JUEVES Ť 5 Ť ABRIL Ť 2001
Ť El veto a la Ley de Desarrollo Rural, un revanchismo político: Alberto Gómez
La agricultura mexicana "navega" en una crisis: CAP
MATILDE PEREZ U.
El coordinador en turno del Congreso Agrario Permanente (CAP), Alberto Gómez Flores, habla claro: el movimiento campesino a nivel nacional está disperso, su tejido social está roto y navega en una crisis que le impide hacer frente a la nueva política gubernamental que da señales de su actuación con el veto a la Ley de Desarrollo Rural. "Eso fue una bofetada para el Poder Legislativo y a los campesinos organizados; si este es el mensaje, el país se verá envuelto en una serie de insurrecciones sociales y expresiones de inconformidad. No los espantamos con el petate del muerto, pero hay un profundo disgusto".
No desmiente a los críticos del CAP, organismo creado en 1992, luego del cambio al artículo 27 constitucional. "Perdió piso, respondió al modelo político anterior al convertirse en un organismo de contención del movimiento campesino".
El CAP sólo se "dedicó a cabildear y gestionar; lo que hizo estuvo pensado en función del modelo de gobierno priísta. No dio el paso para convertirse en un activador del campesinado. Ahora, ese es su reto, pero antes tiene que llevar a cabo una revisión de su estructura, de la forma en que se toman los consensos, de su representación y su papel frente a los movimientos regionales y después definir el papel de las organizaciones campesinas en el desarrollo nacional".
No descarta que en este proceso de revisión algunas de las 13 organizaciones que conforman el CAP decidan separarse. "Eso depende de su autocrítica, del examen a sus acciones, de aceptar que el campo demanda un nuevo trato y un acercamiento con otros actores sociales".
Alberto Gómez, también dirigente de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA), muestra su disposición a darle ese nuevo impulso al CAP, de remar contra las descalificaciones que han expresado en contra del organismo los actuales funcionarios de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).
"Nos acercaremos a organizaciones sindicales, organizaciones no gubernamentales que trabajan en el campo, a los consumidores, a los investigadores y académicos y ampliaremos la red de relaciones internacionales con organizaciones de productores," destaca.
Toca al gobierno reconocer que las organizaciones campesinas cumplimos con un papel público y político en el desarrollo del campo y por eso -como lo planteaba la vetada Ley de Desarrollo Rural- tenía que mantener un respaldo económico para que continuemos cumpliendo con esa tarea. "Será un dinero que se destine a los objetivos establecidos, bajo reglas estrictas y aquel que se lleve algún centavo indebidamente a su bolsillo, que afronte las consecuencias legales. ƑPor qué la resistencia gubernamental de darnos ese trato?
"Nosotros interpretamos ese veto como un revanchismo político y como una medición de fuerza, pero no ven que está provocando un país más fraccionado y que como clase, porque eso somos los campesinos, responderemos".
Al CAP -regresa en su reflexión Gómez Flores- le toca cambiar para lograr que el ejido vuelva a ser el eje de acción, que se convierta en el aglutinador y haga comprender que agrarismo es conservar la tierra y aprovecharla. A los encargados de la política agropecuaria también les corresponde aceptar que tienen que rediseñar las instituciones y todo el modelo económico del campo, pero siempre con la participación de los campesinos.