante) son las correctas.
Una Ley contra una Promesa
EN SEGUNDO LUGAR, efectivamente yo señalé que el Presidente estaba pidiendo al Congreso que aprobara una reforma a la Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA) que disminuye el ingreso real de toda la población, en números relativos golpeando más a los más pobres (alrededor de 10%), pero en números absolutos afectando más a los pobres moderados, ley que estaría respaldada por la autoridad del SAT (Servicio de Administración Tributaria) que la haría cumplir, y que, en cambio, el mecanismo compensatorio que había estado anunciando desde hacía varios días se quedaba sólo en una promesa presidencial. Argumenté que la LIVA y la promesa personal del Presidente no tienen la misma certeza para la nación. En efecto, en ese momento el Presidente me interrumpió y aseveró, como dice Josefina Vázquez, que había una iniciativa. No hay tal iniciativa. Escribir sobre el esquema de compensación en la exposición de motivos de la reforma fiscal no es introducir en ninguna ley la obligatoriedad para el gobierno federal de operar continuamente ese esquema de compensación. El único cuerpo legal donde podría, quizá, incluirse una disposición semejante sería en una Ley de Desarrollo Social, que es un proyecto desde hace por lo menos seis años de la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados. La iniciativa presidencial de modificación del artículo 74 constitucional para añadir el inciso c) -que señala: "la Cámara podrá autorizar programas y proyectos de inversión que abarquen varios ejercicios fiscales"- se refiere sólo al gasto de inversión y no al corriente. La promesa es sólo promesa.
No hubo declinaciones
LA RESPONSABLE DE los programas de lucha contra la pobreza del gobierno federal añade inmediatamente: "Pero de varios de los argumentos que sustentó, Boltvinik declinó", lo cual es totalmente incorrecto. Lamentablemente hubo muy poca información nueva en la reunión y ningún argumento convincente que llevara a nadie a cambiar de opinión.
Sí sabía que habría esquemas de compensación
LUEGO SEÑALA LA secretaria: "el investigador... no sabía, por ejemplo, del esquema compensatorio. Lo desconocía, lo dijo allí en la mesa: 'šAh, no lo sabía! šQué bueno que va!'" Si la secretaria lee la entrevista que me hizo Roberto González Amador en La Jornada y que salió publicada en la mañana del 4 de abril, día de la comida, podrá comprobar la falsedad de su afirmación, ya que ahí señalo: "...Se habla de que se regresarán 108 pesos al mes a través del Progresa..." y más adelante hablo del mecanismo de compensación fiscal a través del crédito al salario, que son los dos mecanismos mencionados en el documento Lineamientos generales de la Nueva Hacienda Pública Distributiva que la SHCP ha colocado en su portal electrónico. Lo único que no sabía antes de la reunión, pero que conocí antes de mi intervención, es que el mecanismo de compensación se llamaría Contigo y que incluiría a los beneficiarios de Liconsa y Fidelist.
La Sedeso y los niveles de pobreza en el pais
LAS BATALLAS ARGUMENTALES se ganan con argumentos y evidencias y eso es lo que hay que poner sobre la mesa. A Josefina Vázquez le dije dos cosas en aquella reunión. En primer lugar, que me parecía contradictorio que la Sedeso haya convocado a un Simposium Internacional sobre Conceptos y Métodos de Medición de la Pobreza (celebrado en el Museo Nacional de Antropología el 28 y 29 de marzo pasado), cuya conclusión central, asumida por la propia Sedeso, fue convocar un taller de académicos y funcionarios públicos para definir un método oficial de medición de la pobreza, y que ahora sostenga que los mexicanos pobres son sólo 5.15 millones de hogares, algo así como 22% de los hogares del país, como si ya tuviese esa medida oficial de pobreza. Los pobres, ella lo sabe, son muchos más.
Sin padrón de pobres
EN SEGUNDO LUGAR, le dije que consolidar los padrones de Progresa, Fidelist, Liconsa, Vivah y Crédito a la Palabra no es lo mismo que tener un padrón de pobres. Que los criterios dispares de esos padrones impiden que coherentemente se puedan integrar. Por ejemplo, la leche de Liconsa es sólo para hogares con menores de 12 años. Por tanto, en ese padrón sólo hay hogares con niños. Los hogares que se encuentran en otra etapa del ciclo vital quedan, por definición, excluidos. El IVA, en cambio, no hace esas distinciones. El Progresa sólo actúa en localidades rurales de alta y muy alta marginación que cuenten con escuela y clínica en un radio de 5 kilómetros. Los más pobres de los pobres, alrededor de 500 mil hogares que no cumplen con las estipulaciones de infraestructura social del Progresa, quedarán también excluidos del Contigo. Los pobres de cualquier nivel de gravedad que viven en localidades rurales de niveles de marginación diferentes quedan excluidos del Progresa. Ambos grupos quedarán también excluidos del Contigo.
