VIERNES Ť 13 Ť ABRIL Ť 2001

Ť Proporcionó información parcial para adjudicar licitación a una empresa

Zedillo habría impedido acción penal contra Gasca Neri

Ť Las omisiones por las irregularidades, del Departamento Jurídico de la Secodam: Farell

Ť Compareció voluntariamente Erick Butcher, ''hombre clave'' en el asunto de Petacalco

EMILIO LOMAS

Después de que estudios técnicos elaborados por la CFE concluyeron que el funcionamiento de la central termoeléctrica Presidente Plutarco Elías Calles (Petacalco) resultaría menos costoso si ésta operaba con carbón y no con combustóleo, la gerencia de abastecimientos, adscrita a la Dirección de Administración y Finanzas, resolvió convocar el 27 de agosto de 1993 a licitación pública internacional número LI-507/93 para su construcción, incluida la concesión para su operación y mantenimiento con el manejo de 180 millones de toneladas de carbón en 30 años.

A dicho concurso se inscribió, entre otros, el Consorcio Techint, integrado por Techint Compañía Técnica Internacional, Grupo Mexicano de Desarrollo y Techint, el cual fue descalificado en sus dos ofertas, base y alternativa, pese a lo cual se le otorgó la concesión, cuando aún fungía como director de la paraestatal Guillermo Guerrero Villalobos.

En la denuncia que el despacho jurídico del diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva presentó ante la Procuraduría General de la República (PGR) se señala que Techint condicionó su oferta a la constitución de una compañía de proyecto mediante una sociedad afiliada, que sería la persona moral con quien se contrataría el proyecto. Otra, que una vez lograda su terminación, el riesgo de crédito descansaría sobre el compromiso incondicional de la entidad de realizar pagos bajo el cargo fijo de capacidad.

Con la finalidad de enderezarle la propuesta y ponerla en condiciones de adjudicarle el contrato de licitación, el 22 de abril de 1994 los ingenieros Fernando Favela L., Miguel Ramírez Gutiérrez y José de Jesús Castellanos Román se reunieron con el representante del consorcio Techint. Jorge Bastarrachea Sabido, subdirector de Finanzas de la CFE, remitió a la gerencia de abastecimiento un análisis donde determinó el valor de las tarifas por manejo de carbón del grupo Tchint, no obstante que no cumplía con las bases de licitación, y pese a lo cual el gerente de abastecimientos, Luis García Ramos, declaró la adjudicación del contrato relativo a la licitación LI-507/93, por lo que las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y oportunidad quedaron sin asegurarse.

Como consecuencia de lo anterior -agrega la denuncia ante la PGR-, el tiempo transcurrió y con ello los perjuicios a la CFE, quien tenía que seguir utilizando combustóleo. Techint indicó, además, un aumento de costos en la construcción de la terminal y el entonces coordinador externo de Proyectos Extrapresupuestales, con fecha 1o. de diciembre de 1994, dijo haber recibido autorización verbal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de la Contraloría, en el sentido de actualizar los financiamientos, en perjuicio del erario federal.

La relación de hechos sustentada ante la PGR señala que la nueva administración a cargo de Rogelio Gasca Neri, quien arribó a la Dirección General de la CFE en diciembre de 1994, fue omisa en ese sentido y con ello permitió la continuación de las conductas delictivas de los anteriores servidores públicos.

Sabedor de que dicha oferta pública fue descalificada técnicamente, que condicionó la firma del contrato en contravención a las bases de licitación y que no se hizo efectiva la garantía exhibida, Gasca Neri proporcionó a la Junta de Gobierno información parcial e indebida, por lo que ésta autorizó reactivar dicho proyecto, bajo la modalidad extrapresupuestal previa autorización de la Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento.

La Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo formuló el expediente V/081/99, en el que resolvió imponer sanciones a todos los aquí denunciados, y se abstuvo de poner en conocimiento del Ministerio Público Federal los hechos que ostensiblemente constituyen delito, faltando con ello a su responsabilidad e incurriendo en una omisión de carácter delictivo.

Durante su comparecencia del lunes 9 de abril, el ex contralor de la nación del sexenio zedillista, Arsenio Farell Cubillas, evitó a los medios de comunicación con las facilidades que le proporcionó el fiscal especial para la Atención de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Leyes Especiales, José Marín Godoy Castro.

En su calidad de acusado por el delito de ejercicio indebido del servicio público, Farell Cubillas dijo que la responsabilidad de haber hecho las denuncias correspondió al Departamento Jurídico de la Secodam, según reveló una fuente cercana al caso.

Los ex directores de la paraestatal, Rogelio Gasca Neri y Guillermo Guerrero Villalobos, por su parte, se comprometieron a entregar su declaracion por escrito después de su comparecencia ante la PGR. Según fuentes de la intancia judicial, la proxima semana se vence el plazo para que el segundo formalice su escrito, en tanto que el primero cuenta con 10 dias concedidos por la fiscalia especial.

El hombre clave en toda esta historia, Erik Butcher Martínez, después de enterarse de que era requerido por la PGR, pues tuvo una participación directa en el proceso de licitación de Petacalco, se presentó voluntariamente el lunes ante las autoridades ministeriales para presentar su declaración por escrito. Según se supo extraoficialmente, Butcher Martínez le habría informado con toda oportunidad al entonces titular de la Contraloría sobre diversas irregularidades detectadas durante el proceso de licitación.

Butcher Martínez llegó procedente de Gran Bretaña, donde radica desde hace un par de años, pues le informaron que sería requerido para que informara sobre su participación en dichas licitaciones. Según se supo exraoficialmente, habría sido el ex presidente Ernesto Zedillo quien impidió que se ejerciera acción penal contra Gasca Neri.