VIERNES Ť 6 Ť ABRIL Ť 2001
Gabriel Zaid
IVA y vuelta
Supongamos que un gobierno con sentido de la eficiencia quisiera hacer llegar a cada lector un estímulo en efectivo para fomentar la lectura. Pudiera hacer un censo de lectores, expedir credenciales de lector, crear un ejército burocrático para que el reparto fuera justo y en proporción al gasto en libros, preparar el envío de cheques. Pero lo más sencillo y práctico sería hacer que los libros estuvieran exentos del IVA.
Esto no es sólo de sentido común, de buena ingeniería de sistemas y hasta de teorías económicas premiadas con el Premio Nobel 1991 (Ronald H. Coase, que explica la importancia de los costos de transacción en The firm, the market and the law). Es una realidad sobre la cual, desgraciadamente, hay mucha experiencia.
Las dificultades de los contribuyentes para obtener de la Secretría de Hacienda la devolución de impuestos pagados de más son inmensas. Después de cumplir con todos los requisitos y trámites, de superar todas las barreras y obstáculos que inventa la Secretaría de Hacienda para no pagar lo que debe, de dar vueltas y más vueltas, hay contribuyentes que fracasan y tienen que contratar abogados para pelear sus derechos, si la cantidad vale la pena, porque nadie va a los tribunales para recuperar unos cuantos miles de pesos. Mucha gente prefiere no cobrarle a la Secretaría de Hacienda, cuando se trata de cantidades pequeñas, porque sale más caro el tiempo perdido. Y está claro que Hacienda se da cuenta y abusa de la situación: con un poquito de imaginación burocrática, es muy fácil aumentar el costo de la devolución hasta que se vuelva incosteable y el contribuyente se desanime, acepte su impotencia y renuncie a sus derechos.
Si esto sucede en las grandes ciudades, con contribuyentes que hacen declaraciones (lo cual implica cuando menos saber leer y escribir, tener máquinas para llenar formularios o entregar disquetes de computadora), cabe imaginar lo que realistamente puede ser la devolución de 108 pesos mensuales en decenas de miles de remotas rancherías, a decenas de millones de pobres que hayan pagado el IVA en una lata de sardinas de 20 pesos. Nadie contratará abogados para exigir sus derechos, y muchos ni se enterarán de que los tienen. Además, las devoluciones que efectivamente lleguen van a ser muy costosas en papeleo y burocracia.
El viaje de ida y vuelta de tres pesos que se recauden en un tendajo de Chalchihuites (previamente obligado a llevar un control fiscal), para que pasen de una persona a otra en repetidas transacciones, hasta llegar a la Secretaría de Hacienda y volver (después de recibir el visto bueno de la devolución y pasar por otras manos y trámites) a una oficina benefactora en Chalchihuites, donde la familia reciba su dinero (siempre y cuando esté en el padrón de pobres, haya sacado su credencial de pobre y cumpla los requisitos impuestos por la burocracia benefactora), parece francamente una utopía. Y el viaje de ida y vuelta de tres pesos seguramente cuesta más de tres pesos.
En todo lo que se quiere fomentar, la exención tiene mucho sentido. Es absurdo crear un impuesto a la lectura para tener dinero que gastar en fomento de la lectura. Lo congruente con la Ley de Fomento a la Lectura y el Libro es la exención autoral, editorial (que se pretende suprimir), librera (que no existe, y debería ser aún mayor que la editorial) y del IVA (que se pretende suprimir). A lo cual hay que añadir una fuerte inversión en bibliotecas escolares y bibliotecas públicas. Más del 90 por ciento de las escuelas mexicanas no tienen biblioteca.