VIERNES Ť 6 Ť ABRIL Ť 2001

Ť Irreflexivo, veto a la Ley de Desarrollo Rural: Paredes

Pide Usabiaga colocar el campo como asunto de seguridad del país

Ť Requiere un marco jurídico que le dé certidumbre, dice el titular de Sagarpa Ť Se magnifican efectos del TLC en el agro

MATILDE PEREZ U.

El secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Javier Usabiaga Arroyo, presentó los grandes lineamientos de la política agropecuaria para el país: el eje central será terminar con las incongruencias legales, administrativas y burocráticas vertidas en el campo mexicano, dar un giro completo al sistema financiero y reconocer que los ingresos de los productores rurales no se generan exclusivamente por sus actividades pecuarias o agrícolas.

En el foro nacional Nuevas visiones y estrategias del desarrollo rural, que organizó la Comisión de Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados, el también agroempresario puntualizó que su propuesta es "capacitar integralmente para lograr el desarrollo de los capitales humano y social; planear de abajo hacia arriba, a partir de las prioridades de cada una de las regiones rurales, y con pleno respeto a las necesidades nacionales, y fomentar una organización de los productores competitiva, autónoma, democrática y con fines económicos".

Respecto al sistema financiero, expuso que el viraje será de acuerdo con las necesidades del sector rural, ya que sus condicionantes son de alto riesgo y de flujos inconstantes de efectivo. La agricultura necesita préstamos de largo plazo, a pagarse entre 15 y 20 años. Pero también habrá que "cambiar la filosofía en torno al crédito, al cual se le ha visto como un todo, y no como un complemento del ahorro. Con el cambio de los conceptos del financiamiento, la pelota quedará en la cancha de los productores, ellos serán los responsables de elaborar sus programas".

Insistió en que durante su gestión se consolidará el proceso de federalización y descentralización. La Federación -aclaró- sólo se hará cargo de la normatividad y observará el cumplimiento de los resultados. Además, se buscará vincular la investigación con las necesidades de los productores; las acciones de la Sagarpa estarán dirigidas a lograr que los agricultores se apropien de los procesos productivos y comerciales, ya que el objetivo es que sean competitivos en el actual marco de apertura comercial. "Debemos, desde mi punto de vista, olvidarnos de seguir tratando de corregir errores del pasado y solucionar las problemáticas actuales".

Por ello, ante la pregunta de si buscará la revisión del Tratado de Libre Comercio en materia agropecuaria, Usabiaga Arroyo comentó que "se ha magnificado su presencia (del TLC) en el desarrollo agropecuario". No negó que ese acuerdo ha tenido un "fuerte impacto" en el campo, pero "si no se hubiesen implementado políticas para reducir los riesgos, la situación sería otra".

Al TLC -insistió- hay que enfrentarlo "olvidando los impactos negativos del pasado y ver hacia el presente y el futuro. La forma es diversificar el ingreso del medio rural y fortalecer las ganancias".

El titular de la Sagarpa también habló del sistema de almacenamiento. "Hay que verlo no como un medio exclusivamente físico, sino como un giro con elementos financieros, es decir, que el productor siga siendo dueño de su cosecha y pueda realizar una transacción rápida y transparente. Boruconsa y Almacenes Nacionales de Depósito (ANDSA) no cumplieron con esos propósitos".

A los productores, investigadores y académicos que participan en el foro que hoy concluye, Usabiaga Arroyo les pidió "usar su creatividad e inteligencia, porque en el campo hay gente que quiere seguir viviendo de la tierra, y otros que desean salirse. Necesitamos ideas y opiniones para enriquecer las alternativas; necesitamos insertar al sector rural en las grandes prioridades".

Por ello, Usabiaga Arroyo hizo particular énfasis en los cambios y adecuaciones a algunas leyes. "Requerimos de un marco jurídico acorde, que lleve equidad y justicia al campo y defina una política de Estado para el sector". Por eso justificó la propuesta de cambios a la Ley de Desarrollo Rural: "estamos en oportunidad de fortalecer el diálogo y consenso sin que nadie se sienta dueño de la verdad".

Después, la coordinadora de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, Beatriz Paredes Rangel, calificó de irreflexivo el veto a la Ley de Desarrollo Rural, y advirtió que los legisladores de ese partido político presentarán una nueva propuesta de ley. "Lo haremos cuantas veces sea necesario, porque no podemos permitir que los campesinos, en una nueva etapa de correlación de fuerzas con la sociedad, no tengan un instrumento legal para la defensa de sus intereses".

La también presidenta de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados consideró que los temas medulares para lograr el desarrollo rural, con la participación de los productores son: financiamiento, precios y condiciones de comercialización. El primero, dijo, está "prácticamente seco, se requiere encontrar alternativas y una nueva estrategia para allegar recursos al sector agropecuario".

Sobre los precios y la comercialización se pronunció en favor de una discusión profunda; para los primeros, dijo que las políticas han sido insuficientes, erráticas y contradictorias, es muy claro que el subsidio no debe ser para la intermediación, como ha sucedido. "Que no se invente un conflicto ficticio entre productores y consumidores, sino que quede claro que el Estado debe proteger la planta productiva de su sector primario y, al mismo tiempo, garantizar el acceso de los consumidores a alimentos de bajo costo".

Las cadenas de comercialización -abundó- nada han tenido que ver con la realidad de los campesinos; es tal su nivel de sofisticación que se integró del consumidor hacia el productor, y no viceversa. Lo ideal es que los productores dominen todas las fases de la cadena y lleguen a la agroindustrialización.

No se debe reducir a un problema de mercado

Antes, al inaugurar el foro, el presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, Silvano Aureoles Conejo, destacó que no se puede seguir tratando al campo de manera desarticulada, "con medidas cortoplacistas, ni mucho menos reducirlo a un problema de mercado". Y acotó: "sector rural y sector agrícola no son sinónimos. Lo rural incluye a la parte de la sociedad que vive en el campo, esencia y raíz de lo que somos".

Por eso, llamó al gobierno federal y a los legisladores a repensar el concepto y los alcances del desarrollo rural. "Urge que lo coloquemos como un asunto de seguridad del país", e insistió en que el sector requiere de un marco jurídico adecuado, que le dé certidumbre en el largo plazo y que reconozca los profundos valores comunitarios de los mexicanos.

En el foro también participaron el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Lichtinger -quien habló de la desvinculación entre medio ambiente y producción, cuyos resultados son preocupantes, ya que, por ejemplo, 64 por ciento de las tierras agropecuarias y forestales están degradadas-, y el subsecretario de Asuntos Agrarios, de la Secretaría de la Reforma Agraria, Héctor René García Quiñones, quien aseguró que la institución privilegiará la conciliación para solucionar los conflictos agrarios. A la fecha, hay 933 sentencias jurídicas que debe atender la Secretaría de la Reforma Agraria, así como la aplicación de resoluciones presidenciales pendientes, y que anualmente crecen en 50 casos.