Dotar de servicios o cumplir la ley, dilema en Tlalpan: delegado

MARIA ESTHER IBARRA

Entrampadas por el problema de los asentimientos irregulares -existen 270 en el DF, con una población de 600 mil familias, principalmente en zonas de preservación ecológica, agrícola o rural-, delegaciones como Tlalpan, Milpa Alta e Iztapala enfrentan la encrucijada de cumplir con la ley o dotar de servicios a los habitantes que por esa vía se han apropiado de un terreno. En el caso de Xochimilco, se ha optado por no proporcionárselos.

En medio de ese "círculo vicioso", como lo definió el delegado en Tlalpan, Gilberto López y Rivas, el suministro de agua resulta uno de los nudos ciegos a enfrentar, no sólo por la invasión de terrenos, sino también por quienes evaden el pago de vital líquido.

Sin salirse de la ley, a su manera, cada delegación trata de conciliar la necesidad de agua de quienes viven en asentamientos irregulares y contender con la escasez del líquido. Así, unas lo hacen a través de pipas de manera gratuita; otras, generando la cultura del pago, colocación de tomas oficiales y cierre de las clandestinas. Pero, en otros casos, se opta por apegarse a la ley, esto es, no prestar el servicio.

López y Rivas planteó la encrucijada a los diputados locales. "Por un lado, nos vemos en la necesidad de cumplir con la ley y no dotar de servicios a los asentamientos irregulares, pero al mismo tiempo requerimos de un fortalecimiento de estos esfuerzos para no permitir el crecimiento de la mancha urbana y ver cómo satisfacemos las demandas de una población que carece de lo mínimo".

En el caso de la demarcación de Tlalpan, la invasión de terrenos alcanza dimensiones preocupantes, pues constituye 40 por ciento de las zonas irregulares de la capital, según López y Rivas, aunque aclaró que se han tomado acciones para evitar la expansión "hormiga" en las zonas de reserva ecológica.

Mencionó que entre otras acciones, se elabora un proyecto de modificación de la superficie de área natural protegida y un decreto de desincoporación de la propiedad, donde se incluye expropiar y ordenar fraccionamientos ilegales en las zonas urbanas, regular la propiedad de inmuebles del Gobierno del DF e integrar un padrón de familias.