VIERNES Ť 6 Ť ABRIL Ť 2001
Ť Los 118 ediles recibieron un curso sobre el tema
Sólo el Poder Legislativo practicará auditorías a alcaldías de Chiapas
ANGELES MARISCAL CORRESPONSAL
Tuxtla Gutierrez, Chis., 5 de abril. El presidente del Congreso local convocó a los 118 presidentes municipales para impartirles un curso en el cual se les hizo saber que "sólo el Poder Legislativo está facultado para practicarles auditorías". Esta acción fue calificada por el Poder Ejecutivo estatal como parte de las acciones tendientes a presionar a los ediles para que favorezcan al Partido Revolucionario Institucional (PRI), principalmente a través de apoyos económicos y en especie, durante los comicios de octubre próximo.
Enrique Bursa Curiel, director de auditorías especiales del Congreso de la Unión, arribó este día a la entidad para impartir a los 118 ediles y sus representantes un curso en el que explicó que "son las contadurías mayores de Hacienda de los congresos locales las únicas instancias facultadas para fiscalizar los recursos que ejercen los ayuntamientos".
La contraloría del Poder Ejecutivo de los estados sí puede hacer esas funciones, pero sólo que medie un convenio firmado por las partes, de lo contrario se estaría violando la autonomía de los municipios, explicó el funcionario durante el acto en el Congreso local.
Durante el análisis de las reformas en materia municipal y a la legislación federal hacendaria, ediles priístas denunciaron que funcionarios del Ejecutivo estatal se han presentado en sus ayuntamientos para exigirles, mediante oficio, les permitan hacer una auditoría, "cuando ya no lo pueden hacer".
Por su parte, Aguiar Ortega informó a los ediles que "antes el Congreso no tenía infraestructura suficiente para realizar las auditorías, por lo que se firmaba un convenio con el gobierno estatal para que dicho poder coadyuvara; sin embargo ahora no existe ningún acuerdo, y por tanto el Poder Ejecutivo ya no puede hacer auditorías".
La disputa entre los poderes Ejecutivo y Legislativo para realizar las auditorías a los ayuntamientos, según señaló el propio gobierno de Pablo Salazar en enero pasado, tiene que ver con la presión política que tradicionalmente ha efectuado la clase política priísta para que a través de los ayuntamientos se favorezca económicamente a su partido durante los tiempos electorales.
La controversia se dio cuando la bancada del PRI aprobó la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el año 2001, que disminuye en 210 millones de pesos el gasto del gobierno y aumenta los recursos del propio Legislativo de 81 millones 306 mil a 153 millones 920 mil pesos (90 por ciento). Este último recurso sería destinado a la conformación de la nueva Contraloría, que entonces tendría capacidad para realizar las auditorías.