VIERNES Ť 6 Ť ABRIL Ť 2001
Ť Cinco propuestas presidenciales; una plantea nueva ley de sociedades de inversión
Llega al Senado iniciativa para frenar lavado de dinero
ANDREA BECERRIL Y VICTOR BALLINAS
El Senado de la República recibió ayer cinco iniciativas de ley que conforman el paquete financiero remitido por el presidente Vicente Fox, entre ellas una encaminada a regular las operaciones de compra, venta y cambio de divisas, que permitirá a la Secretaría de Hacienda identificar a todos los usuarios y clientes de casas de bolsa, así como sus operaciones, con la finalidad de detectar lavado de dinero y otras acciones ilícitas.
Esta iniciativa reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, y establece que las operaciones realizadas por los centros cambiarios no pueden exceder los 10 mil dólares por cliente al día, lo que implica que un mismo cliente no puede efectuar transacciones que sumadas excedan ese monto.
El paquete incluye la propuesta de una nueva ley de sociedades de inversión, un proyecto de decreto para reafirmar diversas disposiciones de la Ley del Mercado de Valores, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito.
Se trata, precisó el coordinador de la fracción del PRI, Enrique Jackson, de un grupo muy importante de iniciativas que tienen que ver con el sistema bancario, encaminadas a no volver a tener problemas como los de 1994 y 1995.
"Tenemos que tener mucho cuidado, legislar para cuidar mucho a los banqueros, porque no podemos dejarlos otra vez sueltos después de las experiencias que hemos tenido", agregó Jackson.
El Ejecutivo propone en su proyecto de reformas a la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, en su artículo 81-A que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público "establezca medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones con recursos, derechos o bienes que procedan o representen el producto de un probable delito, cumpliendo de esa manera con las recomendaciones aplicables al mercado de cambios emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de capitales (GAFI), organismo a cual México ingresó como miembro con pleno derecho en junio del 2000".
Además, con dicha reforma se propone "precisar en el artículo 81 de esa ley, que se requiere autorización de Hacienda para realizar las operaciones de compra, venta y cambio de divisas que se efectúen mediante transferencia o transmisión de fondos, dándose con ello una clara definición al marco legal que regula las casas de cambio, y en consecuencia proporcionar una mayor seguridad a los usuarios de sus servicios".
En esta reforma se establece además que "las operaciones que realicen los centros cambiarios no deben ser superiores a 10 mil dólares por cliente al día, en cualquier modalidad: billetes, cheques de viajero, piezas metálicas acuñadas o documentos ,con el objetivo de detectar operaciones con recursos ilícitos".
Precisa que la Secretaría de Hacienda dictará disposiciones y criterios para la adecuada identificación profesional; los montos, frecuencia, tipos y naturaleza de las operaciones e instrumentos monetarias con los que se realizan; la relación con las actividades de los clientes, las plazas en que operan y las prácticas comerciales que priven en las mismas.
En tanto, en las reformas propuestas a la Ley del Mercado de Valores y de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria se precisa que éstas requieren establecer una serie de medidas dirigidas a evitar que se presente el conflicto de intereses entre las casas de bolsa y las sociedades de inversión, y subraya que por el número de modificaciones que requiere dicho marco legal, se presenta una nueva ley.
Por otra parte, en la sesión de ayer el Senado aprobó por unanimidad el dictamen por el que se reforma la Ley Federal para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados, y los códigos Penal Federal y de Procedimientos Penales, por el que los bienes y propiedades, muebles e inmuebles decomisados por delitos contra la salud y el narcotráfico se destinarán proporcionalmente para apoyar la rehabilitación de farmacodependientes y los presupuestos de la PGR y a Secretaría de Salud.