LUNES Ť 2 Ť ABRIL Ť 2001
Ť Sin "interés jurídico" AN, para denunciar encubrimiento, argumentó Bertha Luján
Rechazó la Contraloría entregar documentos que muestran fraude a la dependencia: PGJDF
Ť El daño al erario causado en la gestión de Espinosa totaliza mil 47 millones de pesos
GABRIELA ROMERO SANCHEZ
Con el argumento de que los diputados panistas no tenían "interés jurídico para presentar una denuncia por encubrimiento en contra de ex funcionarios de la Contraloría del Distrito Federal", su titular, Ber-tha Luján, rechazó entregar a la Procuraduría General de Justicia del DF documentación certificada de las auditorías realizadas en 1997 y 98, en la que supuestamente se demuestra un daño al erario por mil 47 millones de pesos sin que esos servidores actuaran.
En respuesta a la solicitud que le hiciera el agente del Ministerio Público Rafael Avilés, quien lleva la averiguación FSP3/01/01-02, la contralora del DF envió un oficio donde dice que los diputados del blanquiazul no tenían "interés jurídico" para promover una demanda de esa naturaleza, por lo que para la Contraloría el asunto "está solventado".
Informó lo anterior el procurador capitalino, Bernardo Bátiz, a los diputados panistas Federico Doring y Federico Mora, quienes promovieron esa denuncia, en reunión realizada el pasado viernes en las oficinas del funcionario.
Durante el encuentro el procurador explicó a los legisladores la situación en que se encontraba la denuncia interpuesta por ellos ante la PGJDF el pasado 6 de febrero. Tras informarles sobre la respuesta de la contralora Luján, Bátiz les dijo que no tenía facultad para entregarles copia del oficio antes mencionado.
Federico Mora recordó que su partido presentó en diciembre de 2000 una denuncia ante la Contraloría General del DF en contra del ex secretario de Finanzas Javier Beristáin y el ex oficial mayor Manuel Merino García, quienes colaboraron durante la gestión del regente priísta Oscar Espinosa Villarreal, por daño al erario por mil 47 millones de pesos correspondientes a deudas que se tenían con el gobierno federal de 1992 a 97.
El legislador precisó que "por desgracia" este caso ya había prescrito; sin embargo, agregó que al analizar el expediente se detectó que las auditorías realizadas por la Contaduría Mayor de Hacienda en el ejercicio de 1997 al 98 se emitieron recomendaciones en contra de los funcionarios antes citados, mismas que se enviaron a la Dirección General de Legalidad y Responsabilidad de la Contraloría capitalina, que en ese entonces encabezaba Luis Ramón Irineo. "El no ejecutó ninguna acción, por lo que cayó en el delito de encubrimiento".
Señaló que en un primer paso su partido presentó la respectiva queja ante la Contraloría, pero ahí se insistió en que el asunto ya había prescrito, sin tomar en cuenta que la acusación ya no era en contra de Beristáin ni de Merino, sino de los funcionarios que encubrieron el hecho, lo cual no ha prescrito.
Abundó que en un siguiente paso se acordó presentar la denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del DF, y otra por encubrimiento. Esta dependencia turnó el caso a la Fiscalía de Servidores Públicos, donde Rafael Avilés inició la indagatoria respectiva.
El daño al erario generado por el ex oficial mayor y el ex secretario de Finanzas consistió en que en el último año de la administración de Espinosa Villarreal pagaron al gobierno federal mil 874 millones de pesos para cubrir los adeudos que el entonces DDF tenía por evadir el pago del impuesto sobre la renta.
"Se debían cubrir 827 millones, pero como lo hicieron a destiempo el monto subió, debido a las multas, recargos y actualizaciones que se generaron durante ese periodo", apuntó Mora.