Antonio Gershenson

El petróleo y la información

Como parte del llamado Decálogo contra la corrupción, el gobierno federal incluye el punto dos que dice: "Hacer transparente la información de la gestión pública". A menos que lo de transparente sea porque no se ve, este principio está siendo contradicho por la administración de Pemex. Rompiendo con una tradición de décadas, en la que cada 18 de marzo se da a conocer, entre otros documentos, la Memoria de labores de esta institución, ahora esta publicación se suprime y ni siquiera se sabe que la información allí contenida se vaya a publicar en alguna otra forma.

Durante años, esta Memoria tuvo un enfoque, ante todo, productivo. Se ponía en el centro la actividad sustantiva de Pemex. Con los avances de la tecnocracia, se pusieron en un primer plano las cifras empresariales del organismo. Sin embargo, el volumen de información que se proporcionaba era importante, y muy valioso.

Entre los muchos datos que ahora ya se dejaron de publicar, están los siguientes:

Ť Las reservas de petróleo crudo y de gas natural, desglosadas por región y, en algunos casos, por yacimiento.

Ť Producción acumulada de crudo y gas, producción en el año de estos hidrocarburos y de sus derivados principales por región.

Ť Proceso del crudo y refinación.

Ť Proceso del gas natural y montos del mismo que fueron quemados en el año.

Ť Volumen, valor y precio de las exportaciones e importaciones.

Ť Volúmenes, valores y precios de las ventas internas de refinados, gas y petroquímicos.

Ť Estado y construcción de refinerías, ductos y otras instalaciones.

Sólo algunos de estos elementos se publican por otras vías. Aunque buena parte de esta información es, sobre todo, usada por personas enteradas de la situación de la industria, indirectamente llegan al gran público a través de artículos, notas informativas y otros medios. La supresión de esta publicación atenta contra el derecho a la información de todos los mexicanos.

Incluimos, ahora, el punto décimo del mismo Decálogo contra la corrupción: "Impulsar mecanismos que incrementen la participación y vigilancia de la sociedad en el quehacer gubernamental". Este principio implica el reconocimiento de que la vigilancia pública contribuye a combatir la corrupción. Por lo mismo, bloquear la información al público la fomenta.