domingo Ť 8 Ť abril Ť 2001

Rolando Cordera Campos

Precisiones

!do marzo, vale la pena intentar un recuento mínimo sobre sus idus. Desde luego sobre la caravana zapatista y sus implicaciones sobre la democracia, pero también sobre otros desarrollos en el Estado que desembocan, hoy, en la atropellada discusión sobre la reforma fiscal, o como se le quiera llamar.

Primero la caravana. Mucho se dijo e hizo en torno de ella, pero nadie debería negar que sus objetivos expresos se cumplieron. Estos no eran instaurar en México una dictadura, previa derrota del Ejército Mexicano, como se dijo en enero de 1994. Independientemente de lo que pase por la mente o la imaginación de Marcos, Germán y demás sobrevivientes del FLN, la caravana se planteó desde el principio llegar a la capital de la República para apoyar, ante el Congreso de la Unión, la iniciativa de reformas a la Constitución hecha por la anterior Cocopa, y que hizo suya el presidente Fox. Nada más, pero nada menos.

Este objetivo se logró, gracias a la flexibilidad política demostrada por los legisladores del PRI, sin cuyo concurso no se habría alcanzado la solución reglamentaria que hizo de la reunión de las comisiones de la Cámara de Diputados una comparecencia zapatista, un espectáculo simbólico e inédito, nada ortodoxo, pero que en lo fundamental no atentó contra una reglamentación de la vida interior de la cámara que data de los años treinta. En todo caso, hizo evidente la necesidad de que el Congreso revise en serio su Ley Orgánica, pero también que en el Congreso y los partidos hay reservas importantes de imaginación política para afrontar situaciones inéditas y desafiantes, que suelen soslayarse para, por desgracia, encararlas sólo a la última hora.

Esta vez, la operación de emergencia se hizo con éxito indudable: frente a la solución encontrada hubo berrinches y ocurrencias malas, pero el velo del templo no se rasgó y hoy la vida sigue en San Lázaro, cargado de tareas pesadas que nadie sabe si cumplirá en tiempo y forma.

La caravana puso en claro la falta de responsabilidad política del gobierno anterior y de sus asesores y consejeros, oficiales y oficiosos. El gobierno anterior firmó unos acuerdos en San Andrés, junto con los comandantes zapatistas y ante un sinnúmero de testigos y observadores. Estos acuerdos fueron publicados en la prensa, aunque entonces nadie pareció preocuparse porque los medios no reconocieran su relevancia. El hecho es que el gobierno no hizo honor a su firma, no trasladó los acuerdos al Congreso y sólo a la última hora, nadie sabe todavía bien a bien por qué y cómo, el presidente Zedillo mandó su propia iniciativa de reformas constitucionales, después de que la Cocopa de entonces había hecho la suya. Esta última es imperfecta y equívoca, y de ser aprobada tal cual dará lugar a más de un grave conflicto social, pero quienes hoy la critican y la presentan como una caja de Pandora tendrían por lo menos que admitir que esa iniciativa siguió su curso en buena medida por la irresponsabilidad del Estado, no sólo del gobierno, sino de partidos y congresistas que prefirieron dejar pasar el agua, hasta que la Cocopa, la de ayer y la de hoy, se sintió ella misma un congreso. Para corregir hay que explicar, y para hacer esto último es obligado no olvidar la historia, que es demasiado reciente.

Con todo, lo importante es hacer valer el método democrático de nuevo, ahora insistiendo en que la reforma constitucional y la ley o leyes reglamentarias que de ella resulten tienen que ser el producto de la deliberación legislativa, que deberá tomar en cuenta las opiniones y críticas esgrimidas desde muy diversos y hasta opuestos miradores. Insistir en que hay una especie de mandato al Congreso, emanado de la caravana zapatista, implicaría desconocer los avances logrados al calor del conflicto jurídico y político planteado por la caravana misma. Equivaldría a echar por la borda lo logrado por una política democrática que se desliza con dificultad por los territorios reales de la desigualdad y la heterogeneidad social y política que definen al país real, todavía sediento de una legalidad que lo asuma en toda su complejidad, en lugar de rechazarlo en aras de la pureza de unos principios extraídos más bien del libro de texto y no de la experiencia propia.

Si algo hay que reclamar del método democrático es que sirva para estudiar y comprender procesos intrincados, les dé cauce y lugar en la conversación política moderna y se arriesgue a normarlos con fines productivos mediante la ley. Y no al revés.

Si la cuestión indígena nos lleva por senderos estrechos y azarosos, el tema fiscal nos conduce de entrada a laberintos y callejones que parecen sin salida, sin que nadie pueda presumir que tiene el hilo de Ariadna. La más vieja de todas las querellas civiles, antes de la civilidad misma, es precisamente la fiscal que, por otro lado, siempre fue más allá del célebre "cuidarle las manos al soberano". Los dichos y el lugar común no sirven de mucho cuando el escenario del debate y la confrontación es una sociedad cuyos grandes contingentes han visto su ingreso estancarse e incluso disminuir por casi dos décadas. Junto con la exacerbada concentración de riqueza e ingresos, la pobreza y el empobrecimiento definen un panorama colectivo hostil a todo ajuste que no lleve etiquetas y compromisos claros, tangibles, por parte del Estado. Y poco de ello se ha hecho en estos días.

El gobierno puso la carreta delante del caballo. Antes de proponer objetivos y visiones para el desarrollo y el esfuerzo común, pidió el beneficio de una duda que en asuntos de impuestos siempre lleva a la abstención o a la reacción airada. Lo malo es que junto con el gobierno, los partidos parecen empeñados en hacer lo mismo, al llevar la polémica al terreno del intercambio mezquino, de "tus impuestos por los míos" y, si se puede, un poquito de gasto también. Más que poner al caballo por delante, esta táctica lo pone frente a la carreta. Mala idea, peor mañana. Pero la semana manda descanso y calma. Luego veremos.