En el país había en 1995, según el Conteo de Población, 105 mil 749 localidades, de las cuales 102 mil 923, el 97.4%, eran rurales (es decir, de menos de 2 mil 500 habitantes)1. El Progresa cubrió en el año 2000, según datos oficiales2, 53 mil 173 localidades, poco más de la mitad (51.7%) de las localidades rurales del país, y benefició a 2.56 millones de hogares, lo que aproximadamente representa 12 o 13 millones de personas, algo así como 12 o 13% de la población nacional en el año 2001. En el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación se señala como meta para 2001 que el Progresa cubra a 2.7 millones de familias en el medio rural y a 550 mil en el urbano. Por tanto, el padrón del Progresa, en el mejor de los casos, cubrirá a 2.7 millones de hogares. Según el 12 Censo de Población y Vivienda, levantado en 2000, en localidades de menos de 2 mil 500 habitantes había 5.28 millones de hogares, por lo cual el padrón del Progresa sólo cubre 51.1% de los hogares rurales. Naturalmente entra aquí la disputa de qué proporción de ellos es pobre o, aún mejor, qué proporción debería ser compensada, a través de la entrega directa de dinero, por el impacto del IVA a los rubros básicos que antes no lo tenían. Según la ENIGH98, 91% de los hogares rurales tuvo un ingreso en 1998 inferior a 5 salarios mínimos, 86.2% menos de 4 salarios mínimos, 78.4% menos de 3 y 62.7% menos de 2 salarios mínimos generales3. El criterio de pobreza implícito en la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) vigente es que una persona es pobre si su ingreso es menor de 3.75 salarios mínimos, pues debajo de este nivel no sólo no paga impuestos sino que recibe una transferencia neta del fisco. Pero como el criterio de pobreza es por hogar y la media de perceptores por hogar es, según la misma encuesta, de 1.7, hay que multiplicar 3.75 por 1.7, lo que resulta en que el criterio de pobreza por hogar implícito en la LISR vigente es: "son pobres los hogares cuyo ingreso sea de menos de 6.4 salarios mínimos". Pero en la propuesta de reforma este criterio se eleva a 4.5 por persona y, por tanto, a 7.7 por hogar. Con este criterio, son pobres 96% de los hogares rurales y, por tanto, el padrón del Progresa omite a 45% de los hogares rurales. Es notable lo cerca que este criterio está del desarrollado a través de la Canasta Normativa de Satisfactores Esenciales (CNSE) de Coplamar, que arroja, a principios de 2001, un ingreso de 7 salarios mínimos como el necesario para que en una familia de 5 personas se cubran las necesidades básicas y, por tanto, la familia no sea pobre4. Con este criterio, 95% de los hogares rurales son pobres.
En el medio urbano el padrón de pobres es casi inexistente. Liconsa, que sólo atiende hogares con uno o más menores de 12 años, atendía en 2000 a un total de 3.97 millones de menores. El promedio de menores de 12 años en estos hogares, según una evaluación de Liconsa realizada por el ITAM en 1995, era de 2.5 por hogar5. Por tanto, la cobertura sería de 1.6 millones de hogares. El Fidelist, por su parte, benefició a 1.19 millones de hogares. Entre ambos programas, suponiendo que sólo 20% del padrón de ambos coincide en las mismas familias, arroja 2.2 millones de hogares. En el medio urbano del país hay, según el Censo de 2000, 17.36 millones de hogares, por lo cual el padrón comprendería 12.7% de los hogares urbanos solamente. Incluso con criterios minimalistas como los de Cepal (institución que, además, corrige el ingreso de los hogares para ajustarlo a cuentas nacionales, con lo cual disminuye la incidencia de la pobreza que capta la encuesta),la proporción de hogares urbanos pobres en el país es 31% del total. Con los criterios de la propuesta de nueva LISR resultan en tal situación 80% de los hogares urbanos, y con la CNSE, 76.5%. Si con un criterio intermedio muy modesto se fijara el nivel de pobreza en menos de 4 salarios mínimos por hogar, 52.8% de los hogares urbanos sería pobre en 1998, por lo cual el padrón de la Sedeso estaría excluyendo a 75% de los hogares pobres. En conclusión, la Secretaría de Desarrollo Social carece de un padrón de pobres adecuado, por lo cual la pretendida compensación no puede llevarse a cabo y el daño del aumento al IVA no se verá amortiguado para la mayoría de los pobres que no reciban los beneficios de la desgravación del ISR. El análisis de la cobertura de esta desgravación será motivo de análisis en una próxima entrega.
Motivo y consecuencias de la reforma fiscal
EN MI INTERVENCION en dicha comida le dije también al Presidente que, en mi opinión, el verdadero motivo de la reforma fiscal era reducir el déficit fiscal, que según la SHCP no está ya en 0.5% del PIB, como lo marcó en sus iniciativas de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos de la Federación para 2001, sino en 3.5%, como lo reconoce, usando el eufemismo de Requerimientos Financieros del Sector Público (en lugar de déficit) en el documento de lineamientos de la Nueva Hacienda Pública Redistributiva. También señalé que la medida era pro-cíclica. La economía nacional se encuentra en el inicio de una recesión económica (por el contagio de la contracción de la economía estadunid aense) y el aumento de los impuestos la sumiría a lo más hondo de ella. A ninguno de los dos comentarios recibí una respuesta satisfactoria.
1 Véase cuadro 3.1 de Conapo y Progresa, Indices de marginación 1995, Conapo, 1998.0
2 Véase cuadro Componentes del programa de Educación, Salud y Alimentación". Sexto Informe de Gobierno, Ernesto Zedillo, anexo, p. 289.
3 Véase cuadro 3.24, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, 1998. INEGI, 2000, Aguascalientes.
4 Para un análisis desde 1963 hasta 2001 de la relación entre el salario mínimo y el costo de la Canasta Normativa de Satisfactores Esenciales (CNSE), véase Economía Moral del 29 de diciembre de 2000, titulada "Salarios Mínimos y pobreza". Ahí se aprecia que en todo el periodo 1976 y 1982 se necesitaban menos de dos salarios mínimos para adquirir la CNSE en agudo contraste con los siete de ahora.
5 Cuadros IV.5 y IV.8 de ITAM, Estudio para medir el impacto social que actualmente tiene el sistema Liconsa en la población de escasos recursos, 20 de diciembre, 1995. Fotocopiado.