VIERNES Ť 13 Ť ABRIL Ť 2001
Ť Ya venció el plazo; sería exonerado el general Martínez Perea, según fuentes castrenses
Pendiente, definición legal de militares acusados de narcotráfico
JESUS ARANDA
A una semana de haber sido detenidos el general brigadier Ricardo Martínez Perea y dos oficiales del Ejército, acusados de colaborar con el cártel del Golfo en Tamaulipas, la Procuraduría General de Justicia Militar no ha informado sobre su consignación o auto de formal prisión, a pesar de haber vencido el plazo legal para ello.
Por su parte, fuentes castrenses aseguraron que el general sólo será sancionado por cuestiones administrativas, lo que significaría prácticamente su exoneración.
Aseguraron que al interior del Ejército se conoce al general brigadier Martínez Perea -quien comandaba un regimento de Caballería en Ciudad Reynosa al momento de su detención- como un militar eficiente, "que había dado buenos golpes al narcotráfico".
Mientras que en el caso del capitán segundo de Caballería Pedro Maya Díaz, y del teniente de Caballería Juan Antonio Quevedo Guerrero, se les dictaría el auto de formal prisión por "colaboración" con el narcotráfico, además de que a Quevedo se le agregaría una causa por acopio de armas.
De acuerdo con las fuentes castrenses de primer nivel, la argumentación para sancionar administrativamente al general radica en que "su error" fue el no tener control de su gente y no consignar ante la autoridad correspondiente las actitudes sospechosas de sus subordinados.
Aun cuando esta responsabilidad sí es sancionada en el medio castrense, finalmente estas condenas no se comparan con la de presuntos vínculos con el narcotráfico, la cual tiene castigos mucho más severos, que no sólo serían sancionados por la justicia federal y el Ejército, sino que además son considerados como delitos graves.
De acuerdo con esta versión, la captura del general y de sus dos oficiales tuvo lugar luego del primer intento de los militares por detener a Gilberto García Mena El June, en el poblado de Guardados de Abajo, en donde el lugarteniente de Osiel Cárdenas -cabeza del cártel del Golfo- pudo escapar de sus captores gracias a un pitazo.
Las sospechas recayeron en los oficiales, porque en el operativo participaron únicamente militares, particularmente elementos del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (Gafes). La idea de que sólo tomaran parte en la acción los efectivos del Ejército había sido precisamente para "evitar fugas de información".
Sin embargo, a diferencia del comunicado que publicó la Secretaría de la Defensa Nacional el pasado jueves 5 de abril, en el que se dio cuenta de la detención de los tres oficiales, hasta la fecha la dependencia no ha informado sobre la consignación y auto de formal prisión de los acusados, quienes desde la semana pasada se encuentran recluidos en la prisión del Campo Militar Número Uno.
En su momento, la Secretaría de la Defensa Nacional afirmó que como resultado de las operaciones realizadas por la Procuraduría General de la República en Tamaulipas, con apoyo del Ejército y de la Fuerza Aérea, fue que la PGJM inició averiguaciones entre el personal militar adscrito a dicho estado, con el propósito de deslindar responsabilidades sobre posibles complicidades con narcotraficantes que actuaban "impunemente" en la región de Guardados de Abajo y en el municipio de Miguel Alemán.
La Procuraduría Militar añadió que en razón de lo anterior ejercitó acción penal en contra de Martínez Perea -quien era el comandante del 21 Regimiento de Caballería Motorizada, ubicado en el cuartel militar de Nuevo Laredo, así como de los oficiales, quienes lo acompañaban al momento de la detención.
La dependencia aseguró que "estas acciones se continuarán realizando en cumplimiento de las instrucciones giradas por el Presidente de la República y comandante supremo de las fuerzas armadas de no tolerar actos de corrupción al interior de las instituciones, ajustándose a la política de disciplina que establecen las leyes y reglamentos militares".
Asimismo, la Secretaría de la Defensa Nacional se deslindó "de toda intervención" en el asunto, para dejar que los tribunales correspondientes -que son militares-, ejerzan su autonomía y ajusten su actuación conforme a derecho.