JUEVES Ť 5 Ť ABRIL Ť 2001

Ť Balance de los 100 días de Fox del Miguel Agustín Pro

Prevé ONG violaciones a derechos económicos y sociales este sexenio

Ť Desarrollo Social, Educación, Hacienda, Trabajo, PGR, DIF e IMSS, encabezadas por conservadores, advierte

VICTOR BALLINAS

Al analizar los primeros 100 días de gobierno del presidente Vicente Fox, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro destaca: ''no sólo habrá continuidad con la visión de los gabinetes priístas, sino que consolidarán sus logros, con graves implicaciones para los derechos económicos y sociales de los mexicanos".

Preocupan a la asociación civil los casos de las secretarías de Desarrollo Social, de Educación, de Hacienda y del Trabajo, así como de la Procuraduría General de la República, el DIF y el IMSS, debido a que los funcionarios que encabezan esas dependencias "son conservadores la mayoría de ellos, que ponen en riesgo los derechos civiles, culturales y políticos; el de Hacienda, Francisco Gil, por su autoritarismo; el del IMSS, Santiago Levy, por su vínculo con los empresarios". Esas dependencias están consideradas como focos rojos en el análisis.

El centro advierte además en su extenso análisis una tendencia a transferir la responsabilidad social del Estado a organizaciones civiles asistencialistas y de derecha, con el doble propósito de imprimir una visión compasiva y moralina en sus tareas.

Llama la atención la destacada prominencia de poderosos grupos empresariales y de asociaciones vinculadas con la extrema derecha, que se oponen a los derechos de las mujeres y las minorías sexuales y religiosas, según el documento.

Subcontratación de servicios públicos y reducción de inversión social

En lo concerniente a la política económica y social, sostiene que ésta se centra en varios proyectos de desarrollo regional y en medidas encaminadas a la subcontratación de los servicios públicos y la reducción de la inversión social. "La política económica está elaborada con base en los condicionamientos de las organizaciones financieras supranacionales, como el Banco Mundial, el BID y el FMI , que responden a los intereses del capital transnacional estadunidense".

Debido a sus características y fines que persigue, la política económica y social ''será un ámbito en el que se incrementará la violación a los derechos económicos y sociales, y abrirá, además, escenarios para la violación a los derechos civiles y políticos", sostiene el análisis.

Abunda que existen elementos que indican que las instituciones políticas y de seguridad nacional se regirán por un discurso de respeto a los derechos humanos civiles y políticos en esferas donde eran sistemáticamente violados por los gobiernos priístas, pero esto no quiere decir que el gobierno foxista "no solapará las violaciones a los derechos humanos, civiles y políticos. Las violaciones de estos derechos al estilo priísta seguirán en el ámbito local, pero a nivel federal serán transferidos a la esfera donde el gabinete se ve más peligroso: la económica''.

El centro insiste: "creemos que estos derechos no se violarán con la frecuencia de antes en los contextos tradicionales -represión en el ámbito político y corrupción judicial-, sino en campos relacionados con la producción económica, particularmente el medio ambiente, el narcotráfico y la movilización social contra el neoliberalismo económico (aquí podríamos incluir la privatización de la energía eléctrica y el petróleo), y a favor de los derechos sociales".

Al analizar el perfil ideológico del gabinete, el Miguel Agustín Pro resalta que el gabinete de crecimiento con calidad "es el más preocupante", porque en él se incluye a la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo que implica no sólo la continuidad sino la formalización de la tendencia de la visión economicista de la política exterior, y porque la incorporación de empresarios en la administración y planeación de paraestatales estratégicas, como Pemex, puede tener una arista positiva, que es evitar el enriquecimiento ilícito a través del gobierno, pero una gran desventaja: políticas que benefician lícitamente las actividades empresariales de los secretarios.

En el gabinete de desarrollo humano lo que se espera, apunta el análisis, son políticas sociales encaminadas al asistencialismo focalizado, subcontratación de organizaciones civiles de tipo conservador y hasta reaccionario en materia de salud reproductiva y población.

Respecto del gabinete de orden y respeto, el hecho de que coexista una mano dura y un énfasis en derechos humanos, civiles y políticos, podría implicar un cambio de visión en los ámbitos típicos de represión (oposición partidista y reforma política). En otras palabras, "los militares en la procuración de justicia son un peligroso indicador de una visión represiva de la seguridad pública y nacional. No obstante, y debido a que también hay antecedentes empresariales en este gabinete y militancia neoliberal, podemos esperar que haya avances respecto de la reforma judicial".