VIERNES Ť 13 Ť abril Ť 2001
Ť Al amparo de normas obsoletas, autoridades se niegan a proporcionar información
En concesiones de radio y tv, un misterio que induce a sospechas de complicidades: expertos
Ť La nueva ley anunciada por la Contraloría debe poner fin a esta situación, consideran
JOSE GALAN
El misterio que rodea a los titulares de las concesiones de radio y televisión en México constituye un obstáculo inmenso para cualquier reforma a la Ley sobre Radio y Televisión. Es una de las informaciones mejor guardadas del país, envuelta en un velo de complicidades conocidas por sólo unos cuantos. La lista de concesionarios es información clasificada, a la que no tienen acceso ni siquiera autoridades que no sean de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Por ejemplo, la Comisión Federal de Competencia no ha podido fungir de árbitro en controversias surgidas por disputas en fusiones, invasión de frecuencias o
creación de corporaciones, ya que no tiene acceso a la información, negada sistemáticamente por las autoridades del sector, que se amparan en la ley para no proporcionar ningún detalle al respecto. Ello obliga a formular una nueva legislación que dé transparencia al otorgamiento de concesiones y haga público el nombre de sus propietarios, según coinciden investigadores y académicos que han estudiado el caso.
Más allá de los nombres de los grandes empresarios que poseen las cadenas más visibles de radio y televisión, el resto de los nombres se pierde en archivos secretos, producto de la discrecionalidad, el intercambio de favores, el amiguismo y el tráfico de influencias. De acuerdo con la SCT, hasta 1998 se habían concesionado o permisionado mil 332 estaciones de radio y 595 de televisión abierta, y se habían otorgado 213 permisos de televisión restringida.
"Es necesario transparentar los procedimientos, para que no oculten relaciones de complicidad", afirma Juan Francisco Escobedo, coordinador de posgrado en comunicación de la Universidad Iberoamericana. "Hasta la fecha el gobierno federal ha actuado de manera discrecional al otorgar las concesiones o permisos, evitando a toda costa cualquier licitación pública".
Una ley de cuatro décadas
La actual Ley Federal de Radio y Televisión data del 8 de enero de 1960, promulgada por el entoces presidente Adolfo López Mateos, y ha sufrido algunas modificaciones. El reglamento fue promulgado en julio de 1969. Es decir, pasaron casi diez años entre la aprobación de la ley y la de su reglamento, y hasta el momento esos dos instrumentos jurídicos norman todo el funcionamiento de los medios electrónicos en México.
Esta ley ha otorgado facultades discrecionales a las autoridades federales para otorgar concesiones a quienes les parezca, sin necesidad de licitar o informar públicamente de su decisión. No hay ningún órgano autónomo de gobierno que sancione las concesiones, y los términos en que se otorgan no los conoce nadie, agrega Escobedo en conversación con este diario. "Los términos en que se otorgan quedan en el ámbito secreto del Poder Ejecutivo Federal, particularmente de la SCT", agrega.
Por su parte, Ramiro Tovar, director de Estudios de Regulación Económica del ITAM, consideró necesario "levantar un censo" y crear un padrón accesible y de dominio público para saber quiénes son los concesionarios y quiénes en realidad están ejerciendo sus derechos. "Es uno de los pocos sectores en México que no ha tenido reformas", añade.
Según las últimas cifras disponibles, tres grupos radiofónicos controlan 60 por ciento de las emisoras del país, y las dos grandes cadenas de televisión, Televisa y Televisión Azteca, poseen más de 80 por ciento de las estaciones y repetidoras. Para los expertos, la falta de transparencia ha impedido la apertura del mercado, el aumento de la competencia y la diversificación de los recursos que por publicidad sostienen al sector.
"Debe haber una reforma a la ley para transparentar los procedimientos y establecer en la nueva ley que diseña la Secretaría de la Contraloría, anunciada ya por Francisco Barrio, un capítulo de información pública relacionada con concesiones y permisos, para que todos los ciudadanos podamos acceder a la información sobre títulos y concesiones", insiste Juan Francisco Escobedo. "Debemos saber a quiénes se dan, por cuántos años y de qué tipo. Hasta el momento, todas parecen otorgadas por favores políticos e incluso habrá algunas de políticos que hayan utilizado prestanombres. Todo debe quedar claro." Considera que el secreto que rodea a la información "en realidad lo que oculta son relaciones de complicidad. Pero si uno solicita la información a la SCT, no la va a obtener nunca, porque la autoridad no tiene en la ley ninguna obligación expresa de informar. Incluso, hay algunas disposiciones jurídicas que castigan a la autoridad si hace pública la información. Y eso debe cambiar".
Los dueños de la radio y la televisión en México son, pues, el secreto mejor guardado del país, quizá antes que el Fobaproa, "por una ley anacrónica que debe ser reformada. Y cuando se abra la información, seguramente nos llevaremos muchas sorpresas", finaliza Escobedo.